Bordaberry propone prisión domiciliaria para detenidos de más de 70 años: beneficiaría a represores

El senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, presentó ante la Cámara de Senadores una iniciativa legislativa titulada «reconciliación, verdad y nunca más«. La propuesta central radica en la creación, dentro del ámbito de Presidencia de la República, de una instancia denominada «Comisión Nacional por la Reconciliación y el Nunca Más«. Este organismo tendría como mandato principal recopilar y organizar datos sobre el período comprendido entre 1973 y 1985, además de fomentar espacios de diálogo dirigidos a la reconciliación nacional.

El articulado del proyecto de ley detalla las funciones asignadas a esta comisión. Entre ellas se encuentran colaborar con instituciones públicas y privadas para la búsqueda de información relevante, elaborar recomendaciones para fortalecer la convivencia democrática y contribuir al esclarecimiento del paradero de personas desaparecidas durante la dictadura cívico-militar. La iniciativa también plantea declarar el 30 de noviembre de cada año como el Día Nacional del Nunca Más.

Otro punto destacado en la propuesta del legislador colorado es la reafirmación de la plena vigencia de la Ley N.º 19.822. Simultáneamente, propone la derogación de cualquier disposición legal que se oponga a dicha ley.

Finalmente, el proyecto establece un régimen de prisión domiciliaria para personas condenadas por hechos ocurridos antes del 1 de marzo de 1985 que hayan superado los 75 años de edad al momento de realizar la solicitud.

 

La medida referida a la prisión domiciliaria encuentra un correlato en otra iniciativa presentada en el Parlamento. El diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, ingresó un proyecto de ley en la Cámara de Representantes con un objetivo similar. Su propuesta busca permitir la prisión domiciliaria para personas mayores de 70 años que se encuentren privadas de libertad por hechos acontecidos hace más de tres décadas.

«Una respuesta humanitaria, acorde a las mejores tradiciones de nuestro país», señaló el político en su cuenta de X. La iniciativa del legislador nacionalista retoma una propuesta promovida en el período parlamentario anterior por otros senadores. El texto presentado por Goñi pretende introducir modificaciones en la Ley N.º 19.293, específicamente en la redacción dada por el artículo 174 de la Ley N.º 20.212.

El documento del proyecto, al que tuvo acceso El Observador, explica que la solución legal permitiría otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria a este grupo específico de personas privadas de libertad. Según la exposición de motivos, la aplicación de esta norma posee un fundamento humanitario primario, seguido de una razón de oportunidad. El texto subraya que no pretende reabrir polémicas históricas, sino adherir a un espíritu pacificador.

La sombra de un apellido al frente del golpe de Estado

La presentación de este proyecto por parte del senador Pedro Bordaberry ocurre dentro de un contexto histórico familiar. Juan María Bordaberry, padre del actual legislador, fungió como presidente constitucional de Uruguay entre 1972 y 1976.

Su papel fue determinante en el golpe de Estado del 27 de junio de 1973, evento que marcó el inicio de la dictadura cívico-militar que se extendió hasta 1985.

En la madrugada de aquel día, el entonces presidente Bordaberry promulgó el Decreto N° 464/973. Este instrumento legal disolvió ambas cámaras del Poder Legislativo y creó un Consejo de Estado con funciones legislativas. Asimismo, facultó a las Fuerzas Armadas y Policiales para garantizar los servicios públicos esenciales. El decreto fue firmado por el mandatario junto a sus ministros de Defensa e Interior.

El documento prohibía explícitamente atribuir «propósitos dictatoriales» al Poder Ejecutivo. Horas más tarde, Bordaberry anunció las medidas mediante un comunicado transmitido por cadena nacional de radio y televisión. En su alocución, justificó la disolución del Parlamento alegando una «conspiración contra la Patria» vinculada a grupos políticos y expresó su rechazo a las ideologías marxistas.

Pasar la página no es tan sencillo

El golpe de Estado de 1973 contó con el respaldo explícito de las Fuerzas Armadas, que ejercían presión sobre el gobierno desde meses antes. Analistas e historiadores caracterizan el evento como un «autogolpe» o golpe cívico-militar, donde el presidente constitucional encabezó la disolución del sistema democrático. Las acciones ejecutadas aquel día dieron paso a doce años de régimen autoritario.

Durante ese período se registraron sistemáticas violaciones a los derechos humanos, represión política y censura. En 2010, Juan María Bordaberry fue condenado a 30 años de prisión por el delito de «atentado contra la Constitución» en relación con los hechos de 1973 y crímenes posteriores. Esta sentencia lo convirtió en el primer ex jefe de Estado latinoamericano encarcelado por tales cargos.

La iniciativa legislativa actual de su hijo propone, entre otros puntos, el establecimiento de una comisión para investigar ese mismo período histórico. La propuesta de prisión domiciliaria para mayores de 75 años condenados por delitos de la época se enmarca en un debate recurrente sobre el envejecimiento de la población carcelaria, pero que beneficia, sin embargo, a los represores y violadores de derechos humanos durante el mencionado periodo.