Frontera también denunciaría a Figueredo en la Justicia penal

El secretario general de Frontera Rivera, Roberto «Beto» Araujo adelantó que en esta semana, llegarán a Montevideo representantes legales de la institución para presentar una denuncia penal contra el presidente de la AUF, Eugenio Figueredo y los doctores Daniel Pastorini y Jorge Almada, por su responsabilidad en las negociaciones por la extensión del contrato de TV con Tenfield SA.

En la edición de la víspera informamos que el presidente de Liverpool, José Luis Palma, había adelantado en Deporte Total (Canal 5) que varios clubes están analizando la posibilidad de entablar una acción penal contra el presidente de la AUF y sus compañeros del Consejo Ejecutivo, por los graves perjuicios económicos que padecerán por la extensión del contrato con la empresa Tenfield, a espalda de los clubes.

Desde Rivera, el dirigente Roberto Araujo confirmó que su club también acudirá a la Justicia Penal por entender que su institución que no fue desafiliada de acuerdo al procedimiento establecido en el Estatuto de la AUF, también ha sufrido perjuicios por esta negociación que se mantuvo oculta durante tres años y se apartó de la resolución que había aprobado la Asamblea General extraordinaria del 30 de enero de 2003.

Araujo, anunció que el viernes estaría arribando a Montevideo el doctor Mario Samudio Rocha, asesor legal del club, para presentar la demanda penal contra el titular de la AUF y los miembros del Consejo Ejecutivo que estaban en funciones cuando se concretó tan ruin negocio.

 

La grabación de Chijane

Otro argumento que están manejando los dirigentes de Frontera de Rivera es la grabación hecha pública en Estadio Uno y LA REPUBLICA, donde el empresario Jorge Chijani reconoció haber traído una coima de U$S 20.000, de River Plate de Argentina, para el árbitro Gustavo Méndez.

Los riverenses sostienen que con esta declaración se prueba la denuncia que el club había hecho en el 2001, como consecuencia de las acusaciones realizadas por el árbitro Olivier Viera en contra de Gustavo Méndez, y un gobierno paralelo que incidía en los resultados de la competencia deportiva.

Ahora, con la confesión de Chijani, que también había sido involucrado en el 2001 y había quedado desvinculado de los hechos por falta de pruebas, los fronterizos consideran que hay elementos para procesar a los responsables del descenso digitado que padeció el club.

Frontera afirma que si los árbitros fueron sancionados por el Colegio de Arbitros por las acusaciones mutuas y aún siguen en actividad, pueden aportar testimonio nuevamente porque los hechos posteriores, van todos en la misma dirección de confirmar la corrupción en el arbitraje.

El propósito de los dirigentes de Frontera es que la causa no sea instruida por el doctor Pablo Eguren por considerar que este formaba parte del Tribunal de Penas de la AUF, en el momento que se denunciaron los hechos (2001) y por ende, debería apartarse de la investigación.

 

U$S 3.500.000 por daños a la AUF

Además de la demanda penal contra los miembros del Consejo Ejecutivo, Frontera de Rivera iniciará acciones civiles, por daños, perjuicio y lucro cesante, por un monto de U$S 3.500.000 contra la Asociación Uruguaya de Fútbol.

El reclamo tendrá como argumento jurídico el dictamen de la Fiscal doctora Mirtha Guianze que, en 2002 cuando se archivó la denuncia penal en el Juzgado de 8º Turno, había establecido que la empresa Tenfield SA no podía discriminar a los clubes a la hora de aportar por los derechos de TV.

En caso de verificarse esta irregularidad, la representante del Ministerio Público pidió que se le informara los hechos de modo que el Ministerio de Turismo y Deporte tomara cartas en el tema.

Los dirigentes de Frontera sostienen de acuerdo al testimonio de Roberto Araujo, que tienen pleno derecho de hacer este reclamo porque la institución sigue perteneciendo a la asociación civil AUF y sus derechos han sido vulnerados contumazmente. *