El Tribunal de Cuentas observó gastos de dos contratos de Salto: habrían ingresado militantes blancos y colorados

El Tribunal de Cuentas observó gastos de dos contrataciones de la Intendencia de Salto con la Fundación Rutas de Impacto y la Asociación Civil Casa Abierta. El periodista Diego Martini Lemos señaló el caso y afirmó que la mayoría de las 261 personas contratadas son militantes colorados y blancos. También sostuvo que Rutas de Impacto fue presentada por Pilar Lacalle Pou.

En un informe fechado el 15 de octubre de 2026, el gobierno departamental indicó que 261 personas desempeñaron tareas a través de ambas organizaciones durante septiembre, de forma rotativa y con distinta carga horaria. La comuna sostuvo que los gastos observados fueron posteriormente reiterados por resolución del intendente y defendió la validez de los procedimientos de contratación.

Falta de fondos y reparos a los criterios de evaluación

Uno de los informes del Tribunal de Cuentas señala que no pueden comprometerse gastos sin disponibilidad suficiente en el rubro de imputación contable. Ese reparo remite al artículo 15 del TOCAF y aparece en ambos fragmentos. La objeción presupuestal integra, por tanto, los fundamentos expuestos por el organismo, junto con otros cuestionamientos al procedimiento.

El primer fragmento también indica que el pliego establecía factores de ponderación, pero no determinaba los criterios objetivos para asignar los ítems correspondientes a antecedentes del proveedor y servicios de capacitación al personal. El Tribunal vinculó esa carencia con el artículo 48, literal C, del TOCAF. En su parte resolutiva dispuso observar el gasto por los considerandos 3 a 5.

Qué afirmó el periodista Diego Martini Lemos

En el texto atribuido a Diego Martini Lemos y facilitado para esta nota, el periodista relacionó las observaciones con inconsistencias en los pliegos y se refirió a 261 funcionarios contratados. Sobre su pertenencia política, afirmó que “la mayoría son militantes colorados y blancos”. Esa caracterización corresponde al periodista; los documentos aportados no detallan afiliaciones ni militancias partidarias.

Martini Lemos también describió a Rutas de Impacto como “presentada por Pilar Lacalle Pou”. Esa vinculación se recoge como una afirmación suya y no surge de las páginas adjuntas. El informe municipal identifica a las dos organizaciones contratadas, pero distingue una fundación y una asociación civil, y sitúa la cifra de 261 personas en las tareas realizadas durante septiembre.

El estatuto de la fundación también recibió un cuestionamiento

En el segundo fragmento, el Tribunal expresa que de la descripción del objeto establecida en el estatuto de la fundación adjudicataria no surge que esté habilitada estatutariamente para brindar servicios de suministro de mano de obra a terceros, de manera implícita o explícita. Es un señalamiento específico sobre la correspondencia entre su objeto y los servicios contratados.

La parte resolutiva de ese documento observa el gasto por los considerandos 1, 3 y 7. Como las imágenes corresponden a páginas parciales, no permiten reconstruir todos esos fundamentos ni identificar desde sus encabezados el expediente de cada resolución. El cuestionamiento estatutario es visible, aunque no aparece incluido entre los considerandos enumerados expresamente en esa decisión final.

Qué informó Salto sobre Rutas de Impacto

Según el informe departamental, la Fundación Rutas de Impacto fue contratada mediante licitación pública y firmó su contrato el 15 de junio de 2026, por un plazo anual. La Intendencia indicó que la modalidad, el objeto y la duración del vínculo quedaron establecidos en el procedimiento licitatorio correspondiente.

El costo informado para esa contratación consiste en un 4% por administración general sobre el costo laboral, más un cargo fijo de $280.000 más IVA. El documento no precisa la periodicidad de ese cargo fijo ni detalla el costo laboral utilizado como base, por lo que esos datos no permiten establecer el importe total del contrato.

Las condiciones del contrato con Casa Abierta

La Asociación Civil Casa Abierta también fue contratada mediante licitación pública, de acuerdo con la respuesta oficial. Su contrato se firmó el 16 de junio de 2026 y tiene un plazo anual. La comuna presentó ambos vínculos como parte de los servicios destinados a atender necesidades operativas de la administración departamental.

Para Casa Abierta, el informe detalla un 5% por administración general sobre el costo laboral, más $145.000 fijos, $540 por trabajador y $7.500 por talleres. Tampoco especifica la periodicidad de todos esos componentes. Las condiciones económicas de ambas organizaciones tienen porcentajes y cargos diferentes y no incluyen, en esa respuesta, una liquidación global del gasto.

Las 261 personas y los servicios a la Intendencia

El informe sitúa las funciones, actividades y servicios en los pliegos vinculados a los expedientes 2973/2026 y 1708/2026. Señala que ambas organizaciones prestan servicios al Gobierno de Salto para optimizar la atención y las prestaciones destinadas a la ciudadanía, con tareas que responden a las necesidades operativas de la administración.

La cifra de 261 personas corresponde a septiembre de 2026 y reúne a quienes trabajaron a través de las dos entidades. El documento no ofrece un desglose por organización ni identifica cargos, remuneraciones o duración individual de los vínculos. Tampoco presenta ese total como 261 incorporaciones directas a la plantilla de funcionarios municipales.

La respuesta de la comuna ante las observaciones

La Intendencia de Salto reconoció la intervención del Tribunal y afirmó que los gastos fueron reiterados por resolución del intendente. En su explicación sostuvo que las observaciones no afectaron la validez de los procedimientos y las describió como un reforzamiento de los controles administrativos previstos para ejecutar los contratos. Esa es la posición expresada por el gobierno departamental.

Los textos del organismo de contralor, por su parte, exponen objeciones concretas a los procedimientos y a la disponibilidad de fondos. El informe municipal confirma la continuidad de las contrataciones, pero no detalla medidas de corrección para cada reparo. Así, la respuesta de la comuna y los fundamentos visibles del Tribunal presentan alcances distintos sobre las contrataciones observadas.

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