Renuncia de Lucio Leiva: el costo político de la Operación Trazador en el Partido Nacional

Lucio Leiva renunció el domingo 27 de setiembre de 2026 a su cargo en la Comisión Departamental de Jóvenes de Montevideo del Partido Nacional. La decisión fue comunicada formalmente a la presidenta de la comisión mediante una carta a la que accedió Montevideo Portal, y ocurre seis días después de que su padre, Pablo Leiva, fuera condenado por lavado de activos en el marco de la Operación Trazador.

“Han sido días particularmente difíciles, en los que me he sentido profundamente afectado por el grado de exposición y por el tratamiento público que ha recibido mi nombre”, escribió Leiva en la misiva, citada por El Observador. El dirigente juvenil también se desempeñaba como asesor del edil blanco Gonzalo Gómez, cargo del que fue desvinculado en paralelo a su renuncia partidaria.

En el documento, Leiva fue explícito al deslindar responsabilidades: “Fui puesto a disposición de las autoridades en el marco del procedimiento y posteriormente recuperé mi libertad, sin que se formulara imputación en mi contra”. La Justicia lo detuvo durante los allanamientos que derivaron en la condena de su padre, pero lo liberó sin cargos.

La sombra de la Operación Trazador

La renuncia se produce en el marco de la Operación Trazador, una investigación de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas coordinada con la Fiscalía Especializada en Estupefacientes. Los allanamientos realizados en los barrios Brazo Oriental y Pérez Castellano permitieron incautar 265 kilos de cocaína y pasta base valuados en aproximadamente 2 millones de dólares, además de más de 3.000.000 de pesos uruguayos y 42.000 dólares en efectivo, cinco vehículos de alta gama, armas y municiones para fusiles AK-47.

Pablo Leiva, padre de Lucio, fue condenado a 2 años y 6 meses de penitenciaría por lavado de activos en la modalidad de posesión y tenencia, en reiteración real con un delito de tráfico interno de municiones. Según la Fiscalía, el condenado era el responsable de blanquear el dinero de la organización criminal liderada por Henry Sebastián Latorre, quien recibió 6 años y 6 meses de prisión.

La conexión política del caso resultó ineludible: Pablo Leiva era asesor del edil Gonzalo Gómez, integrante de la lista 250 que encabeza Jorge Gandini. La investigación también reveló que el condenado operaba habitualmente en una sucursal de Abitab en el barrio Pérez Castellanos, propiedad de la esposa del exsenador blanco.

Reacciones políticas: del “error” a la “extrema gravedad”

Gonzalo Gómez compareció ante la Comisión de Asuntos Políticos del Partido Nacional el domingo 27 de setiembre. Tras la instancia, el órgano partidario calificó de “extrema gravedad” el hecho de que una persona condenada por narcotráfico haya accedido a un cargo de confianza política. La comisión recomendó aceptar la renuncia de Lucio Leiva y derivar el caso al Comité de Ética.

En conferencia de prensa, Gómez asumió el “error” de haber contratado a Pablo Leiva. “Asumo el error, obviamente, de haber contratado a esta persona a través de la confianza que deposité en Lucio Leiva que, entiendo que en buena fe, me recomienda a su padre”, declaró, según El Observador. El edil sostuvo que desconocía “totalmente” las actividades ilícitas del condenado y descartó que exista “mérito” para presentar su renuncia a la banca.

Jorge Gandini, por su parte, negó tener conocimiento de que se lavara dinero en el local de pagos de su esposa. “Quizás esas facturas tengan que ver con alguna actividad que tiene como destino blanquear dinero, yo no lo sé”, declaró el director por la oposición en la ANP, citado por El Observador. El sindicato Supra consideró que Gandini “debería dar un paso al costado” en la Administración Nacional de Puertos mientras sea investigado.

El presidente Yamandú Orsi fue consultado sobre el caso a su regreso de la Asamblea General de la ONU. “Lo primero es que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y no al revés. Me pasó a mí y tengo que ser muy respetuoso con eso”, afirmó. Orsi también reveló que “en algún momento se nos dijo que el narcotráfico se mueve, porque hay mucho dinero, también en la frontera de la actividad política”.

El Frente Amplio emitió una declaración en la que aseguró que “los vínculos del caso con ámbitos políticos despertaron todas las alarmas” y solicitó al Partido Nacional “una explicación clara y elocuente sobre el alcance de los hechos”.

La investigación continúa: nuevas líneas bajo la lupa

A pesar de las tres condenas alcanzadas mediante acuerdos abreviados con la Fiscalía, la investigación no está cerrada. La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, a cargo de Enrique Rodríguez, asumió el caso para evaluar posibles nuevas líneas.

Rodríguez se reunió con los policías que actuaron en la Operación Trazador para recibir información de primera mano. En caso de que surjan elementos que vinculen a otras personas con el esquema de lavado, solicitará los antecedentes a la Fiscalía de Estupefacientes.

El foco está puesto en el rol de casas de cambio y locales de cobranza —como el Abitab mencionado— que habrían sido utilizados para blanquear el dinero del narcotráfico. La Fiscalía General de la Nación aclaró mediante un comunicado que, de surgir “nuevos elementos” sobre otras personas, corresponderá a la Fiscalía de Lavado determinar las actuaciones que correspondan.

La Secretaría Antilavado, en tanto, anunció que priorizará mejorar los controles sobre partidos políticos para prevenir que el crimen organizado infiltre sus finanzas. La renuncia de Lucio Leiva, en ese contexto, es menos un cierre que una señal de los costos políticos que la Operación Trazador sigue imponiendo al Partido Nacional.