Las revolucionarias leyes del gobierno de José Mujica

Uno de los “buques insignias” del gobierno de Mujica fue el impulso del “Plan Juntos” de inclusión socio-habitacional, cuyo proyecto de Ley el gobierno remitió al Parlamento en diciembre de 2010. Mujica se puso “al hombro” la responsabilidad de la construcción de las viviendas con aportes de su propio sueldo.

Por otro lado, en enero de 2011 el gobierno y el consorcio Montes del Plata suscribieron el memorando de entendimiento para la construcción de la planta de celulosa en Punta Pereira, Colonia.

En junio de 2011, el Ejecutivo anunció a la Suprema Corte de Justicia que, a través de una resolución, revocaba por razones de legitimidad todos los actos administrativos que los gobiernos de los partidos tradicionales incluyeron en la Ley de Caducidad.

Un mes después, el Parlamento sancionó la Ley de asociación público-privada  para la realización de obras de infraestructura y prestación de servicios.

En diciembre del mismo año el Parlamento aprobó la Ley que creó el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), y de tal modo estableció, después de 50 años de discusiones políticas, el valor único de la patente de rodados en todo el país.

En enero de 2012 ANCAP comenzó las perforaciones en Pepe Núñez, en Salto en busca de petróleo.

En octubre del mismo año, el gobierno remitió al Parlamento el proyecto de Ley sobre minería de gran porte, en el cual se establece que la misma es aceptable si “respeta las reglas y garantías rigurosas de gestión ambiental durante todo su proceso”.

Mientras que la Universidad Tecnológica en el interior del país (UTEC) recibió aprobación parlamentaria en diciembre de 2012.

Junio fue el mes de la polémica, porque el gobierno decretó el cierre de Pluna por dificultades económicos financieras. La ley se aprobó en diciembre del mismo año, y se habilitó al fideicomiso de aeronaves a enajenar los aviones de la ex Pluna, ello permitió que los ex trabajadores de la empresa aérea pudieran crear la nueva aerolínea.

En septiembre de 2012, el gobierno envió al Legislativo  el proyecto denominado: “Ley de faltas, de cuidado, conservación y preservación de los espacios públicos”, el cual estableció como principal castigo el trabajo comunitario.

Aborto, marihuana y matrimonio gay

Pero entre las normas polémicas se encuentran la Ley de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, Octubre  17, de 2012. El Parlamento sancionó el proyecto de Ley luego de un largo y profundo debate en el que se expusieron razones científicas, religiosas y políticas.

El matrimonio gay se habilitó por Ley en diciembre de 2012, además permitió la posibilidad de optar por el orden de los apellidos de los niños.

La Cámara de Representantes sancionó el 20 de diciembre por amplia mayoría el proyecto de Ley del gobierno de crear un puerto de aguas profundas en la costa de Rocha.

También se realizó el llamado a interesados para explotación de las señales de televisión digital.

En otro orden, en mayo de 2013 resultó aprobado el Impuesto al Patrimonio que sustituyó al Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), o impuesto a la tierra que había sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, y cuya recaudación se destina a la adquisición de maquinaria vial para la construcción de caminería rural.

En enero de 2014 comenzaron las obras de instalación del obrador donde se fabrican los componentes de hormigón y las estructuras metálicas de la escollera y el muelle que albergará el barco regasificador a 2,5 kilómetros de la costa de Montevideo, en la zona de Punta Sayago.

La Ley de Responsabilidad penal del empleador ante accidentes laborales, resultó sancionada en marzo de 2014 por el Parlamento.

Mientras que el 30 de diciembre de 2014 el Ejecutivo promulgó la Ley 19.172, referida a regular la producción, distribución y venta del cannabis.

La norma se enmarca en una política orientada a minimizar riesgos y reducir daños, promoviendo la información, educación y prevención sobre el uso problemático de ese producto.

El Estado asume el control de su importación, producción, venta a través del Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCCA).