El Salvador aún clama justicia a 40 años de la masacre de El Mozote

Hace cuatro décadas, en el municipio de El Mozote, al noreste de El Salvador, tuvo lugar una de las masacres más cruentas de la historia de Centroamérica y la violenta del pequeño país de 6,5 millones de habitantes: entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981 fueron asesinadas allí 1.730 personas.

En esos tres días, las Fuerzas Armadas salvadoreñas, con el apoyo de la Fuerza Aérea, realizaron una serie de ejecuciones colectivas e indiscriminadas a civiles en el empobrecido caserío, ubicado en el cantón de La Joya, y en los barrios aledaños de Ranchería, Los Toriles y Jocote Amarillo, así como en el cantón Cerro Pando y en una cueva del Cerro Ortiz.

El crimen masivo estuvo coordinado principalmente por el Batallón Contrainsurgente Atlácatl, que había sido formado por Estados Unidos, y que llamó al operativo “Operación Rescate”.

Fueron torturados y asesinados a quemarropa hombres, mujeres, niños y niñas que no tenían ningún ligamen con grupos políticos o insurgentes, según dice un informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas.

El argumento de las fuerzas militares era frenar una supuesta operación de insurgentes, y ejecutaron la matanza bajo la política de “tierra arrasada” planificada y ejecutada por el Estado.

“La masacre para nosotros como víctimas es algo que no podemos olvidar. Año tras año estamos en este lugar para recordarles y decirles que la memoria de ellos continúa viva”, dijo en el evento conmemorativo Leonel Tobar, presidente de la Asociación de Víctimas de El Mozote.

“Es como si hubiese sido ayer. Nuestras heridas están abiertas, nuestra esperanza está en la justicia”, dijo a la prensa Dorila Márquez, una residente de 65 años que en ese episodio perdió a sus padres, a su hermana (que estaba embarazada), seis sobrinos y cinco cuñados.

Para el representante regional para Centroamérica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, es prioridad “romper  impunidad sobre esta y las otras graves violaciones a los derechos humanos”. “Esa impunidad que se manifiesta como una atadura que limita los alcances de la paz, porque debemos reconocer que a la paz no solo se llega silenciando las armas, sino que también se llega por los caminos de la justicia”, remarcó.

Para Brunori, la justicia “debe ser independiente, imparcial, pronta y cumplida. Pronta no ha sido en el caso de El Mozote, pero confiamos en que así sea”.

También hubo representación diplomática de Estados Unidos en el acto conmemorativo, lo cual es significativo dada la participación de EE.UU. en la formación del Batallón Atlácatl.

En busca de Justicia

Los sobrevivientes y familiares de las víctimas están preocupadas porque fue retirado del caso el juez Jorge Guzmán, quien fue cesado por una reforma a la legislación ordenada por el gobierno del presidente ultraderechista, Nayib Bukele: de facto, fue enviado a jubilación cualquier juez con más de 60 años de edad o con 30 años de servicio en una movida política para colocar magistrados más afines al gobierno.

El juicio penal contra militares retirados señalados por la masacre, algunos de la cúpula militar de aquel entonces, estaba a punto de reiniciar cuando el juez fue separado. Desde 2016, cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia anuló una ley que otorgaba amnistía a los asesinos de El Mozote, el juicio había avanzado muchísimo y 17 exmilitares ya habían sido culpados. Con el cese del juez Guzmán, no se sabe qué va a pasar o cuándo va a reiniciar.

Lo contradictorio es que el mismo Bukele ordenó desclasificar miles de documentos oficiales sobre la matanza, luego de que en agosto de 2020 el Ministerio de Defensa negara a la Justicia salvadoreña entrar a sus instalaciones para buscar datos o pistas que ayuden a la investigación.