políticas de estado y hambre

MIDES cortará ayuda a ollas populares si no brindan datos estadísticos el viernes

El MIDES puso el 30 de setiembre como fecha límite para que la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS) entregue los datos que exige, o dejarán de recibir apoyo desde el Estado. La ONG Uruguay Adelante afirma tener números y estadísticas, y dice que la cantidad de personas en situación de inseguridad alimentaria bajó.

Foto: Coordinadora de Ollas Populares
Foto: Coordinadora de Ollas Populares

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) alertó a las ollas populares que, si el viernes no están facilitando estadísticas de las personas que comen en ellas, se cortará la ayuda financiera que ofrece la cartera.

“Sabemos que no todas las personas que asisten a una olla dependen en un 100% de esta, incluso recorriéndolas y conversando con los usuarios nos han comentado que van para aprovechar esa cena y prefieren utilizar las prestaciones del Mides que tienen para cubrir otras cosas”, dijo la directora departamental para Montevideo, Carolina Murphy.

La jerarca asegura que, comiendo en las ollas, va quedando cada vez más “el núcleo duro y estructural” de la pobreza en las ollas populares, y que se van alejando las personas que cayeron en pobreza durante la pandemia del COVID-19. Sin embargo, la Coordinadora Popular Solidaria, que agrupa a decenas de ollas populares, reclama la ausencia del Estado para frenar el hambre y, según su vocero, Esteban Corrales, el MIDES tira “bombas de humo para tapar el problema, porque a pesar del crecimiento económico, la magnitud del fenómeno sigue siendo importante”. 

Cuestiones sobre Uruguay Adelante

Desde 2021, algunas dudas y señalamientos han surgido alrededor de la ONG Uruguay Adelante, a la cual el MIDES ha entregado más de 65 millones de pesos (más de US$8,1 millones).

Por ejemplo, en ese año se viralizaron fotografías en las cuales se podía ver alimentos como pollos enteros crudos con tejidos podridos y supuraciones, o bolsones de zanahorias que estaban pasadas de maduración y no aptas para el consumo humano. Así lo denunció en redes sociales Brigitte Fernández, de la olla popular y merendero Piedras Blancas.

Más recientemente, el 21 de setiembre de este año, la Intendencia de Canelones abrió una investigación administrativa luego de que el director de la Contraloría de la comuna, Luis Garrido, viera que en Cuchilla Alta un camión municipal cargara alimentos para llevarlos hasta la colonia de vacaciones de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA), ubicada en el balneario.

De acuerdo a publicaciones de El País, existe una comisión investigadora de la Junta Departamental sobre la gestión del alcalde de La Floresta, Néstor Erramouspe, y la bancada del Partido Nacional, Nirsa Álvarez, se encarga del traslado de alimentos para la organización Uruguay Adelante hacia ollas populares de la zona a la colonia de vacaciones de la UNTMRA.

Aunque el MIDES reclama las estadísticas a las ollas populares, Uruguay Adelante sí dice tener los ansiados datos: el 16 de setiembre, Santiago Pérez, integrante de esta organización no gubernamental, dijo que “los números son clarísimos” y que la cantidad de personas que asisten a ellas “bajó de 100.000 a 60.000”. 

Pero Pérez también ve intenciones políticas en la posición de la CPS, movimiento que reclama la ausencia de políticas de Estado para atacar el hambre. “La Coordinadora Popular y Solidaria tiene un enfoque netamente político y hace política con las ollas (…) Yo era parte de la coordinadora de Villa Española y cuando propuse conseguir los datos fue cuando me echaron”.

De acuerdo a la CPS, hay 268 ollas o merenderos actualmente activos. Ya que el contrato con Uruguay Adelante terminaba el pasado 15 de setiembre, el MIDES empezó a pedir datos para evaluar cuánto se debería extender el plazo de dicho contrato y cuántos fondos seguir transfiriendo. “Acá lo que hay es una falsa plémica, los datos el ministerio ya los tiene”, dice Esteban Corrales, y entiende que es “inaceptable que el MIDES espere de una organización de vecinos que haya datos que deben tener ellos mismos”. 

Y agregó: “Aceptar que en este país, que exporta alimentos a todo el mundo, hay decenas de miles de personas yendo a comer en ollas populares, y que sirven más de 1,2 millones de porciones por mes, interpela a todas las autoridades sobre la manera en que se hacen las cosas”. 

“Las organizaciones sociales que están trabajando en territorio están solas, absolutamente solas”, declaró a M24 otro integrante de la CPS, Pedro Rodríguez, quien denunció que “no puede ser que el Ministerio de Desarrollo Social solamente esté haciendo esto a través de transferencias, no existe ni una sola política social con respecto a esto. En territorio no hay nadie del Ministerio de Desarrollo”.

El MIDES puso el 30 de setiembre como fecha límite para que la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS) entregue los datos que exigen, o dejarán de recibir apoyo desde el Estado. 

“Cuando no estén los datos, se interrumpe el apoyo, porque nosotros lo que administramos no es nuestra plata, es la plata de la gente, y tenemos que tener certeza de que esos recursos van efectivamente a lugares que requieran ese apoyo”, declaró el ministro Martín Lema.

 

Lo que quiere saber el MIDES

La cartera ministerial quiere un listado individualizado de las ollas que hay en Montevideo y toda el área metropolitana, separando en cuáles son ollas y cuáles merenderos. Además, urge saber la ubicación exacta de cada una y los días en que operan.

El ministerio de Lema pide un listado con la cantidad de personas que recurren, pero sin datos privados de las mismas.

Busca saber también la cantidad de porciones que se sirven en cada una de las ollas; este número en particular no se relaciona con la cantidad de las personas, ya que algunas jefas o jefes de hogar lleva varias porciones para todos los integrantes de la familia.

 

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