La oposición exige renuncia de las autoridades de la JUTEP y apunta presunto “manejo político-partidario”

La comparecencia de las autoridades de la Junta de Transparencia y Ética Pública ante la comisión parlamentaria ocurrida este jueves no logró descomprimir la tensión acumulada desde diciembre. Por el contrario, la coalición republicana —integrada por blancos, colorados e independientes— redobló su exigencia de renuncia para los integrantes de “la mayoría” del directorio del organismo.

El diputado nacionalista Pablo Abdala fue contundente al afirmar que existe un “deterioro” en la conducción de la JUTEP. Según su testimonio, la oposición detectó “manipulación” de expedientes, protocolos y actuaciones internas, lo que derivó en una pérdida de credibilidad institucional que ahora pone en duda cualquier pronunciamiento futuro del organismo.

“Cualquiera sea su pronunciamiento, estará bajo sospecha”, sentenció Abdala en referencia al análisis de las seis denuncias vinculadas a la declaración jurada del presidente Yamandú Orsi, que el directorio tratará este viernes con carácter prioritario.

El punto más grave: supuesto acceso no autorizado a declaraciones juradas

El episodio que más preocupación generó entre los legisladores opositores fue la intervención del vicepresidente del organismo en declaraciones juradas de figuras políticas y funcionarios públicos. Abdala precisó que esa actuación se realizó “sin autorización legal” y sin una resolución unánime del directorio.

Para el dirigente nacionalista, esa conducta constituye “abuso de funciones y abuso de autoridad”. La coalición mantiene desde diciembre el pedido de renuncia a las autoridades de la mayoría y adelantó que estudian posibles acciones judiciales.

El dirigente colorado Gabriel Gurméndez coincidió en que la comparecencia dejó “consagrada la politización” de la JUTEP. Habló de un “largo rosario” de irregularidades y cuestionó directamente la designación de la presidenta del organismo, Susana Ferraris, a quien vinculó con la salida previa del exdirector Jorge Castro, quien dejó el cargo tras votar en contra de la postura de su propio sector político.

El problema de fondo: una funcionaria con presunta “militancia partidaria

Uno de los señalamientos más específicos provino del diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo. Según su denuncia, una funcionaria con “militancia político-partidaria” participó en tareas vinculadas al análisis de declaraciones juradas. Sotelo calificó esa situación como “una falta absoluta de ética” para un organismo cuya misión central es controlar la transparencia pública.

En la misma línea, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez aseguró que la integración actual de la JUTEP “carece de absoluta integridad moral y ética” para intervenir en asuntos vinculados con ética pública.

Estas declaraciones no surgieron en el vacío. La polémica de fondo se originó cuando el programa “Así Nos Va” de Radio Carve detectó incongruencias en la declaración jurada de Orsi vinculadas a la compra de una camioneta de alta gama. En su declaración anterior, el entonces candidato había anotado una Hyundai valuada en US$ 29.000. 

El descuento de la discordia

Orsi adquirió una Hyundai Santa Fe híbrida valuada en unos US$ 80.000 con un descuento superior al 30 por ciento. La Presidencia presentó la factura de US$ 54.000, unos US$ 25.000 menos que el precio de mercado vigente en febrero de 2025, días antes de que Orsi asumiera el cargo el 1.º de marzo.

La explicación inicial del presidente fue que antes de asumir decidió que “no estaba bien generar el gasto” a la Presidencia comprando un vehículo, y que le propusieron cambiar su camioneta modelo 2020 por una 2024 de la misma marca, a un precio que le resultó “razonable”. Sin embargo, al señalar que ante “descuentos se tiraba siempre de cabeza”, esa frase causó cuestionamientos adicionales. El senador nacionalista Sebastián Da Silva llegó a decir que ese comentario era una “tomadura de pelo” a toda la población.

La polémica se ramificó aún más cuando sectores de la oposición plantearon dudas sobre el vehículo eléctrico de la misma marca utilizado por Orsi durante la ceremonia de asunción. El diputado colorado Felipe Schipani presentó un pedido de informes para conocer las condiciones bajo las cuales se seleccionó ese auto. Orsi negó cualquier relación entre ambos episodios.

 

Para intentar cerrar el escándalo, Orsi convocó a periodistas de cuatro medios —El País, El Observador, Búsqueda y La Diaria— a una reunión en Torre Ejecutiva. Allí anunció que donaría la camioneta Hyundai Santa Fe a la ANEP para que sea utilizada por niños que la necesiten para ir a la escuela en el interior del país. Además realizó una transferencia de US$ 15.000. El presidente afirmó que el objetivo de la donación fue “aventar cualquier tipo de especulación posterior”, aunque aclaró que considera no haber cometido ninguna ilegalidad.