Andrade pidió votar Sí en rechazo a la desigualdad y Manini dijo que la LUC defiende a los más frágiles

Este martes 22 de febrero se realizó el primer debate televisivo -rumbo al referéndum del 27 de marzo- entre los senadores Oscar Andrade (Frente Amplio) a favor de la reforma de 135 artículos de la LUC, y Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) por mantener sin cambios la LUC.

El debate se basó en cuatro ejes temáticos: “seguridad pública, vivienda, educación y relaciones laborales”.

Seguridad pública

Manini Ríos inició el debate, y dijo que una de las principales razones por las que la gente votó a la coalición  fue por la situación de “inseguridad que se vivía en el país”.

Agregó que el índice de asesinatos” en Uruguay colocaba al país solo por debajo de Venezuela, Colombia y Brasil.

Mientras las políticas de trabajo no dan resultados, no se puede dejar inerme a la sociedad, indicó.

“A aquellos que no quieren seguir con el corazón en la boca cuando un hijo o un familiar sale de su casa, a ellos esta Ley los protege y les garantiza el goce de sus derechos. A los violentos, a los delincuentes, esta Ley les dice que se les va a aplicar todo el peso de la Ley”, sentenció. Aseguró que se pondrá énfasis en el combate al narcotráfico y a la Policía se le dará el respeto que se merece.

Manini Ríos manifestó que “ideológicamente” en los gobiernos del Frente Amplio se partía de que “el delincuente era la víctima y la sociedad la victimaria”, aseguró que los artículos de la LUC vinculados a seguridad tienen como objetivo “proteger a la sociedad”.

Por su parte, Andrade manifestó que de manera unánime la cátedra de Derecho Penal y Criminología “rechaza los cambios propuestos, por ejemplo, en legítima defensa, que establece que le dan más jerarquía a un establecimiento agropecuario que al hogar, que según la Constitución es un sagrado inviolable”.

El parlamentario frenteamplista expresó se permite, por ejemplo, que “un muchacho que salta un alambrado por unas manzanas, y el hurto está mal, la respuesta pueda ser el homicidio. No hace falta ser ni honesto ni deshonesto para entender que este cambio es profundamente negativo”.

Andrade citó que la Constitución de la República establece en su artículo 15 que “nadie puede ser preso salvo infraganti delito habiendo semiplena prueba de el o por orden escrita de juez competente”. Por lo cual “no es motivo para ser detenido por olvidarte de la cédula”.

Aseguró que “esta combinación de más capacidad operativa de la policía y menor rendición de cuentas, se presta para abuso, impunidad y violación de derechos humanos”.

Añadió que para proteger a la Policía “no hay que darle chalecos vencidos, para proteger a la Policía lo que hay que hacer es proteger el salario”. Por otro lado, se refirió a la “inflación punitiva” y citó cifras del Comisionado parlamentario para el sistema carcelario, según las cuales del 80% de las mujeres que están presas con sus hijos o embarazadas, el 78% esta presa por delito de comercialización de droga no violenta. Cuatro años establece la LUC como pena mínima. Esto lo hace en un país donde la pena mínima de homicidio intencional es de dos años”.

Manini acotó que en la legítima defensa se sigue manteniendo la proporcionalidad y la progresividad. Dijo que siempre han existido excesos con o sin LUC y siempre han sido castigados. Pero no se llegó al gatillo fácil como se dijo.

Vivienda

En cuanto a la vivienda, Andrade manifestó que con respecto a los alquileres, la LUC amontona un conjunto de iniciativas que son todas “feroces y hasta crueles con la familia”, porque “se maneja la discrecionalidad absoluta en los plazos, al fin del contrato habilita una multa de hasta cuatro meses y medio el valor del arriendo si te demorás un día en entregar la vivienda”.

Cuestionó que la LUC “establece un plazo de desalojo brevísimo para el mal pagador, que es el que tiene apenas tres días de atraso, pero también muy breve para el buen pagador”. Asimismo, se refirió a que la “mora es usura”, porque si alguien se atrasa tres días, el incremento es de un 60% sobre la cuota”. Además, a la hora del desalojo, contra todo lo que sería la sensibilidad de cualquier uruguayo promedio, el juez no tiene posibilidad de dar prórrogas por casos de fuerza mayor fuera de los cinco o seis días”

“Si una familia se tiene que enfrentar al desalojo y se trata de una mujer que está cursando el embarazo, que tiene hijos pequeños, es invierno y no tiene donde ir, con la propuesta de alquileres de la LUC, termina afuera”, cuestionó.

A su turno, Manini Ríos expresó que “la imagen de la embarazada y sus cinco hijos puede sensibilizar a todos, pero también puede ser que esa embarazada es la propietaria de esa vivienda y que con los ingresos que recibe por el inquilino que le paga puede llegar a fin de mes”.

Además, indicó que “esa embarazada puede estar buscando algo para alquilar, sin tener forma de acceder a una garantía y esta Ley le permite acceder a la vivienda”.

Criticó que hay más de 70.000 con déficit habitacional, 650 asentamientos donde casi 200 mil uruguayos vivían de forma indigna y no se encontró una solución en los últimos 15 años a pesar de haber más dinero que nunca. Pero el dinero se “dilapidó en la regasificadora, Ancap y Pluna”.

Expresó que “hay unas 53 mil viviendas vacías en el país que no están volcadas al mercado de alquileres y que lo que busca la LUC es estimular a que parte de esas viviendas se vuelquen al mercado de alquileres para lograr bajar precios”.

Por su parte, Andrade se refirió a que cualquier estudio serio sobre los asentamientos irregulares en Uruguay va a encontrar que el “estallido de los asentamientos irregulares, que pasó de 2.000 hogares a 50.000 hogares, se encuentra en el período 1985-2005”.

Educación

En cuanto a la enseñanza, el primero en hacer uso de la palabra fue Manini quien cuestionó la gestión del Frente Amplio y el rol de los sindicatos. Aseguró que la voluntad de los ex presidentes frenteamplistas, Tabaré Vázquez y José Mujica, fue “torcida por un sindicato que se creyó el ombligo del mundo, el centro del sistema educativo y que dejó de lado al verdadero centro del sistema que son los educandos”.

Se refirió a los artículos de la LUC vinculados a la educación referidos al cambio en la gobernanza el cual logró una mejor coordinación, mejor ejecutividad y se evitan trabas burocráticas.

Informó que se se avanza hacia el título universitario de los docentes y que se le dio más incidencia al Ministerio de Educación y Cultura.

“Realmente molesta que se pueda afectar la fuerza de una cúpula sindical que se ha adueñado de la enseñanza en los últimos años y no permitió hacer los cambios que había que hacer en su momento”, sentenció el legislador de Cabildo Abierto.

Señaló que “los sindicatos son los principales promotores de la educación privada y el principal freno para los cambios de la educación uruguaya. El escollo principal para un cambio en la educación es el espíritu conservador y reaccionario de cierta dirigencia sindical”.

Mientras que Andrade aseguró que con la LUC se “pulveriza la representación docente, y se violentan la autonomía, que es un principio que nada tiene que ver con el FA, porque hay que ir a José Varela”.

Rechazó que se le quite el voto a los representantes docentes en CODICEN y cuestionó la gestión de la educación de gobiernos anteriores al Frente Amplio, que fueron el verdadero “escollo” para encontrar mejores resultados educativos y criticó “la desigualdad y un presupuesto raquítico”.

Por otro lado, dijo que no entendía “la estigmatización de la organización sindical y el recorte del presupuesto de arriba de 60 millones de dólares que generó rebaja salarial, pérdida de becas y pérdida de presupuesto para la investigación científica. Con menos participación, seguramente no, sacando a los maestros de los consejos de Primaria, después de 100 años, seguramente que no”.

Relaciones laborales y seguridad social

En cuanto a las relaciones laborales, Andrade dijo que por primera vez en la historia del Uruguay “se reglamenta el derecho de huelga y se reglamenta sin diálogo social en un contexto de descenso pronunciado de los salarios y las jubilaciones. Parece que para el gobierno el problema es el trabajador cuando se organiza y ahí altera uno de los tres pilares de la defensa del derecho laboral: negociación colectiva, sindicato y derecho de huelga”. Alertó sobre la proliferación de los “rompehuelgas”.

Aseguró que es parte de una filosofía equivocada que deteriora más de 100 años de conquistas sociales y laborales.

Dijo que “cualquier estudio serio va encontrar que evasión de aportes, no pago de salarios incumplimiento de seguridad, acoso, y trabajo infantil no está en los lugares donde hay una fuerte sindicalización. Cualquier estudio de los conflictos en Uruguay dice que la mayoría de los conflictos nacen en incumplimientos patronales”. Los derechos nunca pueden ser un obstáculo para el desarrollo.

Manini expresó que “reglamentar el derecho de huelga es un mandato constitucional, pero no es el caso de esta Ley, porque la LUC “defiende los derechos de los “más débiles, que en las relaciones laborales son los trabajadores que no se pueden dar el lujo de perder su jornal por adherir obligados a una medida de fuerza que pueden no compartir”.

“Son aquellos que son sometidos a la prepotencia cuando quieren trabajar en un día de huelga y son sometidos a violencia física o psicológica como lo hemos visto una y otra vez. El artículo 392 de la LUC, garantiza el derecho a huelga a los huelguistas, el derecho al trabajo al trabajador y el derecho de propiedad a los empresarios”.

“Son todos derechos constitucionales y que la Constitución no prioriza a uno sobre otro. Garantizar derechos constitucionales tiene que ser la obligación de todo gobierno y en este caso en una exigencia de la OIT”, remarcó Manini.

Sobre los “piquetes” que a veces pueden derivar en forma violenta en el ejercicio de la huelga, es lo que no se autoriza en forma expresa.

“¿Quién le resarce el jornal a aquel trabajador que no pudo ir a trabajar contra su voluntad? ¿Por qué tiene que sufrir violencia física o psicológica? ¿Por qué un empresarios tiene que sufrir la rotura de maquinarias o perdida de materia prima? Tal vez le moleste a Andrade que haya libertad de elegir”, interrogó.

En el cierre del debate Andrade convocó a votar Sí en defensa de la educación pública, la vivienda, que no se le pueda ocultar información a la Justicia por una persona o para que las tierras de colonización tenga que ver con la población de la campaña. “Tenemos que contestar a una forma de gobernar con un conjunto de medidas que promueven mayor desigualdad”.

Mientras que Manini dijo que se trata de una Ley justa, necesaria que defiende a los más frágiles, porque brinda más seguridad. “Es una Ley que no generó ninguna consecuencia negativa. Los precursores del Sí están recurriendo al miedo, como lo hicieron con la pandemia”. Cuestionó las políticas económicas de Danilo Astori y Mario Bergara “astoribergarismo” que fueron “funcionales a los intereses más poderosos”.