Punta Ballena: la lucha vecinal que frenó 29 edificios y busca proteger el paisaje frente al avance inmobiliario

La defensa de Punta Ballena pasó de la oposición a un proyecto inmobiliario a una campaña por la conservación permanente de uno de los paisajes más reconocibles de Uruguay. Vecinos, organizaciones sociales y especialistas universitarios consiguieron frenar la construcción de 29 edificios de lujo y llevar a las autoridades una propuesta para proteger el lugar y su entorno marino.

El proceso alcanzó una nueva etapa el 8 de octubre de 2026, cuando la Intendencia de Maldonado y la asociación civil Punta Ballena Protegida presentaron formalmente la solicitud de ingreso al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). La categoría propuesta es Monumento Natural, pero su incorporación todavía no está aprobada.

El Ministerio de Ambiente deberá evaluar la documentación y desarrollar las instancias de participación previstas. El ministro Edgardo Ortuño indicó que el objetivo es completar el procedimiento en 2027. Mientras tanto, nuevos emprendimientos en el entorno mantienen abierta la discusión sobre qué desarrollo inmobiliario admite la zona y cómo preservar su carácter de paisaje compartido.

Propiedad privada y un paisaje de uso colectivo

El conflicto tiene antecedentes anteriores al proyecto de los 29 edificios. Durante décadas, habitantes y visitantes utilizaron la ruta panorámica, los miradores y sectores de las laderas como espacios de disfrute colectivo. Sin embargo, varios terrenos pertenecían a sucesores de Antonio Lussich, lo que dio lugar a una prolongada controversia con la Intendencia.

Una expropiación iniciada en 1970 no resolvió definitivamente la situación. Posteriores actuaciones judiciales reconocieron derechos de los propietarios, y las negociaciones con el gobierno departamental buscaron compatibilizar esa titularidad con la permanencia de la ruta panorámica, los miradores y ciertos accesos utilizados por pescadores.

La Junta Departamental otorgó su anuencia a un acuerdo en agosto de 2017. Ese entendimiento abrió el camino para presentar un desarrollo inmobiliario, sujeto a evaluación ambiental. El acuerdo sobre los terrenos no equivalía a un permiso definitivo para construir, una diferencia fundamental para comprender los acontecimientos posteriores.

El proyecto que encendió la movilización

La iniciativa tuvo distintas versiones. Los antecedentes recogidos en la documentación ambiental mencionan una propuesta clasificada en 2020 que contemplaba 37 edificios y 359 apartamentos pensados para un mercado de alto poder adquisitivo. La versión difundida en 2023 redujo esas cifras a 29 edificios y 320 viviendas, pero, igualmente, manteniendo una intervención de gran escala sobre las laderas.

El complejo residencial incluía piscinas, estacionamientos, porterías, servicios y circulación interna. Sus impulsores sostenían que la arquitectura acompañaría la pendiente y que se conservarían determinados espacios de acceso público. También planteaban soluciones para reducir la presencia visual de las construcciones desde la ruta panorámica.

Los opositores cuestionaron que esos recursos fueran suficientes. Su argumento era que conservar algunos miradores no aseguraba la continuidad del ecosistema ni evitaba la transformación del paisaje. La discusión comprendía el conjunto de las laderas, su vegetación y sus usos sociales, además de las vistas que pudieran mantenerse desde puntos específicos.

La organización de los vecinos

Desde fines de 2023, la resistencia reunió al colectivo No al Proyecto Punta Ballena, la Red Unión de la Costa, asociaciones vecinales, estudiantes y habitantes independientes, que recibieron el apoyo de figuras como Jorge Drexler o Natalia Oreiro. La defensa de una Punta Ballena natural, libre y silvestre articuló reuniones, campañas públicas, actividades culturales y deportivas y participación en el expediente ambiental.

El movimiento logró sostener la movilización durante meses y sumar argumentos técnicos a sus demandas. La participación no quedó limitada a expresiones de rechazo: los vecinos trabajaron también en una propuesta para establecer restricciones a nuevas edificaciones y dar al sitio una protección que trascendiera aquel proyecto particular.

Según la reconstrucción publicada por el CURE, el procedimiento ambiental recibió 13.603 comentarios ciudadanos, una cifra récord para ese mecanismo en Uruguay. Una petición digital reunió, además, más de 89.000 adhesiones. Ambas expresiones acompañaron la campaña, aunque tenían un alcance diferente al de las firmas electorales necesarias para promover una iniciativa departamental.

Los argumentos científicos para conservar Punta Ballena

El Centro Universitario Regional del Este (CURE), de la Universidad de la República, aportó información sobre la biodiversidad y los efectos que podía tener la urbanización. Su informe identificó 427 especies vegetales, de las cuales 372 eran nativas, en aproximadamente veinte hectáreas, junto con 33 especies prioritarias para la conservación nacional.

Los especialistas advirtieron sobre la posible desaparición global de una especie y una variedad vegetal exclusivas del lugar: Parodia tabularis y Senecio ostenii var. balaenicus. La pérdida de sus ambientes podía comprometer su supervivencia, lo que otorgaba al conflicto una dimensión que excedía la conservación de una postal turística.

El informe universitario también cuestionó la ubicación de edificios y piscinas en sectores de elevada diversidad vegetal. A esa riqueza se suma el valor geológico de Punta Ballena, cuya formación rocosa constituye un elemento singular del paisaje costero. Estos atributos sustentaron posteriormente la propuesta de protegerla como Monumento Natural.

La evaluación ambiental y el rechazo del complejo

El 29 de abril de 2024 se realizó la audiencia pública del proyecto. La instancia permitió presentar observaciones sobre el complejo, previsto en la faja de defensa de costas, en seis padrones y parte del padrón 15.503. Fue uno de los momentos centrales de la participación ciudadana dentro del procedimiento administrativo.

El 17 de septiembre de 2024, el Ministerio de Ambiente anunció que su informe técnico recomendaba denegar la autorización. Identificó impactos inaceptables sobre biodiversidad, paisaje, tránsito y patrimonio geológico. También concluyó que las medidas planteadas por los promotores no demostraban una capacidad suficiente para mitigar o compensar los daños.

El análisis incorporó objeciones relacionadas con el ordenamiento territorial y las obligaciones aplicables a la franja costera. En ese momento todavía correspondía recibir los descargos de los titulares. La decisión de rechazar la autorización se hizo pública en enero de 2025.

El resultado frenó aquel emprendimiento, pero no garantizaba una protección permanente ante otras propuestas. Esa diferencia explica por qué los vecinos continuaron trabajando después del rechazo: buscaban modificar las condiciones bajo las cuales pudiera plantearse una nueva intervención sobre el territorio.

Las firmas y la reserva departamental

En paralelo al expediente ambiental, las organizaciones impulsaron una iniciativa popular para proteger Punta Ballena y mantenerla libre de nuevas edificaciones. Reunieron 34.005 firmas, presentadas en diciembre de 2024, y llevaron la demanda a la Junta Departamental de Maldonado.

Ese total debe distinguirse de las firmas verificadas por la Corte Electoral. Su reporte del 14 de enero de 2025 registraba 23.211 firmas aceptadas, suficientes para superar el requisito del 15% del padrón departamental. La campaña obtuvo así el respaldo necesario para que la iniciativa recibiera tratamiento institucional.

El 17 de marzo de 2025, la Junta aprobó por unanimidad la iniciativa. El decreto declaró a Punta Ballena y las estribaciones cercanas de Sierra Ballena como reserva departamental, propuso su incorporación al SNAP y estableció restricciones destinadas a evitar nuevas obras y modificaciones del ecosistema en los terrenos comprendidos.

Sobre el padrón 15.503 se dispuso una servidumbre non edificandi, que impide edificar. La decisión representó un avance respecto del rechazo de un proyecto concreto, aunque la declaración departamental y la incorporación al sistema nacional son procedimientos distintos.

De la demanda ciudadana a una propuesta nacional

El trabajo posterior reunió a la Intendencia, representantes de los partidos políticos, el CURE y el Movimiento Punta Ballena Protegida. El 16 de enero de 2026, ese ámbito entregó al intendente Miguel Abella un informe acordado entre sus integrantes, con recomendaciones de conservación y planificación territorial.

El documento propuso incorporar siete padrones al SNAP bajo la categoría de Monumento Natural, junto con el borde rocoso y un espacio marino-costero. También recomendó incorporar el padrón 15.503 al dominio público por la vía correspondiente y adoptar medidas de protección para otros cinco inmuebles.

La propuesta de trasladar un terreno al dominio público no debe confundirse con una adquisición ya concretada. El informe planteó, además, elaborar un Plan Local de la Microrregión Punta Ballena, destinado a ordenar los usos y las posibilidades de intervención en un territorio más amplio que la punta rocosa.

Las restricciones de 2026 y sus límites

El 2 de junio de 2026, la Junta aprobó el Decreto 4120/2026, que suspendió autorizaciones para nuevos fraccionamientos, urbanizaciones y construcciones en cinco padrones específicos. La medida también restringió movimientos de suelo, alteraciones de formaciones rocosas, intervenciones sobre la vegetación y determinados cercamientos.

Estas restricciones tienen una vigencia de dos años desde su promulgación, o hasta la aprobación definitiva del plan local si ocurre antes. Su función es evitar transformaciones mientras se define el ordenamiento. Sin embargo, no constituyen una prohibición general de construir en toda la zona conocida como Punta Ballena.

Ese alcance territorial ayuda a entender por qué otros expedientes inmobiliarios continúan tramitándose en el entorno. La protección del núcleo de la península y la planificación de la microrregión se relacionan, pero no abarcan necesariamente los mismos terrenos ni generan automáticamente las mismas restricciones.

Cantamar y Verdes de la Ballena reabren la discusión

En septiembre de 2026, dos iniciativas volvieron a generar preocupación: Cantamar, un proyecto de cinco edificios en el entorno de Las Grutas, y Verdes de la Ballena, un fraccionamiento para un barrio privado. Según la información publicada ese mes, ambos se ubican en el sector comprendido entre Las Grutas y Piedras del Chileno.

Cantamar se encontraba bajo evaluación del Ministerio de Ambiente. Para Verdes de la Ballena se tramitaba una excepción departamental vinculada a la dimensión de una manzana: la superficie planteada era de 52.000 metros cuadrados, por encima del máximo de 40.000 previsto por la normativa citada. El fraccionamiento contemplaba 31 lotes.

El Movimiento Punta Ballena Protegida cuestionó que las iniciativas no hubieran sido comunicadas al ámbito que trabaja en el plan local. Verónica Gómez Ferrari, referente de la organización, manifestó que el fraccionamiento y el aval de la Intendencia les habían tomado por sorpresa.

El edil frenteamplista Juan Urdangaray reclamó que los nuevos desarrollos fueran considerados dentro de la planificación en curso. El diputado Joaquín Garlo explicó que algunos trámites eran anteriores al trabajo actual de la comisión y pidió convocarla para aclarar su situación.

Una reunión posterior reafirmó la necesidad de mejorar el intercambio de información y reunir antecedentes. No anunció la aprobación ni el rechazo de los emprendimientos. El desacuerdo revela una cuestión central para los vecinos: cómo impedir que decisiones individuales condicionen el territorio antes de concluir su planificación integral.

El avance de los barrios exclusivos

La preocupación por una costa cada vez más orientada a residentes de alto poder adquisitivo encuentra un ejemplo concreto en Astra, un barrio marítimo impulsado por Guillermo Jacob y Athanasios Laskaridis sobre la parada 45 de Playa Mansa, en Punta Ballena.

La información publicada en junio de 2026 describía un desarrollo de 72 lotes, con precios desde US$500.000 por terreno, a los que debe sumarse la construcción de cada vivienda. También daba cuenta de obras de acceso y equipamientos, dentro de una propuesta presentada comercialmente como un barrio cerrado de alta gama.

Sus promotores sostienen que la baja densidad y el trabajo de paisajismo permiten conservar flora nativa y adaptar las viviendas al entorno. Ese planteo ambiental no resuelve por sí solo la discusión sobre el acceso social a la zona ni sobre los efectos acumulados de distintos desarrollos residenciales.

Astra, Cantamar, Verdes de la Ballena y el complejo rechazado son proyectos diferentes. La documentación consultada no permite afirmar que todos ocupen el mismo territorio propuesto para el SNAP, ni atribuirles automáticamente los impactos determinados para los 29 edificios. Su coexistencia sí obliga a examinar el futuro del conjunto de la microrregión.