Vacunación contra el COVID-19 será obligatoria en Galicia con fuertes multas a negacionistas

La región autónoma española de Galicia ordenó esta semana que la vacunación contra el COVID-19 sea obligatoria, según informó en conferencia de prensa el líder regional Alberto Núñez Feijóo, cuyo gobierno aprueba este martes la legislación que se está diseñando desde noviembre del año pasado.

Según se lee en el documento publicado por la Xunta de Galicia, la medida está catalogada dentro del apartado de ‘infracciones leves’, por lo cual se establece que quienes se nieguen a ponerse la inyección enfrentarían multas iniciales de entre 1.000 y 3.000 euros. Esto se define como una «negativa injustificada a someterse a medidas preventivas, consistente en la vacunación o inmunización prescrita por las autoridades sanitarias, de acuerdo con establecido en esta ley».

A pesar de que en la mayoría de los casos podría entenderse como una falta leve, hay un punto en el que la sanción podría ser abismalmente más alta. Según el texto de la ley, hay una sección de ‘infracciones graves’ en las que se incurre «cuando puedan suponer un riesgo o un daño grave para la salud del población, siempre que no constituyan infracción muy grave». Es decir, bajo este supuesto, no vacunarse implicaría una multa de entre 3.001 y 60.000 euros, según informa el portal web de La Sexta.

Podrían generase confusiones o dudas a la hora de hacer cumplir esta ley al no especificarse qué tipo de acciones podrían convertir la falta leve en falta grave; eso sí, en el apartado de ‘infracciones muy graves’ se puede leer que un funcionario de los servicios sanitarios que se niegue a darse la inoculación puede hacerse acreedor de las sanciones económicas más altas.

¿Es legal la obligatoriedad?

A nivel nacional en España la ley indica que, salvo en casos muy contado y específicos, las vacunas no son obligatorias. Sin embargo, esta legislación vigente no contempla qué hacer en caso de una pandemia. «Nadie puede someterse a un tratamiento médico no deseado, y eso está fundamentado constitucionalmente en el derecho a la intimad corporal. Es decir, no, a no ser que sea un caso muy concreto, no pueden obligarte a vacunarte», dice el abogado Joachim Bosch.

La ley de autonomía del paciente establece que, en los supuesto de que haya un representante legal que decida, la decisión final no se toma en función de las ideas de la familia, sino en beneficio de la vida o salud de la persona afectada.

Eso sí, el gobierno español y las regiones autónomas tienen instrumentos para establecer una vacuna como la del COVID-19 como obligatoria, en base a la Ley de medidas Especiales del año 1986. No tiene contenido textual específico sobre vacunas pero le da la potestad a las autoridades para actuar en caso de la propagación de alguna enfermedad contagiosa.