Expertos advierten riesgos de corrupción derivados de la pandemia

La moderadora del evento y consejera de Ferrere Uruguay, Carla Arellano, expresó que los sectores más vulnerables en el contexto actual son el “financiero, farmacéutico, logístico, y portuario, entre otros, por ser los que están directamente involucrados en la operativa que los gobiernos implementaron para hacer frente a la emergencia sanitaria”.

Arellano dijo que “la necesidad de tomar medidas urgentes llevó a que se flexibilizaran los procesos de ingresos de bienes y contratación de servicios, al tiempo que se impusieron nuevas normativas para el tránsito de personas y mercaderías en las fronteras lo que incrementa el riesgo de corrupción”.

En Uruguay

Por su parte, María Maiorano de Ferrere Uruguay indicó que de momento las medidas adoptadas por el gobierno uruguayo durante la pandemia no han afectado la baja percepción de corrupción. “Eso confirma que las empresas están haciendo foco en la mitigación del riesgo. Hemos visto avances sobre todo fuera del sistema financiero”.

Por su parte, Gregory Bates de Miller & Chevallier identificó cuatro desafíos que enfrentan las empresas: “comerciales, operativos, laborales e internos”.

Explicó que los desafíos comerciales se dan por la situación de oferta y demanda entre compañías, en particular en la provisión de insumos y equipamiento médico y farmacéutico. Señaló que están percibiendo una marcada asimetría entre empresas que dentro del mismo rubro ven sus ventas disparadas, mientras que en otras se desaceleran. “Esto está creando situaciones de empresas que están aprovechando para ganar mercado, por eso, algunas firmas están trabajando con sus departamentos de cumplimiento para revisar los incentivos de ventas y asegurarse de que no se promuevan acciones ilícitas o inapropiadas”.

En el plano operativo, Bates dijo que los cierres de fronteras y los cambios de regulaciones para ingreso de bienes y personas “generan condiciones para actos de corrupción”. Para afrontar esa situación recomendó “trabajar muy de cerca con el personal de logística para comprender la normativa vigente y estar actualizados con la documentación exigida”.

“Lo importante es que se comunique la importancia de no buscar atajos con conductas ilegales, que en seis meses o dos años lleven a la compañía a responder por sus conductas”, señaló.

La presentación de Alejandra Montenegro Almonte, vicepresidenta del Departamento Internacional de  Miller & Chevallier se centró en investigaciones recientes de la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

En ese sentido, remarcó que la normativa tiene aplicación “sumamente amplia” tanto en la consideración del hecho generador del delito como en su jurisdicción. Desde su óptica, afirmó que “no le extrañaría” que las autoridades encargadas de aplicarla -el Departamento de Justicia y por la Comisión de Bolsa y Valores-  se enfoquen en casos surgidos durante la pandemia.