Desvío de fondos del Fosvoc: citaron a declarar a ex tesorera del SUNCA y del PC

La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 3er turno, a cargo del fiscal Gilberto Rodríguez, convocó a Laura Alberti para declarar este miércoles 25 de junio en calidad de indagada. La dirigente sindical fue secretaria de Finanzas del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y del Partido Comunista (PCU), y su nombre aparece en dos causas separadas que investigan el manejo de dinero de trabajadores de la construcción.

La citación no es la primera. Alberti ya había declarado ante la fiscalía en abril de 2025, también como indagada, y lo hizo sin abogado. En aquel momento dijo que la convocatoria le daba «tranquilidad» y que se presentaría «las veces que la Justicia considere».

Dos investigaciones, un nombre

La primera causa gira en torno al desvío de más de US$ 1,1 millones del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc), una institución cogestionada por el Sunca y las cámaras empresariales del sector. Una auditoría detectó 193 transferencias irregulares ejecutadas entre febrero y diciembre de 2024, aunque la investigación se extendió luego al año 2023.

Por esa causa ya fueron condenados cuatro personas: los exdirigentes del Sunca Bruno Bertolio, Santiago Bernaola y Víctor Rivero, y la funcionaria del Fosvoc Stella Rey, quien realizó las transferencias. En sus declaraciones ante fiscalía, Bertolio, Bernaola y Rivero afirmaron que no actuaban solos y señalaron directamente a Alberti. Según sus testimonios, parte del dinero era entregado en mano a la dirigente para financiar actividades del PCU y del sindicato.

El fiscal Rodríguez fue categórico al salir de la audiencia donde se condenó a los tres exsindicalistas: «En principio, aparece de manera bastante sólida, consolidada, que parte de ese dinero, no sabemos bien qué porcentaje, iba para el financiamiento del Partido Comunista y del Sunca.»

La segunda investigación involucra a Alberti en el caso de las denominadas «horas solidarias», un mecanismo por el que los obreros sindicalizados donan horas de trabajo para asistir a las familias de compañeros fallecidos. La irregularidad salió a luz cuando una de esas familias quiso cobrar los fondos que le correspondían y recibió menos de lo esperado. La familia denunció haber recibido $2.923.132 cuando debían haberse incluido aportes adicionales de trabajadores de dos empresas constructoras, estimados en unos $180.000 más. El acta notarial de esa entrega llevaba la firma del presidente del Sunca, Richard Ferreira, y de Alberti como secretaria de Finanzas.

El respaldo del partido y las licencias

Ante el avance de la investigación, el PCU emitió un comunicado en el que señaló: «Nuestro partido niega en forma contundente haber recibido dinero alguno del Fosvoc.» La colectividad también respaldó públicamente a Alberti, así como al senador Óscar Andrade y al diputado Daniel Diverio, ambos exsecretarios generales del Sunca mencionados en declaraciones de los condenados.

Pese al respaldo, en septiembre de 2025 Alberti dejó de ejercer la secretaría de Finanzas del PCU como medida de «precaución», según fuentes del partido. Siguió, en cambio, en el mismo cargo dentro del Sunca, donde además fue una de las candidatas más votadas en las elecciones sindicales de marzo de 2026.

La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos (Senaclaft) también analizó los movimientos financieros vinculados al caso y remitió un informe a la fiscalía que será utilizado como insumo para definir la situación procesal de Alberti.

La fiscalía tiene actualmente al menos 12 personas en calidad de indagadas en la causa del Fosvoc.