EE.UU. sancionó al fiscal que investiga a Fernando Cerimedo en Bolivia

El 28 de septiembre de 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la revocación de visas y la imposición de sanciones migratorias contra 27 funcionarios, exfuncionarios y familiares de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Entre los sancionados, el de mayor perfil era el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca.

La medida, aplicada bajo la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional, se fundamentó oficialmente en acusaciones de “corrupción significativa” y presuntos vínculos con el narcotráfico.

En una conferencia de prensa transmitida a nivel nacional, Mariaca rechazó las acusaciones y las calificó como una injerencia en los asuntos internos de Bolivia. “Cooperación, sí; injerencia, no. Diálogo, sí; imposición, no. Respeto entre Estados, sí; interferencia en nuestras instituciones, no”, afirmó el funcionario, según recogió. El gobierno boliviano, presidido por Rodrigo Paz, calificó las acusaciones de “muy graves” y anunció que solicitaría a Washington la información probatoria correspondiente.

El punto central que ha circulado en redes y medios es la conexión que el propio Mariaca estableció entre la sanción y una de sus investigaciones más sensibles: el caso contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo. En su declaración, Mariaca mencionó explícitamente que la medida no alteraría las pesquisas contra el exasesor presidencial, detenido en el penal de Chonchocoro.

“No retrocederé ni un centímetro de las investigaciones que corresponden a mi gestión”, sostuvo, al citar el proceso contra Cerimedo y otras causas como las denominadas “narcomaletas” y “gasolina basura”.

La afirmación que motivó esta investigación periodística sostenía que Estados Unidos había sancionado a Mariaca por procesar a Cerimedo, a quien describía como un “activo del Departamento de Estado” a cargo de operaciones de desinformación. La verificación de esta afirmación requiere separar los hechos documentados de las interpretaciones políticas.

La explicación de Washington contra el fiscal boliviano

El motivo oficial de la sanción, según el comunicado del Departamento de Estado, no menciona el caso Cerimedo. La acusación formal es que Mariaca “abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia”. La sanción se enmarca en una política más amplia de restricciones de visa contra funcionarios de países con gobiernos afines a Washington, bajo la lógica del bloque “Escudo de las Américas” promovido por la administración de Donald Trump.

Sin embargo, la conexión contextual es explícita y proviene de la propia autoridad sancionada. Mariaca atribuyó la decisión de Washington a las investigaciones de su despacho, citando específicamente el caso Cerimedo. Dijo que “algunas investigaciones tienen implicaciones que trascienden las fronteras nacionales” y que su trabajo “no ha sido del agrado de determinados sectores políticos, tanto dentro como fuera de nuestro país”. Esta declaración configura una hipótesis política —que la sanción es una represalia por investigar a un aliado— pero no constituye una prueba presentada por el gobierno estadounidense.

¿Quién es Fernando Cerimedo y por qué su caso es relevante?

Cerimedo es un consultor político argentino de 45 años, detenido en Bolivia desde el 18 de agosto de 2026. Enfrenta múltiples procesos judiciales, incluidos presunta tentativa de feminicidio contra su expareja, legitimación de ganancias ilícitas y usurpación de funciones. Su perfil, sin embargo, trasciende el ámbito judicial boliviano.

Una fotografía oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, publicada en la plataforma Flickr el 7 de marzo de 2026, muestra a Cerimedo en una reunión bilateral entre el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y el Secretario de Estado, Marco Rubio, en el marco de la Cumbre del Escudo de las Américas.

El sitio de verificación Bolivia Verifica confirmó la autenticidad de la imagen, que lleva el título “Secretary Rubio Meets with Bolivian President”. La presencia de Cerimedo en ese encuentro, pese a no ser funcionario de gobierno, ha sido señalada como evidencia de su proximidad con las más altas esferas del poder estadounidense.

Un informe del Observatorio de Medios de Cubadebate, difundido en agosto de 2026, describe una “infraestructura transnacional de influencia político-mediática de derecha en América Latina y el Caribe alrededor de Fernando Cerimedo, que llega hasta el Secretario de Estado”.

Según el análisis, Cerimedo “se benefició de sus vínculos privilegiados con las principales estructuras de poder del gobierno de Trump, en particular con Marco Rubio”. El informe lo vincula a campañas de desinformación en Brasil (la tesis del fraude electoral de 2022), Argentina (la campaña digital de Javier Milei en 2023) y Chile (el plebiscito constitucional).

Estos elementos permiten calificar la caracterización de Cerimedo como “activo del Departamento de Estado” como una interpretación fundamentada, no como una designación oficial. No existe un documento de Washington que lo acredite como empleado o contratista del gobierno estadounidense. Lo que sí está documentado es su acceso a reuniones de alto nivel, su mención en informes de redes de influencia y su rol como operador digital de la derecha regional.