Nuevo juicio contra el Proyecto Neptuno: Organizaciones sociales buscan nulidad del contrato

Tras el cierre del proceso judicial iniciado en 2023, las organizaciones ambientalistas preparan una nueva demanda por entender que las medidas solicitadas originalmente ya no tienen propósito. La controversia en torno a la construcción del proyecto Neptuno ha generado un complejo entramado legal, protagonizado, entre otros actores, por la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad de la República, en representación de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV) y la Agrupación Los Tucu Tucu de San José.

El abogado Juan Ceretta es una de las voces principales de esta estrategia jurídica, que busca detener la iniciativa privada por su impacto ambiental y su aparente contradicción con los principios constitucionales relativos al acceso al agua potable.

En las últimas semanas, la estrategia legal tomó un cambio de rumbo. El 6 de febrero, las organizaciones patrocinadas por la clínica decidieron solicitar que se desestimen los juicios iniciados en 2023 contra el Poder Ejecutivo, acción que fue aceptada por el juez Federico Tobía en una resolución del 26 de febrero, documentos a los que accedieron medios de prensa.

“Nosotros ya desistimos del juicio”, explicó Ceretta, pero enfatizó en que esto no implica renunciar a la lucha contra el proyecto, sino reconocer la inviabilidad de continuar con una estrategia legal que buscaba evitar la firma de un contrato ahora ya consumado.

Por eso apuntan a una nueva acción judicial contra el proyecto Neptuno, que busca anular el contrato firmado entre el Estado uruguayo y el Consorcio Aguas de Montevideo.

El Proyecto Neptuno, más cuestionado que popular

El proyecto Neptuno apunta a fortalecer el abastecimiento de agua potable del área metropolitana de Montevideo con la construcción de una toma sobre el Río de la Plata en la zona de Arazatí (San José). Los altos niveles de salinidad del agua y la presencia de cianobacterias en esa área son algunos de los principales cuestionamientos técnicos que se han hecho al proyecto, además de los costos y los efectos que los pagos requeridos tendrían en las finanzas de OSE.

 

En diálogo con la prensa, Ceretta recordó que en julio de 2023 las organizaciones presentaron una medida cautelar de no innovar y luego una acción de requerimiento con una triple finalidad: que OSE no firmara el contrato con el consorcio de empresas adjudicatarias de la licitación; que el Ministerio de Ambiente no otorgara la Autorización Ambiental Previa (AAP), y que el Ministerio de Salud Pública (MSP) elaborara un estudio exhaustivo sobre la calidad del agua del Río de la Plata en la zona de Arazatí para consumo humano.

Desde entonces se desencadenaron varios vaivenes jurídicos, en las que, a entender de Ceretta, “nunca hubo un pronunciamiento judicial sobre el fondo del asunto, salvo la sentencia del juez Alejandro Recarey”, quien dictó una medida cautelar revocada poco después, que ordenaba a OSE a no firmar el contrato y suspender las obras en Arazatí.

“Pero el contrato se firmó, la AAP se concedió y el MSP no hizo el estudio que solicitamos, por lo que el juicio quedó vacío de contenido por la vía de los hechos”, explicó Ceretta al semanario Búsqueda. Incluso mencionó que, ante esta nueva realidad, el juez Tobía emitió un decreto dirigido a las partes demandantes en el que consultaba cómo deseaban continuar el proceso, en el entendido de que las medidas originalmente solicitadas habían perdido su razón de ser.

“No desistimos de la pretensión, sino del proceso que se había iniciado, por lo que el juicio se puede reformular”, explicó el abogado. Según contó, tras un análisis de la realidad actual, la clínica les propuso a las organizaciones que patrocina iniciar un nuevo juicio.

para Ceretta, hay que buscar el momento “oportuno” para esperar a que las nuevas autoridades del gobierno de Yamandú Orsi se expidan y tomen posición respecto al proyecto. 

La estrategia legal buscará fundamentar la nulidad en la vulneración de normas de orden público, particularmente la protección del ambiente, consagrada en el artículo 47 de la Constitución. Adicionalmente, argumentará que el contrato contraviene la reforma del mismo artículo, que establece que el abastecimiento de agua potable debe ser prestado exclusiva y directamente por personas estatales, y que toda disposición que vulnere este principio deberá ser dejada sin efecto.

Por otro lado, aún no definieron qué tipo de nulidad se reclamará (si es absoluta o relativa) ni en qué aspectos se basará la justificación (como ilicitud de la causa del contrato o del objeto), puntos que aún están siendo discutidos.