Jutep tiene denuncias sin resolver de hasta 5 años de antigüedad: son más de 400 casos en espera

Ana María Ferraris, la nueva presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), enfrenta una tarea titánica al dirigir un organismo que no solo acumula más de 400 denuncias, algunas de las cuales están pendientes desde 2020, sino que también busca reformar y optimizar su funcionamiento.

En una entrevista reciente, concedida al diario El País, Ferraris subrayó la urgencia de implementar cambios significativos en la gestión y establecer un marco claro para el tratamiento de estas denuncias.

Al iniciar su gestión, Ferraris se encontró con un caos administrativo. “Estimamos que hoy hay un poco más de 400 denuncias acumuladas”, declaró, añadiendo que esto responde a un proceso acumulativo. Reconoció que “hay denuncias de 2020 todavía”, poniendo de relieve la ineficiencia del organismo en su tarea de seguimiento y resolución de casos.

 

La presidenta también destacó que una de las razones del retraso en el tratamiento de las denuncias es la falta de claridad en las reglas que determinan qué casos debe atender la Jutep. “Al no estar claras las reglas, entró de todo”, afirmó, enfatizando que es esencial revisar cómo se están procesando las denuncias para evitar que el organismo se convierta en un cuello de botella.

 

Ferraris busca que se dé un cambio de paradigma

Ferraris propone que el enfoque de la Jutep cambie radicalmente. “No podemos ser un depósito de denuncias; tenemos que establecer reglas claras para el denunciante y para los funcionarios que tienen que trabajar en la instrucción de esas denuncias”, insistió. Para lograr esto, considera vital reglamentar los cambios que se introdujeron en la Ley Cristal mediante un nuevo decreto que facilite la operación del organismo.

La gestión del pasado ha sido criticada por Ferraris, quien la califica de “muy deficitaria”. Al respecto, comentó: “Con las denuncias no estamos siendo eficientes. Si tenemos más de 400 y algunas vienen de 2020, algo se está haciendo mal”. Este reconocimiento de las falencias previas demuestra su voluntad de transformar la situación actual.

Ética pública y corrupción: casos de hasta 5 años

En su análisis de la situación en las intendencias, Ferraris no esquiva la realidad de que algunas prácticas “pueden ser consideradas como al menos reñidas con la ética pública”. Mencionó que “hay un cierto grado de naturalización de algunas prácticas en algunos lugares”, identificando que esto es un problema que trasciende a un solo partido político. Sin embargo, destacó que la solución a estos desafíos competirá a la sociedad en su conjunto. “Es la sociedad toda la que tiene que dar esa batalla cultural”, afirmó.

Sobre las denuncias de oficio, Ferraris dejó claro que tiene la obligación de actuar cuando tome conocimiento de situaciones de corrupción. “Cualquiera de nosotros que tome conocimiento de situaciones de corrupción tiene el deber de denunciarlo”, dijo, planteando un cambio en la postura del organismo respecto a la proactividad en la lucha contra la corrupción.

Asimismo, resaltó la necesidad de contar con más recursos humanos para enfrentar el aluvión de trabajo que se avecina. Actualmente, solo tiene a su disposición dos funcionarias encargadas de manejar las declaraciones juradas, lo que provoca dificultades en la gestión. “Es crucial fortalecer un área vital que es la que tiene que ver con las declaraciones juradas”, subrayó Ferraris.

Uno de los puntos más críticos que abordó fue la falta de potestad sancionatoria de la Jutep. Aseguró que la ley habilita a sancionar a través de multas, pero que hasta ahora no se ha podido aplicar debido a la falta de reglamentación. “La reglamentación nos va a ayudar a poder cumplir”, afirmó, evidenciando su compromiso por mejorar la eficiencia del organismo.