Minerva Food no podrá comprar Marfrig: tendría dominación sobre el mercado de los frigoríficos

La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (CPDC), un organismo autónomo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ha rechazado la solicitud del grupo brasileño Minerva para adquirir tres plantas frigoríficas de Marfrig en Uruguay. Esta información fue confirmada por Telenoche y El Observador.

Las plantas que Minerva pretendía comprar incluyen los frigoríficos ubicados en Colonia, La Caballada e Inaler en San José.

Minerva Foods había anunciado su intención de compra hace varios meses y esperaba la autorización de la CPDC para concretar la concentración económica. Empresas tienen 10 días para presentar descargos.

Las empresas involucradas tienen ahora un plazo de 10 días para presentar sus descargos. El dictamen oficial se dará a conocer el próximo 21 de mayo, según fuentes del sector agroindustrial citadas por El Observador.

Rechazo del sector agroindustrial

Diversas entidades del sector agroindustrial habían expresado su oposición a la operación, argumentando que la concentración de la faena vacuna resultante sería perjudicial. Entre estas entidades se encuentran la Unión de Vendedores de Carne, el movimiento Un Solo Uruguay, el sindicato de trabajadores de la industria frigorífica y la Liga Uruguaya de Defensa del Consumidor.

Además, las principales gremiales agropecuarias, como la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y la Federación Rural (FR), también se mostraron en contra de la operación. Conrado Ferber, presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), manifestó a título personal su desacuerdo con la adquisición de las plantas por parte de Minerva.

Análisis de la CPDC

De haberse concretado la operación, Minerva habría sumado siete plantas y concentrado el 43% de la faena de ganado vacuno en el país. Sin embargo, necesitaba una nueva autorización de la CPDC para proceder.

Uno de los objetivos de la comisión, establecido en la Ley 18.159 de Defensa de la Libre Competencia en el Comercio, es prohibir el abuso de posición dominante y cualquier práctica que restrinja, limite, obstaculice, distorsione o impida la competencia en el mercado relevante.

La ley también aborda la solicitud de autorizaciones de concentraciones económicas, que deben solicitarse cuando la facturación bruta anual en Uruguay del conjunto de los participantes en la operación sea igual o superior a 600 millones de Unidades Indexadas (UI), equivalentes a aproximadamente 87,7 millones de dólares.