Manini Ríos sobre Cardama: “Si hubo corrupción, que los culpables terminen tras las rejas”

Mientras que el Partido Nacional, con el acompañamiento del Partido Colorado, busca apagar el incendio causado por la cuestionada compra de patrulleros oceánicos al astillero Cardama, las aguas se ponen cada vez más oscuras. El gobierno decidió rescindir el contrato ante los varios incumplimientos de la empresa con sede en Vigo, España, que quedaron constatados en un reciente informe lapidario de la analizadora Bureau Veritas.

Entre los hallazgos del informe se puede encontrar, por ejemplo, que Cardama avanzó sin planos definitivos aprobados por la sociedad de clasificación Lloyd’s Register, lo que generó desviaciones, retrabajos y el riesgo de no conformidades estructurales, aumentando costes y plazos.

También dice que los buques OPV no cumplen con el Convenio SOLAS por carecer de mamparos estancos en la popa, lo que afecta peligrosamente la estabilidad en caso de avería y podría impedir la obtención de certificados internacionales.

Respecto al avance, se confirmó un atraso de al menos cinco meses en el primero de los buques, el cual solamente tiene 43% de su acero montado, frente al 70% que debería estar listo para estas alturas. La empresa intentó certificar un hito (punto significativo que marca la finalización de una fase o entregable importante en un proyecto) en diciembre, pero colocaron una quilla invertida y no fue validado.

La inspección también identificó problemas de calidad, como deformaciones en el forro y desviaciones en soldaduras que superan los límites de la normativa IACS, especialmente en bloques de proa. Se critica la falta de controles no destructivos oportunos y la ausencia de trazabilidad completa del acero.

La oposición instalará comisión investigadora: Cabildo Abierto tiene una visión crítica de la compra

El Parlamento va a tener un papel central en todo esto, y no porque alguien lo haya elegido como escenario sino porque, a esta altura, tanto el oficialismo como la oposición están convencidos de que hay que investigar. Claro que cada uno quiere investigar cosas distintas.

Los partidos de oposición quieren poner el foco en la decisión de cancelar el contrato —valuado en poco más de 82 millones de euros— y en lo que eso podría costarle al Estado si los tribunales le dan la razón al astillero. El oficialismo, en cambio, quiere ir más atrás: a cómo se eligió a Cardama en primer lugar, a por qué se le adjudicó un contrato de semejante envergadura a una empresa que, según los informes y auditorías que se hicieron sobre el terreno, no tenía capacidad real para cumplirlo.

Los detalles todavía se están definiendo, pero el camino apunta a la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Representantes. El proceso arranca con una comisión preinvestigadora que deberá determinar si hay méritos suficientes para pasar a la siguiente etapa. La idea venía circulando entre legisladores del Frente Amplio, pero quien tomó la iniciativa formalmente fue el Partido Nacional, que este miércoles pone el tema sobre la mesa en su bancada.

Se eligió Diputados por una razón meramente política

La comisión entra por la Cámara Baja porque es ahí donde la oposición puede juntar la mayoría simple que necesita, y el trabajo para lograrlo ya está en marcha. Según los contactos que vienen tejiendo en las últimas horas —impulsados principalmente por el senador nacionalista Martín Lema, que fue el primero en plantear la idea el viernes pasado, pocas horas después del anuncio de Orsi—, esa mayoría ya existe. Cabildo Abierto y el partido Identidad Soberana confirmaron que están dispuestos a sumarse, pero tienen sus reparos y exigencias. 

El propio Lema se lo confirmó este lunes en una llamada al diputado Álvaro Perrone. Perrone aceptó, pero puso una condición: que la investigación no se quede solo en la cancelación del contrato sino que abarque todo el proceso desde el principio. Lema respondió que no había problema, que esa era su intención y que no había «nada que ocultar».

La postura de Perrone, curiosamente, no está tan lejos de la del gobierno. Él —al igual que Guido Manini Ríos— parte de que «la compra fue claramente mala«. «Rompe los ojos que Cardama no estaba preparado, rompe los ojos el precio acordado por las patrullas y rompe los ojos la necesidad de dar de baja al contrato, porque la garantía de fiel cumplimiento no era un elemento accesorio, como dicen los blancos», señaló el diputado cabildante al diario El País.

“Rivera Elgue cumplió lo que el ministro le encargaba”, dijo Guido Manini Ríos.

“Si hubo corrupción, que los culpables terminen tras las rejas”, indicó el líder de Cabildo Abierto.

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En una entrevista con radio Del Sol este martes, Manini Ríos desligó responsabilidades de uno de sus más cercanos, Rivera Elgue, quien fuera subsecretario de Defensa cuando sucedió la compra.

«De Rivera Helgue tengo un buen concepto y tuvo buena fe en el actuar. Cumplió lo que el ministro le encargó, que es que fuera a Vigo a comprobar la existencia de este astillero. Él estaba en Madrid, e ir hasta Vigo fue un encargo. Después, le encargaron que coordinara los asesoramientos que se recibían», dijo el líder cabildante

Y prosiguió: «pero, yo quiero decir una cosa clara. Porque vi en las últimas horas, sobre todo algunas reacciones, como que yo estoy acusando que hubo corrupción. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que, si hubo corrupción, espero que no, si hubo, que los culpables terminen tras las rejas y no pase lo que viene pasando en cuanto tema de estos negocios ruinosos del Estado».