FA sostiene que acuerdo portuario es inconstitucional el ilegal

La Mesa Política del Frente Amplio se reunió el lunes en el local de La Huella de Seregni para analizar las implicancias del fallo emitido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo sobre el contrato del puerto de Montevideo con la empresa Katoen Natie. A la reunión fueron convocados la senadora Liliam Kechichian, el exsenador Charles Carrera y el exministro de Transporte y Obras Públicas Víctor Rossi, quienes presentaron un informe detallado sobre la materia. La convocatoria tuvo como objetivo interiorizar a la dirección del partido sobre los alcances de la resolución judicial, en un contexto de interpretaciones divergentes en la esfera pública.

Posteriormente, los tres dirigentes ofrecieron una conferencia de prensa para transmitir su lectura del fallo. Kechichian explicó que la exposición ante la Mesa Política era necesaria debido a “cierta confusión en la comunicación pública del verdadero resultado de la sentencia del TCA”. La senadora señaló que “ha aparecido un triunfalismo en la oposición que parece no reconocer las decisiones jurídicas que se tomaron”. Esta observación apuntó directamente a una conferencia de prensa previa encabezada por el exministro Luis Alberto Heber, quien había valorado positivamente la decisión del tribunal.

Kechichian sostuvo que la cláusula anulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo “era el corazón de ese acuerdo, que tenía que ver con la actividad monopólica por 60 años”. “Y eso es lo que queremos rescatar hoy y poner en conocimiento de la ciudadanía. Es la confirmación de lo que sosteníamos, que estábamos ante un acuerdo inconstitucional, ilegal e inconveniente; las tres cosas las confirmó el TCA”, sostuvo. La parlamentaria amplió que califica de ilegal por presuntas violaciones a la ley de puertos y a la ley de defensa de la competencia, y de inconstitucional porque, en su visión, “un monopolio no lo puede definir el Poder Ejecutivo”.

interpretación sobre la legalidad y consecuencias

Por su parte, Charles Carrera manifestó que el fallo reafirma lo que los legisladores del Frente Amplio plantearon en agosto de 2021 durante una interpelación al entonces ministro Heber, cuando calificaron el acuerdo como “ilegal, inconstitucional e inconveniente”. “El tiempo nos ha dado la razón. Lamentablemente, hoy el puerto no está en las mismas condiciones en que estaba en aquel momento, y hay un montón de desafíos por delante”, acotó. El exsenador también hizo referencia a antecedentes jurídicos, recordando un litigio de la misma empresa contra el Estado uruguayo en 2003, que culminó en 2008 con un fallo del TCA que, según su relato, negaba el manejo exclusivo de contenedores a Katoen Natie.

Carrera argumentó que la negociación del contrato cuestionado se realizó de forma secreta porque “no se quería que se supiera la verdad, que a través de ese acuerdo se estaba violando la Constitución, que fue lo que dijo el TCA”. El dirigente enfatizó que, con este fallo, “gana el país, porque se restablece la soberanía para poder establecer las políticas portuarias de acuerdo al interés general y nacional”. En esa línea, afirmó que “lo más importante es que cuando el Estado uruguayo quiera llamar a una licitación para una nueva terminal de contenedores especializada, lo podrá hacer de acuerdo al interés nacional, y no dejarle un negocio monopólico y multimillonario a una empresa extranjera”.

Consultado sobre la postura triunfalista de la oposición, Carrera respondió que en el Frente Amplio no saben “qué quería festejar el Partido Nacional”. Aseguró que “las inversiones multimillonarias que llegarían al puerto”, prometidas en su momento por el gobierno anterior, “no llegaron”. Durante su exposición en la Mesa Política, Carrera mencionó que Víctor Rossi citó un informe del Banco Mundial que ubicaría al puerto de Montevideo “entre los peores 25 puertos del mundo”, con una pérdida de “142.000 contenedores por estos cambios” y una reducción de puestos de trabajo.

cuestionamientos sobre la garantía y supuesto juicio

Charles Carrera también se refirió a aspectos financieros del contrato. Subrayó que el artículo 85 de la Constitución asigna a la Asamblea General la competencia para “conceder monopolios, requiriéndose para ello dos tercios de votos del total de componentes de cada cámara”. Por lo tanto, señaló que “eso se tendría que haber discutido en el Parlamento y no se hizo”. Además, realizó una comparación sobre la garantía de fiel cumplimiento, indicando que, según el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera, esta debería ser del 5% del monto del contrato, lo que para 450 millones de dólares equivaldría a 22,5 millones.

“¿Saben de cuánto es la garantía de fiel cumplimiento que el gobierno de Lacalle y de Heber autorizó para esta concesión? 7,6 millones de dólares”, manifestó Carrera. Este punto fue presentado como una discrepancia en los términos financieros del acuerdo. Por otro lado, la senadora Kechichian se refirió a declaraciones recientes de Luis Alberto Heber, en las que este afirmó que el acuerdo con Katoen Natie salvó a Uruguay de un juicio por 1.500 millones de dólares.

Kechichian calificó esa afirmación como “absolutamente falsa”, argumentando que “no hubo ningún juicio ni intención de juicio. Ese juicio no existió nunca, no era un peligro como para que nos llevara a firmar un acuerdo” de tales características. “No nos salvaron de nada, más bien, entregaron buena parte de la soberanía nacional que, por suerte, con este fallo, una buena parte la volvimos a recuperar”, resaltó la senadora. Esta postura busca contrarrestar la narrativa oficialista que justificaba la urgencia y necesidad del contrato.

el pedido de disculpas y el contexto de la investigación

Al final de la conferencia, la prensa consultó a los dirigentes sobre los dichos de Heber, quien la semana anterior había sugerido que los dirigentes del Frente Amplio “tendrían que pedir disculpas públicas” por las acusaciones realizadas a los jerarcas del gobierno anterior. Liliam Kechichian respondió recordando que “hay una persona procesada porque se confirmó que había pedido espiar a dos senadores, Mario Bergara y Carrera”, a quienes se les “investigó la vida para apretarlos en torno al contrato de Katoen Natie”.

“Así que muchos, antes que nosotros, tendrán que pedir disculpas por su comportamiento”, finalizó la senadora. Esta réplica enmarcó el debate no solo en términos jurídicos y económicos, sino también en el contexto de una investigación por espionaje político que ha sido vinculada a las presiones alrededor del contrato portuario. El episodio refleja la profunda controversia que ha rodeado este acuerdo desde su firma, con capítulos que se extienden al sistema judicial.