Presidente de Junta Anticorrupción es uno de los 1.664 contratados

La comisión especial estará presidida por el abogado Carlos Piaggio, integrante de la Junta Asesora, y representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, del Tribunal de Cuentas, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina del Servicio Civil y de la organización «más representativa de los funcionarios públicos», según consiga El Observador de ayer.

Piaggio dijo a LA REPUBLICA que la fecha de instalación de la comisión aún no ha sido establecida, porque falta que la Oficina de Servicio Civil y de los funcionarios públicos designen a sus delegados respectivos. «Todos los otros ya han designado abogados», puntualizó.

Será una comisión honoraria que se expedirá a los seis meses de instalada y tendrá como cometido actualizar el ordenamiento legislativo y administrativo en materia de transparencia en la contratación pública.

El nombre de Carlos Balsa D’ Agosto aparece en la lista de los contratados en 1999 (contrato de obra), durante la Presidencia de Julio María Sanguinetti, participando en el programa «Fomento Institucional del Sector Salud». Su trabajo se realizó entre el 2 de mayo de 1999 y el 31 de agosto del mismo año, recibiendo un pago de 135 mil 600 pesos (33.900 pesos mensuales). En ese programa participaron 108 personas.

LA REPUBLICA dialogó ayer con el doctor Balsa, quien confirmó su contrato financiado por el Banco Mundial, al que calificó de «timbre de honor». Explicó que hizo «importantes aportes» en los dos casos, como fue establecer un compromiso de gestión entre hospitales y el director de ASSE, definiendo criterios modernos para mejorar los costos. También, agregó, fue contratado por una consultora extranjera para elaborar un anteproyecto de ley sobre control de calidad.

Balsa dijo no sentirse «incómodo» ni por la aparición de su nombre en la lista ni por haber aceptado ser contratado, «en tanto lo que importa es el producto» que genera el contrato de obra.

¿Concursos?

En declaraciones a radio El Espectador, Balsa desmintió el título de El Observador: «Comisión revisará los contratos públicos».

«Lo que la ley nos comete son (únicamente) medidas, sugerencias, propuestas de modificaciones, sean reglamentarias o legislativas», puntualizó el presidente de la «Junta Anticorrupción».

Sobre la actual normativa para los contratos de arrendamiento de obras y servicios, Balsa comentó a la emisora que hay normativas para los arrendamientos de la función pública «y los que no lo son tienen otra normativa». Asimismo indicó que los arrendamientos de obra de la función pública requieren que tengan un dictamen de la Oficina de Servicio Civil, del Tribunal de Cuentas y que acredite que con el número de funcionarios de su propia unidad ejecutora no está en condiciones de cumplir con la tarea». Pero todos estos contratos –la lista de los 1664– que se difundieron «no son de funcionarios públicos», agregó, porque se hacen en el contexto de proyectos que se ejecutan con financiamiento de organismos internacionales. Las reglamentaciones, para estos casos, «están incluidas en el Tocaf».

Pero ante la interrogante del periodista sobre por qué hay que crear una nueva ley si ya existe una normativa para atender esos casos, Balsa señaló: «Hay situaciones grises en las cuales se puede plantear que es conveniente que previamente se haga de determinada manera».

Sobre la necesidad del concurso como mecanismo de selección de personas para contratar, Balsa fue contundente en desacreditar esa idea: «En función de la calidad técnica del trabajo y de la escasa oferta que la administración pública tiene de altas calidades, si usted en algunos casos realiza solamente concursos públicos de oposición, realmente queda envuelto en procedimientos y no ejecuta nada».