Vecinos de Maldonado en pie de lucha contra otro edificio gigante que taparía la playa
Un proyecto inmobiliario que triplica la altura máxima permitida por la ordenanza –de 12 a 55 metros– fue aprobado por la Junta Departamental sin el informe de urbanística exigido. La movilización vecinal reunió 1.400 firmas y el caso está ahora en la Cámara de Diputados.
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En la Parada 21 de Playa Mansa, una manzana de grandes dimensiones asentada sobre sustrato arenoso es el epicentro de un conflicto urbanístico que enfrenta a vecinos organizados con una excepción edilicia aprobada por la Junta Departamental de Maldonado.
El proyecto, que alcanzará los 55 metros de altura distribuidos en 17 plantas, triplica el límite máximo de 12 metros que establece la ordenanza para ese tramo costero.
El recurso presentado por el colectivo “Vecinos por La Mansa”, coordinado por el vocero Andrés González, logró reunir 1.400 firmas de ciudadanos habilitados para votar en el departamento, superando ampliamente el mínimo de 1.000 que exige la Constitución para activar el mecanismo de control parlamentario.
Tras superar la validación de las rúbricas, los damnificados comparecieron ante la comisión parlamentaria en Montevideo y aguardan una resolución que defina si el reclamo pasa al plenario de la Cámara de Diputados o si expira por plazos administrativos.
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González explicó a Cadena del Mar que “la propuesta obtuvo luz verde en el Legislativo local tras alcanzar 21 votos en 30 ediles presentes durante las últimas sesiones de la anterior Legislatura departamental”.
El trámite, sin embargo, omitió de forma deliberada el correspondiente informe de ordenamiento urbanístico que requiere un impacto de tal envergadura. “Si tenía un informe de urbanística, iba a ir negativo y los ediles iban a quedar regalados votando un proyecto con un informe negativo”, sostuvo González en entrevista radial.
El conflicto se inscribe en un patrón más amplio. El caso más documentado es el del desarrollador Sergio Grosskopf, quien logró que la Intendencia de Enrique Antía y la Junta Departamental autorizaran edificios de 52 metros frente al mar en la misma zona, con excepciones que en algunos casos superaron en un 331% el FOS (Factor de Ocupación del Suelo) máximo permitido.
En 2021 se inauguraron las dos primeras torres del complejo Fendi Château en Playa Mansa, y en febrero de 2026 se autorizó una tercera torre. El propio González señaló que “el inversor encontró la beta de cómo hacer las cosas”, en referencia a la práctica de obtener decretos de excepción sin instrumentos previos como planes parciales o Programas de Actuación Integrada.
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La normativa vigente para la Parada 21, comprendida en el Sector 2 de la Ordenanza General de Construcciones de Maldonado (Decreto 3718/997, integrado hoy en el TONE – Texto Ordenado de Normas de la Edificación), establece una dicotomía clara. Para edificación baja, la altura máxima es de 12 metros (planta baja más dos plantas altas y penthouse).
Para edificación alta en torres, se exige un predio con área mínima de 6.000 m² siendo esquina o 3.000 m² si constituye una manzana completa, y la torre debe inscribirse en un cuadrado de 30 metros de lado máximo, con altura máxima de 45 metros. El proyecto de la Parada 21 no cumple con estos requisitos y, sin embargo, fue aprobado.
González advirtió además sobre los perjuicios ambientales. “La impermeabilización del suelo enviará el caudal directamente hacia la estructura de la rambla y la faja de playa”, manifestó. El sustrato arenoso que caracteriza la zona cumple una función natural de absorción de agua de lluvia; al ser sellado por una edificación de gran porte, el drenaje pluvial se redirige hacia la rambla y la playa, con riesgos de erosión y afectación del ecosistema costero.
El recurso constitucional que activaron los vecinos se sustenta en el artículo que permite a la ciudadanía impugnar excesos del Poder Ejecutivo mediante la recolección de firmas. El mecanismo, sin embargo, enfrenta tres posibles destinos en la comisión de diputados: que la comisión no se junte y el recurso se archive por vencimiento de plazos; que emita un informe negativo y no pase al plenario; o que, con informes divididos, llegue al plenario de la Cámara de Diputados.
“Si no pasa el plenario, es un vilipendio al sistema democrático, es desconocer el sistema que tienen los vecinos para poder reclamar sobre algo que consideramos injusto”, advirtió González.
El caso de la Parada 21 no es un hecho aislado
La práctica de aprobar excepciones urbanísticas sin los informes técnicos correspondientes se ha repetido en distintos puntos de la costa maldonense. En diciembre de 2025, la Junta Departamental aprobó excepciones para construir torres de apartamentos en La Barra.
En 2017, se aprobó por 26 votos en 31 un decreto para el World Trade Center Punta del Este. La Sociedad de Arquitectos del Uruguay ya había rechazado en 2009 la liberalización de alturas en Playa Mansa, advirtiendo que la normativa que respalda el límite de 12 metros “con errores y aciertos” era la que debía regir.
Lo que está en juego trasciende un solo edificio. La discusión enfrenta dos lógicas: la del desarrollo inmobiliario, que busca maximizar rentabilidad mediante excepciones a la norma, y la del ordenamiento territorial, que procura preservar las características de un entorno residencial y costero.
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