Aportar información sobre el destino de desaparecidos no debe ser una moneda de cambio

Este viernes 1º de febrero el novel jefe del Estado Mayor de la Defensa (ESMADE), general Alfredo Erramún, dijo que está dispuesto a buscar una solución “sensata y equilibrada” para conocer el destino de los detenidos – desaparecidos durante la pasada dictadura cívico-militar.

“Creo que tenemos que recurrir a los que saben y hablar con ellos”, expresó el militar, y en tal sentido remarcó que se deben brindar “garantías a quienes puedan tener información valiosa”.

A raíz de tales declaraciones de Erramún, LARED21 conversó con Olivera quien recordó que “en el tema de la verdad sobre los crímenes del terrorismo de Estado ya ha habido una reflexión a nivel internacional y de la humanidad que tiene que ver con las declaraciones del magistrado Louis Joinet, defensor de los derechos humanos y la libertad de los uruguayos durante la dictadura.

En tal sentido dijo que “los adjetivos de determinadas condiciones no son un problema de ‘sensatez’, sino de ajustarse a las recomendaciones del derecho humanitario, a partir de las cuales se deben entender las responsabilidades que tienen los funcionarios de Estado que poseen información vital para el fortalecimiento de la vida democrática”.

El representante del Observatorio rechazó los intentos de plantear el tema de la verdad como si entregar información fuera una moneda de cambio. “Es decir, doy información sólo si tengo determinadas garantías. ¿Garantías de qué?”.

Recordó que cuando el Estado comenzó a investigar, a partir de las Justicia, de las denuncias de las víctimas y de la documentación, la información apareció como una “moneda de cambio” y en ese sentido es “inaceptable para una sociedad que quiera saldar el tema en forma adecuada”.

Olivera dijo también que la salida de Sudáfrica (la cual Erramún planteó como un camino a seguir), no fue una buena experiencia, porque luego de la violencia generada por el apartheid se acordó no penar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad a cambio de información sobre el destino de las víctimas.

“Nos encontramos ante acciones de carácter criminal. A ningún asesino la sociedad le plantea, a través de la Justicia, que dé determinada información y se lo perdona. Hay cosas que deben transitar las obligaciones que establecen las normativas internacionales y la Convención sobre Desaparición Forzada, la que sí plantea un atenuante para quienes teniendo información la aportan. Pero en ningún momento propone que esa información implica eximir de responsabilidades”, agregó.

Olivera remarcó que de las palabras del jerarca castrense “queda claro que efectivamente existe información, pero que no se plantea en función de que de ello pueden sobrevenir determinadas responsabilidades”.

Añadió que si bien la forma de exponerlo “varía”, porque se ha pasado de decir que no existe información a que sí puede existir, de todos modos, en esencia, se plantea más de lo mismo.

Crímenes, torturas y delitos sexuales

Por otro lado, Olivera mencionó que en el discurso del jerarca militar también está implícito “que los derechos humanos son sólo la desaparición de las personas y vinculado a ello la aparición de los restos. Pero el tema de los derechos humanos es mucho más amplio”.

Remarcó que la sociedad ha superado esa etapa donde lo central era sólo la desaparición, y se pasó a otra instancia “en la cual en todas las sedes penales están radicadas denuncias que van más allá de la desaparición y se refieren a crímenes, torturas y delitos sexuales”.

Indicó que no se puede pensar en resolver el tema de los derechos humanos solo con encontrar los restos de los desaparecidos, porque ello es una visión que retrotrae a una estrategia que existió a la salida de la dictadura. “No es correcto desde el punto de vista del derecho, ni de las obligaciones de una sociedad democrática”.