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Fiscal anticorrupción de Guatemala abandona el país ante amenazas de muerte

El fiscal abandonó el país en la frontera con El Salvador tras denunciar que no se le permitió investigar al presidente Alejandro Giammattei y por temer por su vida.

Juan Francisco Sandoval. Foto: Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala
Juan Francisco Sandoval. Foto: Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala

Miles de guatemaltecos y guatemaltecas se manifestaron el sábado frente al palacio presidencial en la capital Ciudad de Guatemala después de que se hiciera efectiva la destitución del fiscal anticorrupción, Francisco Sandoval, lo que ha causado el rechazo de la comunidad internacional.

Sandoval, quien había encabezado la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Guatemala hasta el viernes, escapó por la frontera con El Salvado en la madrugada del sábado, según dijo el defensor del pueblo de derechos humanos del país, Jordan Rodas, luego de que sintiera su vida amenazada.

La procuradora general de Guatemala, María Porras, destituyó a Sandoval de su cargo el viernes como titular de la FECI, pero el ahora exfuncionario ha denunciado que se le bloquearon sus intentos por investigar al gobierno del presidente derechista Alejandro Giammattei. También había sido expulsada del país en 2019 la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en medio de una fuerte polémica y el rechazo internacional.

“Soy el último de una serie de fiscales que han sufrido las consecuencias de buscar la verdad y la justicia”, declaró Sandoval tras su salida.

Uno de los países en criticar este hecho ha sido Estados Unidos, que por medio de su Departamento de Estado dijo que Sandoval era un “campeón anticorrupción”. “El despido de Juan Francisco Sandoval es un retroceso para el Estado de Derecho en Guatemala”, aseveró en Twitter la subsecretaria interina del Departamento de Estado para las Américas, Julie Chung.

También expresó su condena la líder indígena guatemalteca y premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, quien calificó la decisión de “ilegal y violatoria de la Constitución”.

“Ante esta disyuntiva, no queda más alternativa que convocar y reiterar un llamado a la unidad nacional de nuestros pueblos, a una gran convergencia, alianza cívica y ciudadana.

Por su parte, el grupo de entidades que integran el Centro Contra la Impunidad en el Norte de Centroamérica (CCINOC), rechazó la decisión que representa “un retroceso en la lucha anticorrupción en la región”.

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