El pasado 27 de octubre, el escribano español Luis Calabuig de Leyva realizó unas revelaciones que impactaron directamente en el caso de las patrulleras oceánicas encargadas por Uruguay al astillero gallego Cardama, en una entrevista con el semanario Búsqueda.
En aquella oportunidad, el notario indicó que era “posible” que su firma, incluida en un “acta de manifestación” presentada por el astillero, fuera una falsificación. Dicho documento formaba parte de la garantía de fiel cumplimiento emitida por la firma británica Eurocommerce Bank, una entidad que posteriormente se demostró falsa y que, debido a su inexistente actividad, fue eliminada recientemente de los registros mercantiles del Reino Unido.
Al día siguiente de sus declaraciones, el escribano formalizó una denuncia policial en España y ahora dispone de un informe notarial que corrobora de manera contundente sus afirmaciones.
El 8 de noviembre, el gobierno uruguayo recibió un informe de 43 páginas redactado por el notario madrileño Ignacio Martínez-Gil. En el texto, revisado por el periódico La Diaria, el experto determina que las copias del acta entregadas por Cardama al Ministerio de Defensa Nacional (MDN) son “absolutamente falsas” y no fueron emitidas “por ningún notario”.
En su evaluación, Martínez-Gil manifiesta asombro por lo evidente del engaño y por el hecho de que dicha documentación lograra avanzar en el proceso administrativo.
De hecho, describe al acta como una “clara falsificación” realizada por alguien “absolutamente ignorante” de la legislación notarial española, tanto por los errores formales como por el tipo de documento utilizado.
Según Martínez-Gil, con una “lectura superficial” era posible detectar el modus operandi detrás de la operación. Asimismo, afirmó que en su “larga vida profesional” nunca había visto un acta de manifestaciones con esas características.
El informe examinó cuatro aspectos de la garantía de fiel cumplimiento presentada por Eurocommerce: la validez formal de las actas, los elementos sustantivos, la eficacia del testimonio notarial del aval y el derecho del MDN a solicitar copias al notario que supuestamente autorizó el documento.
Las conclusiones están siendo analizadas en el MDN y en Presidencia, y se integrarán esta semana a la denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Complejos, a cargo del fiscal Alejandro Machado.
Previamente, durante la negociación con el astillero, el estudio Delpiazzo Abogados alertó en repetidas ocasiones a la anterior administración del MDN sobre “desprolijidades” en la documentación aportada por Cardama, incluyendo la copia del acta con la presunta firma de Calabuig de Leyva. A pesar de ello, el gobierno procedió con la compra de las dos embarcaciones, valoradas en 82 millones de euros.
Al validar la garantía presentada por Cardama, las autoridades del MDN aceptaron un acta de manifestación en la que supuestamente Calabuig certificaba que Francisco Sabater Cabanes se había presentado en su estudio para asegurar que Alex Walsh tenía “facultades suficientes” para firmar el aval en nombre de Eurocommerce. Dicho aval, superior a cuatro millones de euros, era indispensable para autorizar el pago de la primera cuota del contrato firmado en diciembre de 2024, cuyo monto era de unos ocho millones de euros.
Para Martínez-Gil, el propósito del acta era “reforzar la apariencia de regularidad” de la operación, pero el desconocimiento de la normativa notarial española condujo a la utilización de un documento “poco propicio a sus aviesas intenciones”. El notario expresó sorpresa ante el contenido del acta: “En toda mi larga vida profesional he visto un acta de manifestaciones con este contenido. Ni siquiera se explica por qué el otorgante está, a su vez, en condiciones de emitir ese juicio”, escribió.
El informe detalla que el procedimiento habría consistido en “extraer o desgajar” el último folio de una copia auténtica expedida por Calabuig de Leyva para luego adherirlo a un documento falso impreso en papel timbrado ordinario “elaborado ad hoc por el interesado”.
Durante el análisis, encontró, además, un elemento que calificó como “sorprendente”: el acta tiene fecha del 25 de noviembre de 2024, pero las copias presentadas ante el MDN figuran como expedidas el 26 de noviembre. Y, pese a ello, el documento sostiene que ya se habían emitido otras dos copias el 14 y el 18 de noviembre, lo que el notario consideró “ontológicamente imposible”. “No cabe expedir copia de un documento no otorgado y que todavía no existe”, indicó, reforzando la tesis de la falsificación.
Al finalizar, Martínez-Gil afirma que el MDN está “plenamente legitimado” para solicitar información al supuesto notario autorizante, Calabuig de Leyva, quien tendría interés en colaborar para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. Todavía no está claro, subraya, qué otras personas pudieron haber intervenido en la maniobra.
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