Comisionado para el sistema carcelario “demolió” el proyecto para excarcelar a mayores de 65 años
El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit rechazó de plano el proyecto de Ley de Cabildo Abierto para otorgar prisión domiciliaria a reclusos mayores de 65 años, porque se beneficiarían aquellos sentenciados que cometieron delitos graves y muy graves (delitos sexuales y violaciones a los derechos humanos).
En las últimas horas, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, presentó un informe ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado sobre el proyecto de Ley de Cabildo Abierto para otorgar prisión domiciliaria a aquellos condenados y procesados mayores de 65 años.
“Hoy estuvo en el Senado el comisionado parlamentario, Miguel Petit. Con fundamentos jurídicos y conocimiento del sistema carcelario demolió el proyecto de Ley para excarcelar a presos mayores de 65 años”, expresó el senador frenteamplista, José Carlos Mahía.
Petit indicó que “serían beneficiarios 180 reclusos de un total de 14.100 presos que hay en la actualidad en Uruguay”.
Añadió que de los 180 presos mayores de 65 años, “el 40% está detenido por delitos sexuales, el 14% por violaciones a los derechos humanos, y también se beneficiarían otros sentenciados por delitos graves o muy graves”, dijo Petit según así lo consignó Mahía.
Error técnico importante
Petit presentó un informe en el cual asegura que es un amplio defensor de las medidas alternativas o sustitutivas de la prisión, porque son más humanistas y eficientes para la rehabilitación del sancionado. Sin embargo, remarcó que es un “error técnico importante que la prisión domiciliaria para mayores de 65 años sea automática, preceptiva, de oficio, y que no se estudie caso a caso”.
Petit indico que el hecho de estar de acuerdo con las medidas alternativas a la prisión “no puede afectar otros principios del derecho penal ni anular los roles de las partes en el proceso, es decir, el juez, la fiscalía, la defensa e, incluso la participación de la víctima”.
Manifestó que tales medidas “no pueden ser adoptadas de forma general y automática sin analizar las diferentes situaciones penales”, y “sin estudiar las particularidades de los autores de hechos”.
Petit recordó que la normativa vigente “ya permite soluciones humanitarias para presos como la edad avanzada, la enfermedad, y situaciones familiares o sociales”.
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