Empresarios reclaman ante OIT que Consejos de Salarios no fijen las condiciones laborales

Uruguay ha regresado en 2026 a la lista de vigilancia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), conocida como “lista negra”. La razón es un conflicto jurídico que nace de la ley de negociación colectiva aprobada en 2009.

La norma otorgó a los Consejos de Salarios la potestad de fijar ajustes de sueldos para todas las categorías del sector privado. También les asignó la facultad de acordar condiciones de trabajo. Esto último ha generado el rechazo de las cámaras empresariales y los motivó a denunciar a Uruguay frente a la OIT.

Los empresarios sostienen que los Consejos de Salarios deben limitarse a los ajustes salariales. El resto de las condiciones laborales, argumentan, debe negociarse de manera bipartita, libre y voluntaria, sin intervención del Estado.

Uruguay ya había sido incluido en esta misma lista en 2019

El retorno se produce en el marco de la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo, que se celebra en Ginebra durante febrero de 2026. Este miércoles, una delegación encabezada por el subsecretario del Ministerio de Trabajo, Hugo Barreto, defenderá la posición uruguaya ante la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT.

“Las cámaras admiten que los Consejos de Salarios pueden determinar los salarios mínimos y las categorías, pero manifiestan que las condiciones de trabajo no deben acordarse en ese ámbito porque entienden que eso significa una injerencia del Estado en la negociación colectiva”, afirmó Barreto en declaraciones al diario El Observador.

El subsecretario agregó: “Lo que hemos explicado históricamente, y este miércoles lo vamos a reiterar, es que el Estado no interfiere en la negociación de condiciones de trabajo; son resueltas entre trabajadores y empleadores” en cada mesa de negociación.

Barreto expuso que los casos que van a la lista negra suelen ser “verdaderamente lesivos de la dignidad humana”. Por ello, consideró correcto que esos casos sean sometidos al escrutinio internacional. “Lo que no está bien es que se recurra a ese mecanismo por un asunto jurídico, casi técnico”, expresó.

Una actitud que “daña la imagen del país”

El jerarca calificó la actitud de la Cámara de Comercio y la de Industrias como “desmesurada y que daña la imagen del país” en el escenario mundial.

“Es inapropiado que el caso sea analizado en esta instancia”, dijo Barreto. Y añadió: “Uruguay es muy respetado por el cumplimiento de los derechos humanos, por su contribución a la paz, su tradición democrática. No puede estar en una lista con países que tienen trabajo forzoso, peores formas de trabajo infantil o discriminaciones muy serias, sobre todo con las mujeres y las niñas”.

Desde su visión, las cámaras empresariales tienen una postura internacional contradictoria con la que aplican a nivel local. Mencionó que las rondas de Consejos de Salarios finalizan con un altísimo porcentaje de acuerdos tripartitos. Ese nivel de consenso, afirmó, “no se compadece luego con la actitud de colocar a Uruguay en un lugar ciertamente incómodo”.

El subsecretario recordó que la negociación de condiciones de trabajo en el ámbito tripartito no es nueva. Se remite a la creación de los Consejos de Salarios en 1943. “Esto siempre se hizo; no lo inventó la ley de 2009. Lo que hizo la ley fue incorporar esa negociación a la competencia formal de los Consejos de Salarios”, explicó.

La Comisión de Aplicación de Normas tratará el caso uruguayo este miércoles. Al día siguiente presentará sus conclusiones, que podrían incluir recomendaciones al gobierno.

Juan Castillo defiende el refuerzo de los derechos laborales

En paralelo, el presidente de la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo, el ministro uruguayo Juan Castillo, intervino en el centenario de la Comisión. Allí destacó el aporte de las normas laborales para ampliar derechos.

“Celebrar este centenario es reconocer un siglo de contribución al fortalecimiento de las normas internacionales del trabajo, al diálogo social y a la mejora continua de las condiciones de vida y de trabajo de millones de personas en todo el mundo”, afirmó Castillo.

Como ejemplo concreto, el ministro recordó las observaciones realizadas por la Comisión en relación con el Convenio 131 de la OIT, sobre fijación de salarios mínimos. Uruguay fue examinado en distintas oportunidades por la insuficiente consulta a organizaciones de trabajadores y empleadores para determinar salarios mínimos en sectores como el rural y el doméstico.

“Las conclusiones de esta Comisión señalaron la necesidad de fortalecer los mecanismos de consulta y de garantizar que la determinación de los salarios mínimos contemplara adecuadamente las necesidades de los trabajadores y sus familias. Uruguay asumió esas observaciones con responsabilidad y espíritu constructivo”, afirmó Castillo.

El diálogo social, subrayó el ministro, contribuyó a mejorar políticas públicas y mecanismos de protección para los trabajadores. Ese es, para el gobierno, el camino correcto. No así la inclusión en una lista pensada para violaciones graves de derechos laborales.

La OIT emitirá sus conclusiones en las próximas horas. El gobierno uruguayo confía en que el carácter técnico del desacuerdo —y no una lesión a la dignidad humana— será suficiente para salir del listado. Las cámaras empresariales, por ahora, mantienen su postura.