“Las principales cuencas del Uruguay tienen indicadores de mala calidad del agua”

En este mundo post Pandemia ¿cuál es la situación ambiental de América Latina?

Es apropiado dividirlo en tres escalas, la escala país en nuestro caso Uruguay, la escala continental donde vemos lo que sucede en América del Sur, y la escala global. En la escala continental, es relevante destacar, aunque los medios de comunicación insistieron que iba a aflojar la presión sobre el ambiente, eso no ocurrió. En Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES), estamos haciendo un seguimiento prácticamente diario de la gestión ambiental de los países de la región y lo que sucedió es a la inversa. Producto de la crisis económica que ya venía en marcha, en varios países se agravó con la Pandemia, todos los gobiernos sin excepción, han apostado a incentivar la extracción de recursos naturales para aumentar las exportaciones, suponiendo que con eso tendrán más ingresos económicos y podrán revertir la recesión y la crisis económica. Tenés que en plena Pandemia, estaba liberalizado el sector minero en Perú, hasta las medidas de flexibilización ambiental en Brasil tomadas por (Presidente) Jair Bolsonaro, que desembocaron en más de 40.000 focos de incendios forestales el año pasado (2020), y un nuevo pico de desforestación en la Amazonia. Para poner más ejemplos, en Argentina con los Fernández, tanto en la Presidencia (Alberto Fernández) como en la vicepresidencia (Cristina Fernández), el “Kichnerismo” apuntó a reactivar el fracking y la extracción de hidrocarburos. En el otro extremo en Colombia, se apuesta a reactivar el sector petrolero, incluyendo actividades piloto de fracking para alimentar esa exportación. En Bolivia, con el regreso del Movimiento al Socialismo (MAS) al gobierno, la frontera que tienen, lugar a salvo del ingreso de petroleras y mineras, con la expansión del monocultivo que está en los territorios indígenas o las áreas protegidas, la presión es en esos ambientes. Dentro de todo este panorama, lo que más llama la atención, es la expansión brutal que está teniendo la minería de oro a pequeña escala, que es ilegal e informal. Hay un mercado global que tiene avidez por el oro por motivos estéticos, incluye el negocio de las joyerías, y además como refugio y salida a la crisis. Son decenas de miles de pequeños mineros que extraen oro en ríos y arroyos, principalmente en la región andina y amazónica, y eso implica destrucción y la contaminación con mercurio, que es lo que se utiliza para separar el oro. Está asociado a niveles de violencia “brutales” porque hablamos de tráfico ilegal. Incluso vinculado a la explotación de mujeres, vinculado a grupos armados en Colombia, y así sucesivamente. Esta es la situación del continente.

Todas las grandes cuencas del país, todo el sistema hídrico del país, todos ellos tienen indicadores de mala calidad del agua y contaminación en diferentes grados y con diferente incidencia.

¿Qué sucede en particular en Uruguay?

Uruguay no está ajeno a esa tendencia, la apuesta sigue siendo a incentivar exportaciones en los rubros primarios. En el caso de Uruguay, está en mantener el paquete de la soja y el paquete forestal, pasta de celulosa, que se ve con la inversión de la nueva planta que tendremos en el centro del país (UPM). Estos efectos de presión sobre el ambiente, implican mantener las causas y los factores que alimentan los principales problemas ambientales que tiene el país. En mi opinión, los mayores problemas no están tanto en la basura de la ciudad, de la que se quejan los vecinos, sino que están en el medio rural, que son la contaminación de suelos y de aguas, y el progresivo arrinconamiento de las poquísimas áreas naturales que quedan en el país. Dentro de este paquete, las luces rojas están en la contaminación del agua. Todas las grandes cuencas del país, todas las cuencas hidrográficas, todo el sistema hídrico del país, todos ellos tienen indicadores de mala calidad del agua y contaminación en diferentes grados y con diferente incidencia.

Los planes de OSE para mejorar la potabilización del agua, implicó que se nos aumente la tarifa de OSE. Ya venía del gobierno anterior, cuando la consecuencia de esos problemas en el agua de la Cuenca del Santa Lucía, está claramente demostrado en la contaminación difusa, contaminación de centenas de enclaves agropecuarios, desde tambos hasta cultivos, donde cada uno arroja un “poquito” de contaminante al suelo y al agua, entonces en vez de atacar las causas, OSE le pone a la población una carga económica para lidear con las consecuencias.

¿No ves políticas activas para mitigar esa contaminación?

Hay una gestión estatal que intenta abordar el problema. Tiene dos grandes limitaciones, lo hace abordando las consecuencias y tiene enormes dificultades para atacar las causas de donde se origina la contaminación, y apunta a limpiar el agua. El ejemplo, los planes de OSE para mejorar la potabilización del agua, implicó que se nos aumente la tarifa de OSE. Ya venía del gobierno anterior, cuando la consecuencia de esos problemas en el agua de la Cuenca del Santa Lucía, está claramente demostrado en la contaminación difusa, contaminación de centenas de enclaves agropecuarios desde tambos hasta cultivos, donde cada uno arroja un “poquito” de contaminante al suelo y al agua, entonces en vez de atacar las causas, OSE le pone a la población una carga económica  para lidear con las consecuencias. Por otro lado, en la institucionalidad, la partición del viejo Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, se lo partió en dos y ahora tenemos un Ministerio de tema ambiental, que no resolvió que una enorme cantidad de competencias ambientales siguen estando dentro de ganadería, agricultura y pesca, entonces todos los conflictos, tensiones y contradicciones, se siguen repitiendo con esa cartera. Es como si hubieran partido en dos el Ministerio de Industria y Energía o el de Obras Públicas, el fortalecimiento institucional y el ordenamiento de competencias no se efectivizó.

Se han encontrado residuos de herbicida glifosato en el agua potable en distintos sitios. Si se hiciera un seguimiento de estas trazas, de estos remanentes sea en el agua que tomamos, como por ejemplo, copiando la práctica argentina que se analiza la orina si hay residuos de glifosato, sospecho que se encontrarían restos de residuos de glifosato ingerido en alimentos y bebidas.

El País publicó, que OSE encontró niveles de arsénico no permitidos en el agua de más de 150 localidades del interior del país ¿Te sorprendió?

No me sorprendió, porque cada tanto se repite, es un problema ya conocido en el país, debería ser atacado porque además del componente ambiental, es claramente un componente sanitario. Esta es otra de las particularidades de la cuestión ambiental, muchas veces las reacciones ciudadanas y con ello las reacciones políticas, están cuando hay afectación grave o aguda de la salud pública, pero también hay problemas de calidad del agua más crónico de mediano y largo plazo, alguno de ellos no vinculados a la salud humana pero que pueden afectar nuestra fauna y flora. También es importante recordar que se han encontrado residuos de herbicida glifosato en el agua potable en distintos sitios. Si se hiciera un seguimiento de estas trazas, de estos remanentes sea en el agua que tomamos, como por ejemplo, copiando la práctica argentina que se analiza la orina si hay residuos de glifosato, sospecho que se encontrarían aquí en Uruguay restos de residuos de glifosato ingerido en alimentos y bebidas. Recuerdo en los exámenes que se hacen en el hemisferio norte y el herbicida aparece en un amplio abanico de alimentos y bebidas, recuerdo cuando encontraron residuos de glifosato en diferentes localidades europeas en prácticamente en todas las marcas de cerveza. Ese es el grado de pequeñas contaminaciones cotidianas, que nosotros estamos inmersos todos los días.

Los impactos ambientales tienen repercusiones en la salud del consumidor de alimentos y en paralelo, tiene implicaciones en los vínculos comerciales del país. Aún para aquellos que crean que es irrelevante la calidad del ambiente, si pretenden mantener corrientes exportadoras de agroalimentos, el control de la calidad de esos productores es inevitable. ¿Por qué? Porque hay otras sociedades, otros países que quieren comer sano, entonces no nos van a aceptar alimentos contaminados.

El ingreso de la miel uruguaya en el mercado alemán tuvo problema en ese sentido, encontraron trazas de glifosato. ¿Fue por eso?

Exacto. Los impactos ambientales tienen repercusiones en la salud del consumidor de alimentos y en paralelo, tiene implicaciones en los vínculos comerciales del país. Aún para aquellos que crean que es irrelevante la calidad del ambiente, si pretenden mantener corrientes exportadoras de agroalimentos, el control de la calidad de esos productores es inevitable ¿Por qué? Porque hay otras sociedades, otros países que quieren comer sano, entonces no nos van a aceptar alimentos contaminados. A menos, a veces tengo la duda, que la estrategia sea exportar a mercados de segunda, con bajos precios, para alimentos del tipo carne para hacer hamburguesas o granos para alimentar cerdos, por lo tanto, son de menor exigencia sanitaria, ese nicho de mercado exportador es de bajos precios, intermitente y de mala calidad. Uruguay debería apostar a alimentos de calidad, si dice que el país es “natural”, el agroalimento que exporta también tiene que ser natural.

En Canelones principalmente, los pequeños productores denuncian la incompatibilidad de sus establecimientos y la vecindad con los que plantan soja y usan agroquímicos. También en el MGAP reciben denuncias por el uso de agroquímicos. Ponen multas pero todo sigue igual ¿es así?

 

Eso es cierto. No siempre es fácil la inspección del MGAP. Esa fiscalización llega después del acto de la contaminación y no es sencillo ni factible que los evaluadores ingresen en los predios denunciados. Hay muchas trabas para la denuncia ciudadana. Hay varias respuestas en distintos niveles. Por un lado, hay respuestas que podemos llamar de emergencia. Esto refuerza lo que decía antes, la fiscalización y control de los temas ambientales, tiene que estar en el Ministerio de Ambiente, y de los temas sanitarios, debe estar en el Ministerio de Salud Pública. No puede ser el propio MGAP el que incida en la evaluación de estrategias productivas intensivas que ellos mismos fomentan. Es indispensable un ordenamiento institucional. En segundo lugar, hay que iniciar una discusión en el país, ha habido avances en Canelones, que recibe el título de zonificaciones ecológicas y económicas, donde el territorio se ordena y se decide que se puede hacer en una región y que no se puede hacer. Eso en Uruguay es necesario debatirlo, enfrenta limitaciones culturales, limitaciones de la idiosincrasia política de los actores responsables de la gestión y depende también del papel de las intendencias, hay regiones que limitadas de esta manera, involucran a más de un departamento. Esa discusión, incluso normativa, se da en varios países. Por ejemplo en Brasil, se podrá decir que funciona bien o mal pero está implementado. En paralelo, el país tiene que comenzar a analizar qué estrategia agropecuaria intensiva es viable o no con los características de los ecosistemas uruguayos, además con el futuro inminente que se dé, porque estamos en un escenario global de aumento sostenido del precio de los insumos para esa agricultura intensiva asociada al aumento del precio del petróleo y aumento en el costo de la energía. Al mismo tiempo, creciente demanda de los consumidores, que no  quieren alimentos contaminados, a esto se suman fuertes presiones para reducir la huella de emisiones de gases de efecto invernadero en la ganadería y la agricultura, también en el comercio exterior, y cada vez más encarecimiento de los frentes marítimos. La agropecuaria de exportación que llegará en el día de mañana, no es la de anteayer, por condiciones que Uruguay no maneja. Son consecuencias directas de este vínculo asociado a la crisis de los energéticos, a la demanda de otra calidad de productos y al cambio climático. Eso Uruguay no lo discute. Cada vez que aparece una innovación en el sector agropecuario a nivel global, las reacciones del empresariado rural uruguayo son muy de la antigüedad. Rechazan la discusión sobre el Cambio Climático o reaccionan cuando aparece el fenómeno de la carne sintética, diciendo que le enviarán una carta a Bill Gates invitándolo a probar carne uruguaya. Eso no es respuesta racional y efectiva para liderar con esta problemática global.

Ese sistema de certificación participativo, reconocido desde hace muchos años por el MGAP, funcionaba con bemoles pero funcionaba, y en vez de mejorarlo y de potenciarlo, y amparar este tipo de agricultura más en este tiempo de Pandemia, el gobierno conminó a las organizaciones, a suspender estas certificaciones y anuncian que será remplazada por un sistema de terceras partes, y lo que te imaginas es el arribo de empresas privadas certificadoras para otorgar sellos.

Denunciaste está situación que se está dando con la certificación de los productos agropecuarios, que el MGAP dejó sin efecto la metodología que se usaba hace mucho tiempo y que a tu criterio ¿afecta a la agroecología?

Sí, en Uruguay existe un importante nicho de productos agroecológicos orgánicos que tienen ese rótulo, donde la enorme porción de esto está afincado en la ganadería. Es carne que accede a certificación y que es exportada y que tiene su propio sistema de evaluación, dependiendo de los compradores internacionales que exigen sellos que avalen esa condición que son otorgados por empresas certificadoras que actúan en el mercado internacional. Pero en paralelo, hay un nicho más pequeño en superficie pero más importante en número de productores,  que abarca a 750 productores orgánicos, que venden frutas, hortalizas, etc., dentro del mercado nacional, que lo pueden ver en supermercados o en la tienda del barrio, o en los circuitos de comercialización, donde se encargan las canastas de productos orgánicos para la semana. Esto estaba animado por diferentes colectivos de agroecología y que mantenía  desde hace años un sistema de certificación participativo, los productores involucrados a los consumidores. Es importante, porque los consumidores quieren saber qué es lo que compran y comen, y además conocer a los técnicos. Ese sistema de certificación participativo, reconocido desde hace muchos años por el MGAP, funcionaba con sus bemoles, pero funcionaba, y en vez de mejorarlo y de potenciarlo, y amparar este tipo de agricultura más en este tiempo de Pandemia, el gobierno conminó a las organizaciones, a suspender esas certificaciones y anuncian que será remplazada por un sistema de terceras partes, y lo que te imaginas es el arribo de empresas privadas certificadoras para otorgar sellos. A la vez tomamos conocimiento, que está negociando una ayuda financiera con el Banco Mundial, para potenciar la agroecología. Lo raro de los “borradores” de ese proyecto, es que parece que no existía, que no estaba la agroecología, que no había sellos antes y que no estaban estos 750 productores, sino que parecería que se empieza de 0. Tomé conocimiento también, que se crea una comisión de la transición ecológica, para encaminar este proceso, y de nuevo como que antes no ocurría nada. Aquí hay que reconocer actividades en marcha y actores que tienen mucha más experiencia que varios de los recién llegados a esta discusión en el MGAP. En vez de iniciar desde cero, potenciar lo que ya existe, privilegiando su experiencia y protegiendo esa actividad.