Antivacunas y negacionistas de la pandemia se quedan sin opciones… y sin trabajo

No es nuevo que los gobiernos de ciudades, estados o países busquen que todos sus funcionarios y funcionarias públicas tengan sus esquemas completos de vacunas contra el COVID-19, a fin de resguardar la salud tanto del cuerpo de empleados como de la ciudadanía en general.

Uno de los primeros en avanzar ese sentido fue el Vaticano, que en febrero de este año se tomó muy en serio la posición provacuna del papa Francisco y ordenó que cualquier persona que trabaje en la Santa Sede y que se niegue a vacunarse contra el coronavirus será despedido. Así se desprende de un decreto firmado por la gobernación de esta micronación católica en el que se subraya la necesidad de proteger a todos los empleados en el lugar de trabajo, así como a la feligresía católica que viene de Italia y de todo el mundo.

El decreto advierte que los trabajadores del Vaticano que opten por no vacunarse sin ofrecer un motivo médico se arriesgan a enfrentar sanciones que podrían incluir “la interrupción de la relación de empleo”. El propio papa Francisco ya tiene su esquema completo de inoculaciones.

En junio, el Hospital Metodista de Houston, Texas, anunció el despido de más de 150 empleados y empleadas antivacunas, quienes habían recibido como fecha última para vacunarse el 7 de junio. Los que se negaron a protegerse contra el coronavirus, en pro del bien común, se quedaron inmediatamente sin trabajo.

“Los empleados que no cumplieron con el plazo que se les había dado hasta el martes (para vacunarse) han sido despedidos a partir de hoy (7 de junio de 2020)”, apunta Gale Smith, portavoz del hospital en un comunicado. Por otra parte, los trabajadores que sí cumplieron con la orden volvieron a su puesto de trabajo inmediatamente.

En el mismo centro médico ya habían despedido a dos gerentes que se negaron a recibir los pinchazos contra el COVID-19 y estaban suspendidos desde entonces y hasta el 7 de junio 178 empleados: algunos decidieron vacunarse para mantener su puesto de trabajo y 153 siguieron en posición negacionista.

El pasado 28 de setiembre, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que todos los hospitales del estado deberán despedir a todos los trabajadores y trabajadoras que desafíen una orden estatal de recibir las vacunas contra el COVID-19. Cientos prefirieron perder su trabajo antes que hacerse inyectar y esto está causando escasez de personal en centros médicos.

El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, dijo en una conferencia de prensa que los hospitales de la ciudad aún no estaban viendo un impacto importante por la ordenanza, y agregó que le preocupaban otras áreas del estado donde las tasas de vacunación son más bajas.

Un portavoz del hospital Catholic Health, uno de los más grandes de Nueva York, dijo a la agencia Reuters que habían alcanzado un cumplimiento casi total y que unos pocos tenían razones médicas y sus documentos probatorios respectivos.

El Centro Médico del Condado de Erie en Buffalo suspendió las cirugías electivas para pacientes hospitalizados y dejó de aceptar pacientes de cuidados intensivos de otros hospitales, ya que se estaban preparando para despedir a cientos de empleados antivacunas, según el portavoz Peter Cutler.

De los 43,000 empleados en los 11 hospitales públicos de la ciudad de Nueva York, alrededor de 5,000 no se han vacunado, dijo el doctor Mitchell Katz, director de NYC Health + Hospitals, en una conferencia de prensa con De Blasio. 95% de enfermeras y enfermeros fueron vacunados.

Por su parte, Hochul anunció que estaba considerando llamar a la Guardia Nacional y a trabajadores médicos de otros estados para sustituir a los antivacunas.

También en Estados Unidos, el Estado de California ordenó algo semejante: todo funcionario estatal está obligado a vacunarse o bien se expone a ser separado de su cargo.

Países y empresas

Esta misma semana, el gobierno de Costa Rica ordenó que todo el personal de todos los ministerios, entidades y empresas públicas -incluyendo al sistema educativo en todos sus niveles- estaban en la obligación de vacunarse contra el coronavirus. La medida, aprobada por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, establece que “todos los funcionarios del sector público” deben vacunarse. También otorga la posibilidad a empresas privadas a exigir que sus trabajadores y trabajadoras se inmunicen como requisito para continuar laborando.

“La Comisión tomó la decisión basada en variables epidemiológicas como la cantidad de casos covid-19, la mortalidad de la enfermedad, la circulación incrementada de la variante Delta y la elevada ocupación hospitalaria, impactada en mayor medida por pacientes que no se encuentran vacunados, así como la desaceleración en la afluencia de personas a los vacunatorios para recibir su primera dosis. A estos factores se le suman la importancia de promover que los centros de trabajo públicos y privados sean lugares más seguros y la necesidad de disminuir las posibilidades de interrupción de servicios y labores en centros de trabajo a raíz de posibles contagios”, dice una nota de prensa emitida por el gobierno costarricense, liderado por el presidente Carlos Alvarado.

El decreto fue analizado por la Sala Constitucional, ente que revisa si las legislaciones o normativas están acorde con la Constitución Política, y encontró que es válido que se exija lo propio a todos los funcionarios ya que esto vela por el bien común y la salud de la ciudanía en su conjunto.

El más reciente anuncio en esta dirección lo hizo la aerolínea United Airlines, que divulgó este miércoles 29 de setiembre que despedirá a casi 600 empleados que han “decidido no vacunarse” violando la normativa de la empresa que rige desde el inicio de la pandemia. En un mensaje interno enviado a empleados y empleadas, la línea aérea señaló que más del 99% de su plantilla laboral de 67.000 personas ya se han inoculado, pero que un grupúsculo aún se mantienen en una posición contraria a las vacunas.