Rafael Correa: El aislamiento de Julian Assange «básicamente es una tortura»

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, calificó de «tortura» la decisión del actual Gobierno de Ecuador de prohibir las visitas al periodista australiano Julian Assange en la Embajada ecuatoriana en Londres (Reino Unido), donde el fundador de WikiLeaks permanece desde 2012.

En una entrevista con The Intercept Correa consideró que al prohibir a Assange recibir visitas, Ecuador viola el deber del Estado de proteger su seguridad y bienestar.

«Sin comunicaciones al mundo exterior y visitas de nadie, el gobierno básicamente está atacando la salud mental de Julian», consideró.

Julian Assange permanece asilado en la Embajada de Ecuador de Londres desde 2012, y la semana pasada Ecuador le prohibió usar el teléfono y recibir visitas.

En marzo al periodista ausraliano se le privó de Internet, a raíz de que, según las autoridades ecuatorianas, violó un compromiso que le obligaba a no emitir mensajes que «supusieran una injerencia en relación con otros Estados».

Correa señaló que la decisión del gobierno tiene que ver con el hecho de que Ecuador ya «no mantiene relaciones soberanas normales con el Gobierno estadounidense» y a que las actuales autoridades ecuatorianas adoptan una postura de «sumisión».

Operación espía

El exmandatario también hizo referencia a un artículo The Guardian que lo acusa de lanzar una operación «espía» multimillonaria para proteger a Assange.

La publicación señala que el Gobierno de Correa invirtió al menos USD 5 millones en una «operación de espionaje» para «proteger» al activista y afirma que el diario tuvo acceso a documentos que indican que Ecuador contrató a una compañía de seguridad y a agentes encubiertos para vigilar a los visitantes de Assange en la legación, al personal de la Embajada e incluso a la Policía británica.

El exmandatario ecuatoriano tildó de «sensacionalista» la aspiración del diario británico de presentar como escandalosos los esfuerzos ordinarios de garantizar la seguridad a Assange en la Embajada, y aseguró que hacerlo fue su «deber bajo la ley».