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¿Podrán votar en uruguayos en el exterior en 2029? Nuevas acciones buscan darles el derecho

El Senado desarchivó el proyecto en 2025. Con todo el Frente Amplio a favor, aún faltan cuatro votos en el Senado y 18 en Diputados.

Un proyecto de ley podría darle el derecho al voto consular a los uruguayos
Un proyecto de ley podría darle el derecho al voto consular a los uruguayos

El proyecto de voto consular en Uruguay volvió al trámite parlamentario el 11 de marzo de 2025, cuando el Senado resolvió desarchivarlo. La iniciativa, presentada por el Frente Amplio en 2023, propone que los uruguayos residentes en el exterior puedan inscribirse en consulados y votar desde el país donde viven en las elecciones nacionales.

Al 22 de noviembre de 2026, el desarchivo era el último movimiento parlamentario que se pudo verificar públicamente. La propuesta tiene respaldo explícito del Frente Amplio, que la incluyó en sus prioridades de gobierno, pero las bancadas opositoras todavía no han anunciado un acuerdo que reúna la mayoría especial requerida en el Senado y en Diputados.

El tema también llegó a una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En agosto de 2026, la delegación uruguaya mencionó el proyecto entre los intentos por resolver el reclamo. Para que haya mesas en los consulados en 2029, el Parlamento tendría que alcanzar un acuerdo y dejar tiempo para organizar la votación.

En qué quedó el proyecto de voto consular de 2023


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La bancada frenteamplista presentó la propuesta a fines de febrero de 2023. El entonces senador Mario Bergara explicó que los residentes en el exterior se inscribirían en los consulados y que, en una primera etapa, el mecanismo se aplicaría a las elecciones nacionales. El informe que Uruguay presentó para su Examen Periódico Universal ante Naciones Unidas ubicó el proyecto en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado.

La iniciativa quedó archivada al finalizar la legislatura y el Senado la recuperó al inicio del nuevo período. La vicepresidenta Carolina Cosse defendió el desarchivo al señalar que los compatriotas que emigran mantienen vínculos con Uruguay y que muchos tienen dificultades para volver. En las fuentes públicas consultadas no aparece un informe de comisión posterior al desarchivo ni una votación del proyecto en el plenario.

El debate también alcanza el padrón electoral. La Ley 13.882 dispone que la Corte Electoral elabore una nómina de quienes faltaron a las dos elecciones nacionales anteriores. La falta de ratificación puede conducir a la exclusión de la inscripción. Por eso, además de definir dónde se votaría, cualquier mecanismo para la diáspora tendría que contemplar quiénes están habilitados y cómo pueden rehabilitarse quienes quedaron fuera.

Quiénes apoyan el voto consular y cuántos votos faltan


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El respaldo más claro es el del Frente Amplio. El voto de los uruguayos en el exterior figura en su programa 2025–2030. Además de la defensa pública de Cosse, el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, planteó en noviembre de 2025 que el tema debía formar parte de las conversaciones sobre una reforma electoral más amplia.

En el Partido Nacional hubo objeciones públicas. Jorge Gandini invocó el resultado del plebiscito de 2009 cuando se presentó el proyecto. En 2025, la senadora Graciela Bianchi ratificó su oposición personal al voto desde el exterior para elegir presidente y vicepresidente. El Partido Colorado abrió conversaciones sobre cambios al sistema electoral, pero no se pudo verificar un compromiso de su bancada con el proyecto de Bergara.

El artículo 77.7 de la Constitución exige dos tercios para las leyes electorales que regulan las garantías del sufragio. Para esta vía se necesitan 21 votos en el Senado y 66 en Diputados. Si acompaña todo el Frente Amplio, incluidos sus 16 senadores y la vicepresidenta, le faltan cuatro votos en el Senado y 18 en Diputados. Con los cinco senadores y 17 diputados colorados alcanzaría el umbral en la cámara alta y quedaría a un voto en la baja.

Qué se discute en la CIDH sobre el voto de los uruguayos en el exterior

La Comisión celebró una audiencia de oficio el 7 de agosto de 2026 en el caso 14.000, Rodrigo Sebastián Da Silva Rodríguez y otros contra Uruguay. Da Silva, abogado uruguayo residente en Miami, presentó la petición en 2011. La Comisión la admitió en 2020 para examinar si hubo afectaciones a los derechos políticos, la igualdad ante la ley y la protección judicial.

El planteo se centra en el costo de ejercer un derecho que Uruguay reconoce. Para quien vive lejos y carece de dinero o licencia laboral, tener que trasladarse al país puede impedirle votar. La delegación estatal sostuvo que los residentes en el exterior conservan el derecho y que quienes están habilitados pueden ejercerlo en Uruguay. También señaló que el país sigue buscando una solución legislativa que reúna consenso.

Según la cobertura de la audiencia, ambas partes manifestaron disposición a explorar una solución amistosa. Al cierre de esta nota no figuraban en los registros públicos consultados un informe de fondo publicado, un acuerdo homologado ni una remisión a la Corte Interamericana. Los informes preliminares de la Comisión son confidenciales. La audiencia confirma que las partes fueron escuchadas y deja abierta la fecha de una resolución pública. Ficha oficial de la audiencia.

Qué tendría que pasar para votar en consulados en 2029

El proyecto sigue teniendo una vía parlamentaria, aunque los apoyos conocidos hacen difícil que el texto de 2023 se apruebe y se aplique en 2029. Un acuerdo con legisladores del Partido Nacional o del Partido Colorado es indispensable en el Senado, donde se concentran las 14 bancas electas de la oposición. En Diputados, incluso un acuerdo con toda la bancada colorada requeriría sumar otro voto.

El plebiscito de 2009 y la sentencia de la Suprema Corte de 2020 siguen presentes en la discusión. La reforma de 2009, que preveía el voto por correspondencia y autorizaba otros procedimientos, obtuvo 37,42% de adhesiones. En 2020, la Suprema Corte declaró inconstitucional para el caso concreto el artículo 1 de la ley interpretativa de 2018. El Parlamento derogó esa ley en 2024.

También importa cuándo se llegue a un acuerdo. Si se sometiera una reforma a plebiscito junto con las elecciones nacionales de 2029, la consulta definiría el régimen para comicios posteriores. Para votar desde el exterior en esa misma elección tendría que existir una habilitación previa, con tiempo para que la Corte Electoral y la Cancillería preparen el padrón, los circuitos consulares y los controles del escrutinio. Un texto acordado entre partidos y un calendario de implementación serían las primeras señales de que ese plazo puede cumplirse.

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