Trascendentes declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia

El doctor Milton Cairoli, presidente de la Suprema Corte de Justicia, es un magistrado con una larga experiencia profesional. Después de una carrera dilatada en el Poder Judicial ocupa, desde hace siete años, un cargo en la Suprema Corte y es la segunda vez que ocupa su presidencia.

Es estos días, en oportunidad de la asunción de sus nuevas responsabilidades al frente de la corporación, el Dr. Cairoli ha sido entrevistado por distintos medios de prensa.

Los temas abordados son vastos y, algunos, sumamente complejos, sea por sus aspectos técnicos, sea por el carácter polémico que han asumido.

Nos referimos, en estas líneas, a la situación conflictiva con los trabajadores del Poder Judicial, a las diferencias de criterio que afloraron con el Colegio de Abogados sobre aspectos jurisdiccionales de enorme importancia, a los rozamientos con la Fiscalía de Corte, otro pilar esencial del Estado de Derecho y al conjunto de tareas y recursos que exigirá a ese poder del Estado la estructuración de los servicios para el Código del Proceso Penal.

Siendo todas cuestiones trascendentes no es esto lo que queremos resaltar de las recientes declaraciones del experimentado jurista, sino sus referencias a la problemática del rol del Poder Judicial con relación a las violaciones de los Derechos Humanos durante la dictadura y el papel de los jueces con relación a esos delitos.

También son de gran interés los aspectos metodológicos de su encare del delito de la desaparición forzada de personas.

Se trata de temas sustantivos que hacen a la esencia de la vigencia del estado de derecho y de las atribuciones que nuestro ordenamiento institucional le otorga al Poder Judicial en cuya Corte Suprema el Dr. Milton Cairoli ejerce la presidencia.

El pasado viernes 2, en el diario El País, el Dr. Cairoli había expresado sin ambages sus categóricas opiniones acerca del procesamiento del general Augusto Pinochet por parte de Juan Guzmán Tapia: «la decisión del juez (Tapia) me pareció bárbara».

En esa misma fuente dijo, refiriéndose a la acumulación de tareas en el Poder Judicial que «aunque (los jueces) tuvieran más trabajo del que tienen es importante que en el tema desaparecidos pueda haber respuestas y se sepa qué ocurrió».

El día martes el Dr. Cairoli va más lejos en expresar su pensamiento. En una entrevista concedida al Sr. Pernas, de El Observador, sostiene que «si la Comisión para la Paz averigua algo, sería bueno que lo pasara a la Justicia».

Preguntado acerca de un tema clave, si el delito de privación de libertad se sigue cometiendo mientras la víctima –desaparecida durante la dictadura– no aparezca, viva o muerta, Cairoli responde con absoluta claridad: «la privación de libertad es un delito permanente, se consuma a medida que va pasando el tiempo y la persona sigue privada de libertad».

Repreguntado acerca de si «los militares, policías y civiles que participaron con este tipo de violaciones a los derechos humanos siguen cometiendo ese delitos», el presidente de la Suprema Corte acude al Código Penal, artículo 119, para reiterar: «Desde el momento que se retiene a una persona hasta que se la restituye se sigue cometiendo el delito».

Las afirmaciones del Dr. Milton Cairoli, que –como él mismo señala, son a título de opinión personal y no comprometen la opinión de la Suprema Corte– son de una enorme importancia.

En cualquier país medianamente civilizado del mundo, o en el Uruguay de otras épocas, tales sentencias de parte del máximo jerarca del Poder Judicial de la República, generarían las correspondientes tomas de posición, tanto en el plano institucional como político.

Sería hora que la política de la elusión y el silencio dejara paso a la discusión abierta y democrática de los distintos puntos de vista.