Las atrocidades de EEUU en Afganistán y los paripés de la CPI

Soldados estadounidenses desplegados durante la guerra de Afganistán. Foto: Wikimedia Commons
Soldados estadounidenses desplegados durante la guerra de Afganistán. Foto: Wikimedia Commons
  • 11 de marzo de 2012, Panjwai: varios soldados encabezados por el sargento Robert Bales entran en dos domicilios armados con pistolas, lanzagranadas, ametralladoras y cuchillos para practicar la modalidad «matanza-juerga». Matan a 16 civiles: Cuatro hombres, tres mujeres, nueve niños y niñas de entre 2 y 12 años. A los pequeños les arrastran por el pelo y les disparan en la boca para luego incendiar sus cuerpos con el fin de borrar el crimen planeado para divertirse.
  • 15 de enero de 2010, aldea Mohammad Kalay. Gulmudin de 15 años está labrando la tierra cuando tres soldados de EEUU, J. Morlock, A. Holmes, C. Gibbs le matan con una granda de mano, desnudan su cadáver y se hacen foto con su cuerpo. El 23 de julio, este grupo autodenominado «Escuadran asesino», mata al menos a otros tres afganos, mutila sus cuerpos y recoge sus dedos y cráneos como trofeos. Gibbs tachaba a los afganos de salvajes.
  • 4 de mayo del 2009, Farah: Las bombas de la OTAN matan a 145 civiles, entre ellos 92 niños y 22 mujeres, en una de las mayores masacres del pueblo afgano.
  • Mayo de 2009, el coronel Gregory Julian portavoz de la OTAN en Afganistán confirma el uso del fósforo blanco en sus operaciones. Esta química es un agente incendiario que produce quemaduras de segundo y tercer grado, alcanza los huesos y afecta al corazón, el hígado y el riñón.
  • 25 de diciembre de 2009, Narang: los soldados de EEUU entran en una escuela, llevan a 7 alumnos a un aula, les esposan y luego les tirotean. ISAF no respondió a los reclamos del gobierno afgano al respecto.
  • 8 de agosto 2008, aldea Azizabad: La OTAN mata a 94 personas, en su mayoría mujeres y niños, y anuncia con bombo y platillo haber machacado a los «talibanes». A pesar de que sus creencias islámicas se oponen, los familiares ofrecieron la exhumación de los cuerpos para desmentir a los atacantes.
  • 25 de octubre de 2006, aldea de Panjwai: cerca de 90 civiles, incluidas familias enteras, fueron sepultadas bajo las bombas de EEUU.
  • Marzo del 2003. La CIA secuestra a la neurocirujana paquistaní, la doctora Aafia Siddiqui (1972) y sus tres hijos pequeños en Afganistán, acusándole del terrorismo. Durante cinco años, Aafia, hija de parlamentaria y médico, y graduada en Houston, fue la única prisionera de Bagram (una de al menos 10 bases militares de EEUU y el Guantánamo afgano), una «presa fantasma» que en vez de estar registrada con su nombre le llamaban «prisionera 650», y obviamente sin derecho al abogado.
    Estaba en una celda de aislamiento fría y oscura con sus hijos durante varios años, y sufrió torturas y palizas que dejaron su nariz y sus dientes rotos. Fue abusada sexualmente, afirma su familia, y sus gritos eran desgarradores, cuentan algunos expresos. En 2006, los carceleros entregaron a dos de los niños, Ahmed y Maryam, a la hermana de ella, ya que su esposo también había desaparecido. De su bebé Fatemé no se sabe nada. En 2008 fue trasladada a EEUU donde le acusaron del intento de asesinato de un soldado, y fue sentenciada a 86 años de prisión. Su caso es el más misterioso de las cuatro décadas de la guerra secreta de EEUU contra este país. En 2018 hubo rumores de su muerte en la cárcel.
  • 1 de julio de 2002, Uruzgan: un ataque aéreo de EEUU asesina a 48 civiles en una boda y hiere y mutila a otros 118.
  • 6 diciembre de 2002. El campesino Habibullah y el taxista de 22 años Dilawar son secuestrados por una banda «caza terroristas» que colabora con EEUU entregando a cualquier afgano a cambio de unos dólares. Les tapan los ojos con la cinta aislante y les entregan al sargento Thomas Curtis en Bagram. Allí, a Dilawar («Valiente» en darí) le atan de pies y manos y le cuelgan por las muñecas del techo. Sin darle agua ni comida, durante cuatro interminables días los soldados le golpean en el peroné -unos 100 latigazos-, divirtiéndose con sus gritos de «¡Khoda, Khoda!» («Dios»), hasta que muere el 10 de diciembre. El forense describió el trauma como si le hubiera atropellado un autobús. Al Sr. Habibullah le hicieron lo mismo. El sargento James Boland confesó que el 3 de diciembre él estaba en una celda de aislamiento colgado del techo por dos esposas y una cadena alrededor de su cintura. El cuerpo de este trabajador afgano tampoco pudo soportar las torturas. Esta barbarie y el drama de las víctimas han sido narrados en el documental Taxi to the Dark Side («Taxi al lado oscuro», 2007), dirigido por el cineasta estadounidense Alex Gibney.
  • 3 de diciembre de 2001, aldea Kame Edo: un bombardeo mata entre 155 y 300 lugareños, informa Associated Press.

Durante las tres primeras semanas del bombardeo -informa The Center for Defence Information- la Alianza además de lanzar un mínimo de 500 toneladas de bombas y misiles Cruise sobre el país, también descarga unas 500-600 toneladas de uranio empobrecido. El doctor coronel Asaf Durakovic, director del Uranium Medical Research Center (UMRC) y especialista del Pentágono en contaminación radiactiva, afirma que EEUU y Gran Bretaña usaron en Afganistán más munición radiactiva que en la Guerra del Golfo [Pérsico] y de Yugoslavia juntas. «Encontramos en el cuerpo de un niño de 12 años que vivía cerca de Kabul unos 2.031 nanogramos, mientras que en EEUU el máximo permitido es 12 nanogramos por litro«, denunció el coronel que fue expulsado del ejército.

Parte de estos crímenes está registrada en cerca de 200.00 folios de WikiLeaks, cuyo director Julian Assange, está encarcelado. En los primeros días de la agresión, no dejaron nada en pie: destruyeron todas las infraestructuras civiles (hospitales, puentes, postes de electricidad, estaciones de radio y televisión, etc.), y cometieron «actos de tortura, tratos crueles, ultrajes contra la dignidad personal, violación y violencia contra los detenidos relacionados con el conflicto en Afganistán y otros lugares, entre 2003-2004» denuncia la CPI. Su fallo llega justo cuando Trump intensifica los ataques aéreo contra los afganos, en los que, los niños -según Human Rights Watch-, representan casi un tercio de las víctimas civiles; planea enviar a otros 4.000 soldados a Afganistán; firma la paz con el grupo fascista Talibán, y prepara su campaña para las elecciones de noviembre, en medio de la Primavera estadounidenses que junto con un rebrote del coronavirus pueden aguar su fiesta.

Trump inauguró su presidencia lanzando la «GBU-43/B», la bomba no nuclear más grande del mundo con mayor poder destructivo desde Hiroshima y Nagasaki, sobre Nangarhar el 14 de mayo de 2017 «para matar a los miembros del Estado islámico«. ¿En serio? ¿Quemar 15 millones de euros para eliminar a unos individuos que ni tienen un helicóptero, o una demostración de fuerza del poder del trumpismo en la vecindad de Irán, China, Rusia e India, entre otros objetivos? Imaginen por un momento el impacto de la bomba sobre los habitantes de la zona.

Para que un ser humano pueda cometer estas atrocidades contra otro antes debe haberle convertido en su ideología en un untermensch «subhumano».

La tortura es una práctica habitual en las cárceles de EEUU, que no la obra de unos muchachos desviados: Guantánamo, Abu Ghraib y Bgaram son la punta de iceberg. Hay hasta «cárceles flotantes» como el USS Bataan y Peleliu en alta mar para no estar sujetas a las leyes de ningún país, donde decenas de personas secuestradas han sido ultrajadas.

El doble rasero de TPI

Y el 12 de junio de 2020, Donald Trump dictó sanciones contra el personal de la Corte Penal Internacional (CPI) por su intención de investigar posibles crímenes de guerra de EEUU en Afganistán. El presidente, que debería saber que este tribunal no puede investigar a EEUU, ni mucho menos condenarle o mandar a l prisión a los delincuentes de esta nacionalidad, cometió otro error: en vez de dejar que este tribunal siguiera con el largo y estéril proceso y terminar diciendo que «No logró evidencia de crímenes de EEUU», hizo otra trumpada atacándole.

La CPI fue fundada como el «poder blando» de EEUU para su hegemonía mundial. Su Estatuto fundacional de Roma limita la jurisdicción de la Corte al delito de genocidio, delitos contra la humanidad, y crímenes de guerra, pero no incluye la «agresión militar» a otras naciones que es uno de los deportes favoritos de EEUU. La CPI se ha negado a investigar las atrocidades de las fuerzas lideradas por EEUU en Iraq y la ex Yugoslavia e incluso ofreció «argumentos» a la OTAN en su agresión devastadora contra Libia y el asesinato selectivo del jefe de estado Moammar Gadafi. Los abogados franceses, Jacques Verg’s y el ex canciller socialista Roland Dumas, anunciaron presentar una demanda contra el presidente Nicolas Sarkozy por «crímenes contra la humanidad» en Libia, y acusaron la OTAN de matar a los civiles.

A pesar de que EEUU es miembro fundacional de la CPI, George Bush creó la Ley de Protección del Personal de Servicio Estadounidense (2002) que permite al presidente «utilizar todos los medios» (¿incluido invadir a la Haya, la sede del tribunal?) para proteger a sus tropas ante cualquier tipo de justicia reclamada. El gobierno afgano, instalado por Washington, también se ha opuesto a la iniciativa, asegurando que ellos mimos investigarán los delitos cometidos por sus patrones: no lo harán, pertenecen a la misma clase social. «El cuchillo no corta su propio mango» reza un dicho persa.

Entre los subterfugios de la CPI está que si los acusados involucrados en crímenes muestran que a) tuvieron orientación legal y b) actuaron de buena fe, y «no han tenido la intención criminal» no se les juzgará. El artículo 98 del Estatuto de la CPI no exige que los estados entreguen a los ciudadanos de otro país si han firmado con él los «Acuerdos Bilaterales de Inmunidad», y EEUU ha firmado este pacto con un centenar de países.

La CPI y EEUU cuenta con el apoyo de una opinión publica infantilizada que divide el mundo entre «los buenos» y «los malos», y también ingenuo que piensa que sus mandatarios jamás matarían a los inocentes, o que las bombas «inteligentes» que pagan con sus impuestos son inocuos al caer sobre escueles y viviendas.

La fijación de la CPI por los países africanos, para salvar los intereses neocoloniales del Occidente que está militarizando el continente, ha sido impresionante, mientras se ha negado a  investigar a G. Bush y Tony Blair: el ex presidente de Liberia Charles Taylor fue perseguido y arrestado a petición de EEUU como «criminal de guerra», quizás por traicionar a la CIA, y ahora cumple condena de 50 años, ¡no en Liberia, sino en Inglaterra! Al presidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo y su esposa les secuestraron en su dormitorio y les llevaron a La Haya para ser juzgado por la CPI por presuntos crímenes de lesa humanidad, para luego declararle inocente. A Muammar Gadafi y sus hijos ni los llevaron ante el tribunal y directamente los asesinaron allanando el camino de la OTAN. Los líderes de la República Democrática del Congo y de Sudán, también han sido acusados por la justicia selectiva del Occidente, alias «comunidad internacional».

El juego-negocio del «espejismo de la justicia internacional» continuará al igual que la carnicería humana en el suelo afgano, yemení, libio, sirio, iraquí, sudanés y un largo etcétera.

El Proyecto de Alternativas de Defensa (Project on Defense Alternatives) afirma que los bombardeos de EEUU en Afganistán han matado a civiles a un ritmo cuatro veces mayor que los de la OTAN en Yugoslavia, donde empezó la farsa de la «guerra humanitaria».

La guerra más larga de EEUU ha costado la vida de cerca de un millón de afganos, dejando mutilados a más millones, forzando a 12 millones a abandonar sus hogares. Del campo enemigo, también murieron unos 2.300 soldados estadounidenses: «La guerra es una masacre entre gentes que no se conocen, para provecho de gentes que sí se conocen pero que no se masacran» dijo Paúl Valery.

La «justicia universal» es un espejismo y un medio para socavar la soberanía nacional de los estados militarmente débiles. No hay alternativa a la instalación de la democracia en cada país y organizar un proceso local de justicia, respaldado por otros pueblos del mundo. 17.06.20

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*Nazanín Armanian es iraní, residente en Barcelona desde 1983, fecha en la que se exilió de su país. Licenciada en Ciencias Políticas. Imparte clases en los cursos on-line de la Universidad de Barcelona. Columnista del diario on-line Público.es. 17.06.20

 

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