SUTEL denuncia ilegalidades e irregularidades en modificaciones de portabilidad numérica

A través de un comunicado, SUTEL asegura el reglamento de “portabilidad numérica” aprobado por el Poder Ejecutivo y el llamado al proceso competitivo para la selección de base de datos son “una vulgar copia descarada” de los documentos aprobados en Colombia y Chile, respectivamente.

Afirma que “estos dos países han “arrasado con sus empresas públicas de telecomunicaciones sin mejorar la calidad de servicio ni la accesibilidad a los mismos por parte de la población”.

La portabilidad numérica permite a los usuarios de telefonía móvil cambiar de prestador conservando el número de teléfono celular.

Ilegal

El sindicato de las telecomunicaciones manifiesta que “sea cual sea el administrador de base de datos seleccionado por el Comité de portabilidad numérica, es absolutamente ilegal que se le imponga a las empresas la contratación del mismo, especialmente en el caso de ANTEL, cuyas contrataciones están reguladas por el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF)”.

SUTEL cuestiona, además, que en el Comité de portabilidad numérica -que funciona en la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (URSEC)- no participaron los trabajadores de las telecomunicaciones, ni la academia, ni los usuarios y, además, no hubo mecanismos de consulta pública ni de participación ciudadana”.

El gremio considera que “la portabilidad numérica no es un beneficio para el usuario, sino un gran negocio para las empresas multinacionales” que buscarán aumentar su número de usuarios en perjuicio de ANTEL.

Arrasar con las empres públicas

Asimismo, SUTEL denuncia que “la idea del Gobierno es arrasar con las empresas públicas y con las inversiones realizadas por Uruguay para ponerlas al servicio del capital extranjero, expoliando y saqueando el patrimonio nacional”.

Desde SUTEL se ratificó la postura contraria a esta clase de políticas neoliberales, y se remarcó la defensa de la soberanía nacional mediante la recolección de firmas para habilitar un referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración.