La nueva Guerra Fría

La perplejidad se instala. Si, por un lado, es crucial mantener la diferencia entre democracia y autoritarismo; por otro lado, los rasgos autoritarios de las democracias realmente existentes se agravan cada día.

El Punto de control Charlie (Checkpoint Charlie) fue el más famoso de los pasos fronterizos del Muro de Berlín entre 1945 y 1990. Foto de dominio público
El Punto de control Charlie (Checkpoint Charlie) fue el más famoso de los pasos fronterizos del Muro de Berlín entre 1945 y 1990, en la era de la Guerra Fría. Foto de dominio público.

Las trompetas de la guerra fría han vuelto a sonar. El presidente de Estados Unidos anuncia a los cuatro vientos la nueva cruzada.  Esta vez, los términos parecen diferentes, pero los enemigos son los mismos: China y Rusia, principalmente. Se trata de la «guerra» entre democracias y autoritarismos (dictaduras o gobiernos democráticos truncados por el dominio absoluto de un partido). Como de costumbre, los gobiernos occidentales y los comentaristas de turno se han alineado fielmente para el combate. Los portugueses que en la edad adulta vivieron en la época de la dictadura de Salazar no dudan en distinguir entre democracia y autoritarismo y en preferir la primera al segundo. Los nacidos después de 1974, o poco antes, cuando no aprendieron de sus padres lo que fue la dictadura, muy probablemente tampoco lo aprendieron en la escuela. Se encuentran, pues, en disposición de confundir ambos regímenes políticos.

A su vez, la realidad de muchos países considerados democráticos muestra que la democracia atraviesa una profunda crisis y que la distinción entre democracia y autoritarismo es cada vez más compleja. En varios países del mundo se suceden protestas en las calles para defender la democracia y luchar por los derechos vulnerados, derechos que casi siempre están consagrados en la Constitución. Muchas de estas protestas se dirigen contra líderes políticos elegidos democráticamente, pero que han ejercido el cargo de manera antidemocrática, en contra de los intereses de las grandes mayorías, a veces frustrando enormemente las expectativas de los ciudadanos que les votaron. Son los casos de Brasil, Colombia y la India, y fueron también los casos de España, Argentina, Chile y Ecuador en los últimos años. En otros casos, las protestas tienen como objetivo evitar el fraude electoral o hacer cumplir los resultados electorales, siempre que las élites locales y las presiones externas se nieguen a reconocer la victoria de los candidatos apoyados por la mayoría. Ha sido el caso de México durante años, el caso de Bolivia en los últimos tiempos y, en la actualidad, el caso de Perú.

A primera vista, hay algo extraño en estas protestas, porque la democracia liberal tiene como característica fundamental la institucionalización de los conflictos políticos, su solución pacífica en el marco de procedimientos inequívocos y transparentes. Se trata de un poder político que se conquista, se ejerce y se abandona democráticamente, a través de reglas consensuadas. ¿Por qué razón, en este caso, los ciudadanos están protestando fuera de las instituciones, en las calles, más aún cuando corren graves riesgos de enfrentarse a una fuerza represiva excesiva? Y lo más intrigante es que los gobiernos de todos los países que he mencionado son aliados de Estados Unidos, que quiere contar con ellos en su nueva cruzada contra el autoritarismo de China y sus aliados.

La perplejidad se instala. Si, por un lado, es crucial mantener la diferencia entre democracia y autoritarismo; por otro lado, los rasgos autoritarios de las democracias realmente existentes se agravan cada día. Veamos algunos. Rusia arresta autoritariamente al disidente Alexei Navalny; las democracias occidentales, presionadas por Estados Unidos, dejan morir en prisión al periodista Julian Assange, que probablemente en unas décadas recibirá, a título póstumo, el Premio Nobel de la Paz. En los regímenes autoritarios, los medios de comunicación no son libres para dar voz a los diferentes intereses sociales y políticos; en las democracias, la preciada libertad de expresión se ve cada vez más amenazada por el control de los medios de comunicación por parte de grupos financieros y otras oligarquías, así como por las redes sociales que utilizan algoritmos para impedir que las ideas progresistas lleguen al gran público y permitir que ocurra lo contrario con las ideas reaccionarias. Los gobiernos autoritarios eliminan a opositores que luchan por la democracia en sus países; las democracias destruyen algunos de estos países (Irak, Libia) y matan a miles de inocentes para defender la democracia.

Los regímenes autoritarios eliminan la independencia judicial; las democracias promueven persecuciones políticas a través del sistema judicial, como lo ilustra dramáticamente la operación Lava-Jato en Brasil. En los gobiernos autoritarios, los líderes no son elegidos libremente por los ciudadanos; en las democracias, la forma en que los poderes fácticos inventan y destruyen candidatos es cada vez más preocupante. En los gobiernos autoritarios, todos los procedimientos son inciertos para que los resultados sean ciertos (el nombramiento o elección de los líderes elegidos de forma autocrática). En las democracias se aplica lo contrario: procedimientos ciertos para obtener resultados inciertos (la elección de líderes elegidos por la mayoría). Pero es cada vez más común que quienes tienen poder económico y social también tengan el poder de manipular los procedimientos para garantizar los resultados deseados. Con tal manipulación (fraude electoral, financiación ilegal de campañas, fake news y discursos de odio en las redes sociales, etc.), los procedimientos democráticos, supuestamente ciertos, se han vuelto inciertos. Con esto, se corre el riesgo de la inversión de la democracia: procesos inciertos para resultados ciertos.

Además de estos ejemplos, entre muchos otros, la dualidad de criterios es flagrante. Son gobiernos autoritarios y, por tanto, hostiles, China, Rusia, Irán, Venezuela; pero no son hostiles, a pesar de ser autoritarios, Arabia Saudita, las monarquías del Golfo, Egipto y, mucho menos, Israel, a pesar de someter a más del 20% de su población (los árabes israelíes) a la condición de ciudadanos de segunda clase, y someter a Palestina a un régimen de apartheid, como reconoció recientemente Human Rights Watch. A su vez, las embajadas e instituciones estadounidenses encargadas de promover «regímenes democráticos amigos de Estados Unidos», e incluso las fundaciones alimentadas para los mismos fines con el dinero de los multimillonarios, acogen con preferencia a políticos y partidos de derecha e incluso de extrema derecha, siempre que estos juren lealtad a los intereses económicos y geopolíticos de Estados Unidos. En Europa, Steve Bannon, exasesor de Donald Trump, promueve fuerzas de extrema derecha, antieuropeas y católicas conservadoras que se oponen al Papa Francisco.

Todo ello desemboca en una situación paradójica: mientras el discurso de la Guerra Fría exalta la diferencia entre democracia y autoritarismo, las prácticas de las potencias hegemónicas no se cansan de reforzar los rasgos autoritarios, tanto de las democracias como de los regímenes autoritarios. Alguien está engañando a alguien. Europa haría bien en convencerse a sí misma de que la nueva Guerra Fría tiene poco que ver con democracia versus autoritarismo. Es solo una nueva fase de confrontación entre el capitalismo multinacional estadounidense y el capitalismo de Estado chino (donde Rusia se está integrando). Es una lucha nada democrática entre un imperio en declive y un imperio en ascenso. Europa, excluida por primera vez en cinco siglos del protagonismo global, tendría todo el interés en mantener una distancia relativa de ambos antagonistas y seguir una tercera vía de autonomía relativa. Bastaría seguir el ejemplo de los países del Sur global reunidos en la Conferencia de Bandung (1955), quizás ahora con más posibilidades de éxito. Mucho más cerca de nosotros, tal vez sea suficiente con leer y seguir las encíclicas del papa Francisco.

Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez.

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*Académico portugués. Doctor en sociología, catedrático de la Facultad de Economía y Director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra (Portugal). Profesor distinguido de la Universidad de Wisconsin-Madison (EE.UU) y de diversos establecimientos académicos del mundo. Es uno de los científicos sociales e investigadores más importantes del mundo en el área de la sociología jurídica y es uno de los principales dinamizadores del Foro Social Mundial.

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