Amnistía acusa a autoridades peruanas de un “marcado sesgo racista” en la represión de protestas

Amnistía Internacional (AI) acusa a las autoridades peruanas de actuar con un “marcado sesgo racista” en su represión de las protestas que han sacudido al país desde diciembre, diciendo que “las poblaciones que históricamente han sido discriminadas” están siendo blanco de la represión, según un informe publicado a finales de la semana pasada.

Basándose en datos de la Defensoría del Pueblo del Perú, Amnistía dice que “encontró que el número de posibles muertes arbitrarias debido a la represión del estado” estaba “desproporcionadamente concentrado en regiones con poblaciones mayoritariamente indígenas”.

Amnistía también dice que las áreas con poblaciones mayoritariamente indígenas han representado la mayoría de las muertes desde que comenzaron las protestas. “Mientras que las regiones con poblaciones mayoritariamente indígenas representan solo el 13% de la población total del Perú, representan el 80% de las muertes totales registradas desde que comenzó la crisis”, escribió AI en su informe.

El Ministerio de Defensa se negó a comentar sobre el informe, diciéndole a medios de prensa internacionales que hay una investigación en curso llevada a cabo por la fiscalía del país, con la que están colaborando.

“No solo hemos entregado toda la información solicitada, sino que hemos apoyado la transferencia del personal de (los expertos y fiscales de la fiscalía) al área para que puedan llevar a cabo su trabajo. El Ministerio de Defensa está a la espera de los resultados de las investigaciones”, añadió el portavoz del ministerio citado por CNN.

Las protestas en Perú, manchadas con sangre

El movimiento de protesta de varias semanas de duración del país andino, que busca un que se llame a elecciones anticipadas y se forme un nuevo gobierno, fue provocado por el juicio político y arresto del expresidente Pedro Castillo en diciembre y alimentado por la profunda insatisfacción por las condiciones de vida y la desigualdad en el país.

Si bien las protestas han ocurrido en todo el país, la peor violencia ha sido en el sur rural e indígena, desde donde vieron con estupor la destitución de Castillo como otro intento de las élites costeras del Perú de seguirlos discriminando.

“En un contexto de gran incertidumbre política, las primeras expresiones de malestar social surgieron de varias de las regiones más marginadas del Perú, como Apurímac, Ayacucho y Puno, cuyas poblaciones mayoritariamente indígenas han sufrido históricamente discriminación, acceso desigual a la participación política y una lucha continua por acceder a los derechos básicos a la salud, la vivienda y la educación”, escribió Amnistía.

Las protestas se han extendido a otras partes del país y la furia de los manifestantes también ha aumentado con el aumento del número de muertes: Hasta la semana pasada, al menos 60 personas han muerto en la violencia, según la Defensoría del Pueblo del Perú, incluyendo un oficial de policía.