En Montevideo, cuando el gobierno decretó medidas prontas de seguridad

12 de setiembre de 1952

El Ejecutivo colegiado presidido por Andrés Martínez Trueba acaba de implantar las medidas prontas de seguridad por segunda vez en el año. Este recurso constitucional, previsto para los casos graves e imprevistos de ataque exterior o conmoción interior, viene a disfrazar con ropajes democráticos el clásico estado de sitio y no es sino un paréntesis cesarista dentro del ordenamiento institucional. La medida extrema ha sido tomada como respuesta a las huelgas y a la movilización sindical que se está viviendo. En el pasado mes de marzo, un importante conflicto que afectó a la Salud Pública fue la chispa que desencadenó la represión gubernamental. Hoy, la situación parece escapar al control de las autoridades, incapaces de manejar los conflictos que involucran a las textiles, el transporte capitalino, Funsa (industria del caucho) y Ancap (empresa pública refinadora de petróleo). El movimiento sindical, no obstante carece de una dirección única (coexisten la UGT y la Confederación Sindical del Uruguay  que obedecen a distintas tendencias  además de gremios autónomos), ha exhibido coherencia, madurez y unidad para hacer sus planteos reivindicativos. Estos tienen que ver fundamentalmente con una sensible caída del poder adquisitivo de los salarios. En el caso de la industria textil, está también la amenaza de la desocupación como consecuencia de la pérdida de algunos mercados en razón de medidas proteccionistas tomadas por los países importadores. Los obreros de Alpargatas decidieron ocupar la planta. Un legislador oficialista aseguró a nuestro corresponsal que toda esta situación se debe a «la acción de agitadores profesionales y agentes provocadores», porque en realidad, «los asalariados uruguayos tienen un buen nivel de vida». Ya se ha dispuesto la clausura de locales sindicales y la prisión de los principales dirigentes. *