Los 50 legisladores del FA infligen hoy herida de muerte a la Ley de Caducidad

Herida. Así quedará esta tarde la Ley de Caducidad luego de que la Cámara baja se pronuncie a favor del proyecto legislativo en el que se buscará su interpretación para su futura inaplicabilidad en el sistema jurídico nacional.

Con la media sanción parlamentaria de hoy, el proyecto interpretativo pasará al Senado y allí todo volverá a comenzar, aunque todo parece indicar que la herida va camino a provocar la muerte.

Pero nada es gratis. El proyecto recoge tantas visiones y lecturas como sectores conforman el Frente Amplio. Unos lo defienden. Otros lo rechazan. Otros apenas lo toleran. En la oposición el panorama es más monocorde: criticado unánimemente.

La redacción del articulado del proyecto de ley sufrió además modificaciones de última hora, terminándose de saldar el pasado jueves, ya casi en la medianoche, cuando el propio canciller Luis Almagro rubricara, junto a algunos diputados en el propio Parlamento, su texto definitivo con el cometido de evitar cuestionamientos constitucionales tras las recomendaciones y objeciones de varios juristas que fueron consultados al respecto.

A sólo 48 horas de haberse aprobado en Comisión, el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad será debatido y aprobado este martes desde las 10 de la mañana en la Cámara de Diputados, obligando a los cuatro partidos con representación parlamentaria a plantarse ante un hecho que, visto los debates previos que la iniciativa legislativa originó, los remontará a todos a los albores de la democracia; y ya se verá por qué.

 

La previa

El pasado lunes, los cinco diputados del Frente Amplio que integran la Comisión de Constitución y Códigos aprobaron el proyecto de ley. Los cuatro representantes de la oposición lo hicieron en contra.

Felipe Michelini, que hoy será el miembro informante del proyecto por la mayoría, sostuvo en la Comisión que «nosotros creemos que los mecanismos de consulta popular deben ser interpretados en sentido estricto» y que «no se les puede dar una interpretación mayor a la que tienen». Lo aclaró por el hecho de que quienes rechazan el proyecto interpretativo aducen que la Ley de Caducidad ya fue puesta a consideración de la población ­el soberano­ en dos oportunidad y, en las dos ocasiones, hubo una misma posición: mantenerla en vigencia.

Michelini agregó que «no sólo por la eventual condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos debemos aprobar estos artículos, sino, básicamente, por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de octubre de 2009, la cual, por la unanimidad de los cinco miembros de la corporación, estableció la inconstitucionalidad de la ley 15.848 (Ley de Caducidad)».

El diputado nuevoespacista sostuvo en la Comisión que con la sentencia del proyecto en debate parlamentario, nada queda saldado. «Este proyecto no salda debates que tiene la sociedad uruguaya. No salda si fue correcto que las fuerzas políticas acordaran en el Club Naval ni si fue correcto que algunas fuerzas políticas participaran en las elecciones internas de 1982. Si nos remontáramos en el tiempo, tampoco salda si fue correcto que el Parlamento votara la ley de justicia militar en 1972 o la ley de estado de guerra interna. Todos esos debates históricos se van a seguir dando y van a ser objeto de polémica, como ocurrió anteriormente en el caso de las guerras civiles».

Michelini aduce que el proyecto que hoy se aprobará apunta a restablecer un elemento central «que es la independencia» del Poder Judicial.

Está convencido de que «si hoy un extranjero nos preguntara si el Poder Judicial es independiente, tendríamos que responder que lo es excepto en el caso de los hechos amparados por la Ley de Caducidad porque el juez, antes de actuar, tiene que preguntarle al Poder Ejecutivo o tiene que promover una acción de inconstitucionalidad. Por lo tanto, en ese caso, no hay independencia del Poder Judicial».

 

Las dos consultas

Blancos y colorados vuelven a coincidir sobre la defensa y la vigencia de la Ley de Caducidad como cuando se aprobó en 1986 o como cuando se puso a consideración de la ciudadanía en el referéndum de 1989 o como cuando se plebiscitó en octubre del año pasado junto con las elecciones nacionales.

Los pronunciamientos ciudadanos de 1989 y de 2009 en el sentido de mantener el imperio de la ley son los argumentos de más peso de la oposición al momento de rechazar el mecanismo por el cual el Parlamento promulgue una ley que interprete su inaplicabilidad.

La diputada Analía Piñeyrúa recordó el lunes en la Comisión que ella votó «verde» en el referéndum del año 1989, que ese recurso «tiene un tratamiento muy especial en nuestra Constitución» y que «hay sólo tres casos en que la Constitución otorga al cuerpo electoral la facultad de ejercer la soberanía de la nación en forma directa y no a través de los poderes representativos, y uno de ellos es cuando se llama a referéndum. Entonces ­agregó­ nosotros no estamos habilitados para modificar la voluntad del cuerpo electoral».

En forma similar se pronunció el diputado colorado Gustavo Cersósimo el mismo lunes en la Comisión.

«El órgano soberano de nuestro país ya se pronunció en dos oportunidades, a través de institutos distintos y, sobre todo, en épocas distintas, mediando una separación de veinte años entre un pronunciamiento y otro; en ambos casos se buscaba lo mismo que hoy y el pueblo decidió no anular lo que ya se había consagrado constitucionalmente», subrayó Cersósimo, y apuntó que «no hay otra ley que tenga una legitimidad y un respaldo del cuerpo electoral tan importante como esta».

Insistió con que «vamos a respetar la decisión del cuerpo electoral y también vamos a reclamar que no se arrase con el ordenamiento jurídico violentando todos estos institutos de garantía democrática a que hemos hecho referencia», dijo en alusión al referéndum y al plebiscito.

 

La historia en la ley

Es casi un hecho que el debate de hoy en la Cámara de Diputados no se ceñirá únicamente al aspecto jurídico y legal del proyecto con el que se busca la inaplicabilidad de la Ley de Caducidad. Tampoco se limitarán a la oportunidad política en sancionar la ley. Habrá una recorrida en la historia pasada y reciente del país. En la Comisión, el pasado lunes, ya hubo una sinopsis de todo esto.

El herrerista Gustavo Borsari sacó de su galera al mismísimo general José Artigas y a una de sus ideas que, dicho sea de paso, corona el recinto donde hoy estarán efusivamente debatiendo.

«Cuando Artigas dice `mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana´, quiere decir que su autoridad, que era mucha y que representaba al pueblo oriental, emanaba de ese mismo pueblo oriental, y que su autoridad cesaba cuando se pronunciaba el pueblo.

Es decir que estas normas que refieren al ejercicio directo de la soberanía por parte del pueblo oriental son muy claras respecto de lo que debemos hacer los legisladores: cuando hay un pronunciamiento popular, este es excluyente. Y a mí me parece que no puede haber dos interpretaciones respecto a esto» manifestó Borsari aludiendo otra vez a las dos consultas populares sobre la Ley de Caducidad.

El frentista José Bayardi anotó la frase en molde de Artigas y le concedió otro sentido a la misma, cosa que motivó interrupciones y molestias en la Comisión.

«Se ha discutido acá sobre la frase ‘mi autoridad emana de vosotros (…)’. En realidad, esto no fue dicho ante el pueblo unido en asamblea; fue dicho ante los representantes del pueblo por quien investía todo el poder de ejecución en ese momento y consolidaba el Poder Ejecutivo», aseguró el diputado Bayardi. «Digo esto porque no es la primera vez que se dice; ya fue mencionado acá y no quisiera darlo por bueno», agregó.

 

Posiciones en la izquierda

En lo previo, la mayoría de los sectores que conforman el Frente Amplio han dicho públicamente o lo han hecho saber a través de terc
eros, qué posición adoptarán al momento de pronunciarse sobre el proyecto de ley interpretativo: priorizarán la disciplina partidaria a sus convicciones políticas que, en algunos casos, son antagónicas.

El grupo Alianza Progresista ha sido, tal vez, el que más claro se ha pronunciado en contra de apoyar la ley interpretativa a tal punto que él anunció no acompañarla con su voto cuando el articulado llegue al Senado. Ayer, en diálogo con AM Libre 1410, el ex vicepresidente Rodolfo Nin Novoa informó que había mantenido un contacto con el ex presidente Tabaré Vázquez al respecto de la instancia parlamentaria. Consultado sobre el contenido de ese encuentro, Novoa sentenció que «el tenor de la conversación corresponde que lo diga el propio Tabaré Vázquez».

En Diputados, Alianza Progresista posee un solo representante. Pablo Pérez, de Maldonado, fue habilitado por su sector a apoyar el proyecto con el fin de darle continuidad a la discusión legislativa del articulado.

El sector liderado por Nin Novoa se reunirá en su Mesa Nacional el próximo sábado, a fin de analizar la posición que adoptará sobre este tema en la Cámara de Senadores.

La Alianza quiso aclarar que «siempre estuvo en franca oposición a la Ley de Caducidad», y manifestó su diferencia con la solución legislativa impulsada por el FA. «Es que ninguno de sus argumentos supera a nuestro juicio las dos expresiones de la soberanía popular que lamentablemente ratificaron la vigencia de la Ley», señala el documento del grupo.

El intendente de Maldonado, Oscar de los Santos, integrante de la Alianza, adelantó cuáles podrían ser las posiciones políticas que su sector adopte a partir del sábado.

Podrían caber tres opciones: una, que se acate lo resuelto por la Mesa Política del FA y se acompañe la iniciativa. Otra, que se impulse un debate en la interna del FA sobre la inconveniencia que tendría para el futuro el mecanismo de consulta popular en caso de ser aprobada esta iniciativa, porque se sospecha que podría pasar que en un futuro gobierno nacional de algún partido hoy en la oposición, un plebiscito o un referéndum podrían ser revertidos por una ley interpretativa.

La tercera opción podría ser analizar en qué situación queda disciplinariamente el legislador que no acompañe el proyecto.

Nin Novoa, que no acompañará la iniciativa, habilitará el ingreso a sala, cuando la ley esté en el
Senado, de su suplente Gustavo Guarino, quien adelantó su voto afirmativo. También lo hará en positivo el senador Ramón Fonticiella, del PDC. El otro legislador que se manifestó contrario a votarlo es Jorge Saravia.

El senador de Asamblea Uruguay Carlos Baráibar dejó traslucir su disconformidad con la iniciativa aunque lo dijo antes que el líder de su sector, el vicepresidente Danilo Astori, se manifestara a favor de la ley interpretativa.

El vicepresidente argumentó que la Ley de Caducidad no debería estar en el ordenamiento jurídico del país porque es inconstitucional. Agregó que el texto propuesto no violenta las dos consultas realizadas a la ciudadanía. «Es un texto que la deja sin efecto y la declara inaplicable en orden a dos tipos de argumentos: la Constitución de la República y los tratados internacionales que ha suscrito el país», comentó.

Agregó que «en el primer referéndum se le preguntó a la ciudadanía si se deseaba derogar la referida Ley y la ciudadanía contestó que no; en el segundo caso se le preguntó si se deseaba anular la Ley y la ciudadanía contestó que no».

«Este texto no es ni una cosa ni la otra, es un texto que deja sin efecto la Ley y la declara inaplicable en orden a dos tipos de argumentos: la Constitución de la República y los tratados internacionales que ha suscripto el país», añadió Astori. Por consiguiente, indicó que votará favorablemente el mencionado proyecto de ley.

En referencia a eventuales discrepancias de legisladores del Frente Amplio con el proyecto, indicó que respetará diferentes posturas en la materia, ya que no es un tema fácil y existen también argumentos respetables contrarios al proyecto de ley.

«Esperemos que con las modificaciones realizadas en diputados se limen algunas de las asperezas que puedan violentar la disposición de algunos legisladores», comentó.