Estudios de Udelar revelan que costo médico del tabaco supera lo recaudado por impuestos

Dos investigaciones del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República fueron presentadas este jueves. Los estudios, elaborados por Zuleika Ferre, Manuel Flores y Mariana Gerstenblüth, examinan el consumo de tabaco y sus consecuencias económicas. La presentación contó con la presencia de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg.

La primera investigación realiza un análisis por cohortes y proyecta la mortalidad asociada a nueve tipos de cáncer vinculados al tabaquismo. La expositora, Mariana Gerstenblüth, contextualizó la evolución histórica de la prevalencia en adultos, la cual descendió desde un 35,8% en 1998 hasta un 21,7% en el presente año. No obstante, se destacó que esta cifra permanece prácticamente estancada desde 2018, indicando una meseta en la reducción del hábito.

Los datos desagregados revelan divergencias significativas al segmentar por sexo y edad. Los resultados “confirman que la epidemia tabáquica uruguaya es más tardía en las mujeres: las generaciones nacidas después de 1950 presentan un riesgo creciente de consumo, lo que anticipa que la mortalidad femenina atribuible al tabaco continuará en ascenso durante las próximas décadas”. Esto evidencia un cambio en el perfil epidemiológico del tabaquismo a nivel nacional.

Carga económica del tabaco sobre el sistema de salud

El segundo estudio cuantificó los costos directos para el sistema de salud derivados del tratamiento de esos nueve cánceres atribuibles al tabaco. Se empleó una metodología de microcosteo, basada en informes de una institución de asistencia médica local, que sumó los gastos de procedimientos, hospitalizaciones y tratamientos específicos.

“Se calcula que Uruguay registra alrededor de 2.300 casos nuevos de cáncer anuales atribuibles al tabaquismo y que el costo médico directo asociado asciende a aproximadamente a 1.623 millones de pesos uruguayos corrientes por año –unos US$ 38 millones. El costo promedio por paciente ronda los US$ 17.000, cifra consistente con estimaciones internacionales de países de ingreso alto”. La investigadora aclaró que esta estimación no incluye costos indirectos como pérdidas de productividad.

Gerstenblüth enfatizó que el mensaje importante es que el consumo genera una carga económica muy relevante y prevenible para el sistema de salud. El análisis comparativo con la recaudación fiscal indica una brecha sustancial, donde los costos médicos superan ampliamente los ingresos por impuestos específicos al producto.

Tensión entre financiamiento público y costos sanitarios

La investigación profundiza en la dimensión financiera de esta carga. El texto señala que existe “una tensión estructural entre la carga sanitaria del tabaquismo y la capacidad de financiamiento”. Dado que aproximadamente el 75% del gasto en salud en Uruguay es público, a través de Fonasa, el MSP, ASSE y el FNR, los costos sanitarios del tabaco se trasladan casi íntegramente al erario.

Por lo tanto, la “estructura solidaria determina que los costos del tabaquismo son absorbidos por toda la sociedad, incluidos quienes no consumen”, se añade. Este marco subraya el impacto colectivo de las enfermedades atribuibles al tabaquismo, redistribuyendo los costos entre toda la población contribuyente al sistema de salud.

El estudio recuerda que estimaciones previas situaban los costos médicos directos en torno al 1,5% del PIB, frente a una recaudación fiscal por impuestos al tabaco cercana al 0,3% del PIB. La investigación presentada acota que solo los cánceres atribuibles representan cerca del 0,05% del PIB, equivalente a una sexta parte de lo recaudado por este concepto.

Recomendaciones de política pública y posición ministerial

Frente a este escenario, los investigadores formularon una serie de recomendaciones de política. Alertaron sobre el estancamiento en medidas como la rotación de pictogramas en los paquetes de cigarrillos, que no se actualizan desde 2019, lo cual podría debilitar la efectividad de las advertencias sanitarias.

También indican que los “programas de cesación, si bien disponibles, tienen un alcance limitado”, y que “el monitoreo epidemiológico no recoge adecuadamente las nuevas formas de consumo, como cigarrillos electrónicos y productos calentados”. Sumado a esto, señalaron que la carga impositiva real sobre el tabaco se ha mantenido sin variaciones significativas en los últimos años, por debajo del estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

En consecuencia, las propuestas incluyen el aumento de impuestos y “su ajuste para reflejar los costos sanitarios”. Complementariamente, sugieren reanudar la rotación periódica de pictogramas, ampliar los programas de cesación, mejorar la vigilancia epidemiológica y regular los nuevos productos de nicotina.

La ministra Lustemberg, en el mismo evento, ratificó el “compromiso en avanzar” durante el período en políticas antitabaco. Reveló que ya ha mantenido conversaciones con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, específicamente sobre la “parte impositiva”.

En esa línea, continuó: “Es una política pública que no está exenta de presiones de las determinantes comerciales. Ir hacia lo vinculado a los impuestos saludables tiene que ver con decisiones que iremos tomando de manera paulatina”. Esta declaración oficial confirma que el tema está bajo análisis a nivel de gabinete, alineando la perspectiva sanitaria con la herramienta fiscal.