Sin grandes avances, el fiscal Lackner dejó causa del mafioso italiano Rocco Morabito

La fuga del mafioso italiano Rocco Morabito de la Cárcel Central en junio de 2019 causó un escándalo internacional con consecuencias diplomáticas. El ministro del Interior de entonces, Eduardo Bonomi, puso su cargo a disposición, y durante una semana entera no hubo explicaciones públicas sobre lo ocurrido. Meses después se supo que Bonomi había ofrecido su renuncia al presidente Tabaré Vázquez, quien sin embargo, lo ratificó en el cargo.

La fuga de Morabito, conocido como el «cocaine king» de Italia, es considerada una de las más importantes de la historia nacional. Su fuga ha sido un tema recurrente en la política nacional, y suele volver a la agenda a la manera de un boomerang por diferentes razones y en diferentes circunstancias.

Desde entonces, el sistema político ha tratado de superar este escándalo, pero ha sido en vano debido a la gestión cuestionada del ministro Bonomi y la falta de resolución del fiscal que estuvo a cargo de la investigación, Ricardo Lackner. Este último, precisamente, ya no está más en la causa debido a su nuevo cargo al frente de una unidad creada por el Ministerio Público para combatir la ciberdelincuencia.

Sin embargo, pese a los esfuerzos, la investigación sigue siendo “muy extensa” y “muy compleja”, según palabras del propio Lackner. A pesar de dos imputaciones, una por complicidad en el escape del mafioso italiano y otra por irregularidades cometidas durante los traslados del otro recluso pesado que la administración de Bonomi tenía en sus cárceles, el fiscal no logró dar por cerrado su trabajo y las preguntas en torno a esta fuga siguen sin respuesta.

La captura de Morabito en Brasil y su posterior extradición a Italia no ha resuelto las preguntas en torno a esta fuga de uno de los criminales más buscados. La falta de respuestas ha sido un golpe para la confianza en el sistema de justicia y en la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad ciudadana. Además, ha generado preocupación sobre la posibilidad de que existan complicidades y corrupción en el sistema carcelario y en el manejo de prisioneros extranjeros.