Tribunal argentino ordenó reabrir la causa $LIBRA, en la que está involucrado Javier Milei
El mandatario ultraderechista difundió en sus redes sociales la criptomoneda $LIBRA, que luego derivó en una gigantesca estafa que le robó dinero a miles de personas. La causa había sido cerrada, pero volvió a abrir por orden de la Justicia.

La causa $LIBRA volvió a abrir una vía de revisión judicial en Argentina. Este 4 de noviembre de 2026, la Cámara Federal de Casación Penal aceptó examinar un recurso contra el rechazo a la participación de damnificados como querellantes en el expediente que involucró al presidente Javier Milei.
La decisión puede permitir que se discuta el cierre de la investigación, pero todavía no ordena su reapertura. Los sobreseimientos dictados en octubre no fueron revocados por esta resolución. Primero debe resolverse si quienes reclaman haber perdido dinero con la criptomoneda $LIBRA pueden intervenir como acusadores particulares.
Qué decidió Casación y qué falta resolver
La Sala II habilitó el recurso de casación por mayoría. Alejandro Slokar y Ángela Ledesma votaron a favor de abrir la revisión, mientras que Guillermo Yacobucci se pronunció por rechazar la queja. El planteo cuestiona la negativa a admitir como querellantes a Lapchenko Vladislav Andreevich y Krasutskaya Sviatlana Vitalievna.
El tribunal dispuso continuar el trámite como recurso de casación, emplazar a las partes y requerir el legajo digital. Deberá resolver el reclamo sobre la participación de los damnificados. La habilitación de esa instancia no les devuelve automáticamente el carácter de querellantes ni deja sin efecto los sobreseimientos.
El origen: la promoción presidencial y el derrumbe de LIBRA
El caso comenzó el 14 de febrero de 2025, cuando Milei difundió en X el lanzamiento de $LIBRA. Presentó la iniciativa como un proyecto privado destinado a financiar pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. Su publicación incluyó información para identificar el activo y multiplicó la visibilidad de la operación.
La cotización subió y se desplomó en pocas horas, después de que grandes tenedores retiraran fondos. Los compradores que denunciaron pérdidas sostienen que existió una maniobra fraudulenta y que la intervención del presidente fue determinante para atraer inversiones. Milei rechazó haber participado de una estafa y defendió el carácter privado del proyecto.
Los protagonistas y los vínculos investigados
Las denuncias pusieron bajo examen la relación entre el entorno presidencial y los promotores del token. Entre los principales nombres aparecen Hayden Davis, empresario estadounidense vinculado a la creación de $LIBRA; Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, operadores del sector cripto; y Julian Peh, relacionado con KIP Protocol.
La investigación también alcanzó a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y a Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores. Los encuentros previos, las comunicaciones y los movimientos de dinero integraron los ejes del expediente. Davis había visitado a Milei en la Casa Rosada el 30 de enero de 2025, antes del lanzamiento.
La pesquisa judicial y las pericias a los teléfonos
La causa quedó en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, con la investigación delegada en el fiscal Eduardo Taiano. El análisis de dispositivos electrónicos secuestrados fue encargado a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, perteneciente al Ministerio Público Fiscal.
El 20 de marzo de 2026, la fiscalía informó que el peritaje definitivo había sido recibido el 13 de enero e incorporado al sistema judicial el 24 de febrero. Respondía así a cuestionamientos sobre el manejo de la documentación difundida públicamente en marzo. Taiano sostuvo que el material estaba disponible para las partes antes de esas filtraciones.
La investigación parlamentaria y la disputa política
El Congreso abrió otro frente: el 8 de abril de 2025, Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora, junto con citaciones a funcionarios y pedidos de informes. El cuerpo fue presidido por Maximiliano Ferraro y examinó documentación, exposiciones de especialistas y datos remitidos por plataformas de intercambio.
En noviembre, legisladores opositores presentaron un informe crítico sobre el papel del presidente y su hermana y plantearon posibles responsabilidades políticas. El oficialismo impugnó sus conclusiones. La comunicación institucional de Diputados del 18 de noviembre consignó que la oposición no había reunido el número necesario para elevar el informe al pleno.
La exclusión de querellantes y los sobreseimientos
Durante 2026, la disputa pasó a concentrarse en quiénes podían impulsar la acusación. Martínez de Giorgi apartó a inversores que se presentaban como damnificados, tras un planteo de la defensa de Novelli. El 4 de septiembre, la Cámara Federal confirmó exclusiones, y el 28 de septiembre rechazó conceder recursos de cuatro inversores.
El 23 de octubre de 2026, Martínez de Giorgi sobreseyó a Javier y Karina Milei y a otros nueve investigados, a pedido de Taiano. El criterio fue que los hechos reunidos no acreditaban los delitos examinados. La promoción presidencial del activo fue considerada insuficiente para demostrar un engaño penalmente relevante.
Las vías abiertas para discutir el cierre del caso
Los damnificados acudieron directamente a Casación mediante recursos de queja. Su exclusión les impedía actuar como acusadores particulares para proponer pruebas y cuestionar decisiones. La resolución de este 4 de noviembre habilita el examen de uno de esos reclamos, en una etapa decisiva para discutir el cierre de la investigación.
En paralelo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas solicitó intervenir como acusador público y revertir los sobreseimientos. Su incorporación también debe resolverse. El futuro del expediente depende ahora de esas decisiones: por el momento, Casación abrió una vía de revisión, sin pronunciarse sobre la responsabilidad penal de los investigados.
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