El giro en la causa Conexión Ganadera: la Interpol giró una alerta y se complica todo para indagados

La Fiscalía de Delitos Económicos, bajo la dirección del fiscal Alejandro Machado, ha iniciado las primeras acciones procesales dentro de la investigación centrada en República Ganadera. La dependencia judicial solicitó formalmente a la organización policial internacional Interpol la emisión de una alerta plateada. Este requerimiento fue cursado hacia doce naciones donde se presume la posible localización de bienes pertenecientes a los directores de la compañía, Nicolás Jasidakis y Mauro Mussio, o de terceras personas vinculadas a ellos.

Esta estrategia procesal busca optimizar los plazos de la investigación. La vía alternativa, que consiste en realizar solicitudes de información mediante los canales oficiales de cooperación bilateral, suele demorar un promedio de seis meses en obtener una respuesta. La medida adoptada intenta agilizar la identificación y eventual secuestro de activos.

De acuerdo con datos recabados por este medio de participantes en una reunión entre abogados de los damnificados y el equipo fiscal, se les comunicó que la “prioridad” de la sede será ahora este caso con el objetivo de tener un pronunciamiento sobre las responsabilidades penales lo antes posible.

El marco legal y la separación de causas

Tanto Jasidakis como Mussio se encuentran formalmente indagados por una serie de delitos económicos, que incluyen estafa, apropiación indebida, falsificación de documentos y lavado de activos. El pasado 21 de agosto, el órgano judicial decidió prorrogar hasta el mes de febrero las medidas cautelares que pesan sobre los investigados, las cuales implican, entre otras restricciones, la prohibición de abandonar el país.

Durante el encuentro sostenido entre los representantes legales de los afectados y el Ministerio Público, se realizó una aclaración fundamental sobre la independencia de los procesos. Se explicó que las actuaciones que se desarrollan en la órbita del juzgado concursal, donde se evalúa un potencial acuerdo de reorganización empresarial para eludir la liquidación, no producirán ningún tipo de efecto en la causa penal que se sigue. Se les aclaró que aunque sólo hubiera una denuncia penal presentada hay elementos para continuar con la indagatoria.

Entre las condiciones que debe asumir quien firme ese acuerdo, figura retirar las denuncias penales.

La estructuración de la investigación fiscal

En la mencionada reunión estuvieron presentes, por parte de la Fiscalía, Machado junto a sus adjuntos Leonardo Rosas y Franco López. Estos informaron a los letrados que recibieron formalmente la investigación el 2 de septiembre, luego de que la misma les fuera derivada desde la Fiscalía de Lavado de Activos. Inicialmente, el caso había recaído en esta última dependencia, la cual solicitó abstenerse de intervenir.

Dicha solicitud fue concedida por la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, quien adjudicó la investigación al fiscal Enrique Rodríguez, quien en ese momento se desempeñaba como subrogante de la fiscalía de Machado. No obstante, el fiscal de Lavado presentó un recurso jerárquico ante el Ministerio de Economía y Cultura, argumentando que el caso correspondía a su esfera de competencia, obteniendo finalmente razón en su planteamiento.

Dado que la Fiscalía de Lavado ya había procedido a tomar declaración a aproximadamente una decena de personas indagadas, Machado y su equipo dedicaron el mes de septiembre a revisar el contenido de esas audiencias y a estructurar el esquema de trabajo que será aplicado en lo sucesivo.

La metodología y la colaboración de las víctimas

En ese sentido, se les comunicó a los damnificados que se trabajará de una manera similar al caso del Grupo Larrarte. Se extendió una invitación formal a las víctimas para que coadyuven en la investigación, aportando datos, información y cualquier prueba que puedan tener en su poder. para ganar tiemo se le solicitó a cada uno que entregue un documento con el número de animales que debería tener según los contratos que firmaron y la plata que invirtieron, comparado con lo que figura en los registros del Ministerio de Ganadería.

Uno de los abogados que participó de la reunión, Juan pablo Decia, dijo a El Observador que “valoraba positivamente” que se los reciba y se los mantenga informados de la causa. Destacó también que el fiscal les dijo que habrá más reuniones en el futuro.

Se les explicó también que al igual que esta fiscalía trabajó en el caso del Grupo Larrarte, se centrarán primero en indagar a los directores, Jasidakis y Mussio, y luego continuarán con el resto de los indagados en el caso que pueden ser cómplices, testaferros, participes de las maniobras.

Los objetivos procesales: cuál es la situación patrimonial

Además se les aseguró que trabajarán con el objetivo de conseguir armar un caso sólido, con el que luego puedan cerrar un acuerdo por proceso abreviado o ir a juicio con pruebas contundentes. La información que ha surgido en el marco del concurso creditorio indica que el pasivo declarado de la empresa asciende a 95 millones de dólares estadounidenses.

Por otro lado, los activos identificados no alcanzan los 13 millones de dólares. A esta disparidad patrimonial se suma la ausencia de un gran porcentaje del ganado que, de acuerdo con los contratos suscritos con los inversores, debería existir físicamente. Una de las tareas centrales de la fiscalía será confirmar y precisar esta información contable y patrimonial.

Ya se encuentra oficialmente conformado el equipo multidisciplinario que colaborará con la Fiscalía en el desarrollo de este caso. Este grupo de trabajo está integrado por representantes de la Secretaría Antilavado, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Dirección General Impositiva e Interpol.

La postura de Nicolás Jasidakis

Carta de Jasidakis: “El convenio es la única acción viable”
Este miércoles, un día antes de que se realizara la reunión de los abogados con la fiscalia Jasidakis dirigió una carta a algunos de los inversores que aún no se han decidido a firmar el acuerdo y les señaló que “deberán tomar una decisión crucial que definirá si es posible recuperar 100% de su crédito, o si por el contrario se perderá más del 90% en una liquidación judicial”.

En dicha comunicación, Jasidakis sostiene que, de no lograrse la puesta en marcha del plan de reorganización, los acreedores únicamente recuperarían entre un 6% y un 9% del crédito reconocido. Frente al informe del síndico que catalogó la propuesta como “inviable”, el exdirector de la empresa argumentó que el síndico “no ofrece una alternativa” viable.

El directivo también afirmó que más de 500 clientes ya han expresado su adhesión al convenio propuesto. Según su perspectiva, “la única forma de intentar reparar el daño es con acciones concretas, y hoy esta opción de convenio es la única acción viable que puede permitir la devolución del crédito”.