SECTORES PRIVILEGIADOS

FA: La lupa y la tijera al gasto público no parecen valer cuando se trata de gobernantes

El Frente Amplio manifestó que “la lupa y la tijera que se aplican sobre el gasto público que permitiría mejorar las condiciones de vida de las mayorías, no parecen valer cuando se trata de sectores privilegiados y de los propios gobernantes”.

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La Mesa Política Nacional del Frente Amplio recibió este viernes a los diputados Carlos Varela (coordinador de bancada) y Gonzalo Civila, quienes informaron sobre la interpelación a la ministra de Economía Finanzas, Azucena Arbeleche, por el otorgamiento de beneficios fiscales a una empresa del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie.

Tras el encuentro, el FA emitió una declaración en la cual manifiesta que siendo que la política económica y fiscal del Gobierno tienen como sus principales responsables a la ministra de Economía al director de Planeamiento, resulta “un claro apartamiento de los mínimos de ética pública exigibles a ambos jerarcas que Arbeleche haya otorgado un beneficio fiscal a Alfie exponiendo a funcionarios subalternos, en un acto de Gobierno que sólo se conoció por ser publicado por un medio de prensa”.

Grave

El órgano de conducción política de la izquierda manifestó que “el hecho se torna más grave en el actual contexto de profunda crisis y de políticas de ajuste que ejecuta el Gobierno, con Arbeleche y Alfie como principales impulsores y voceros”.

Dicha política se caracteriza por el “incremento de impuestos y tarifas, la rebaja de salarios y pasividades, el drástico recorte del gasto y la inversión pública, y el mayor enriquecimiento de los denominados ‘malla oro’, lo que ha tenido como consecuencia un notorio aumento de la desigualdad, el desempleo y la pobreza”.

“La lupa y la tijera que se aplican sobre el gasto público que permitiría mejorar las condiciones de vida de las mayorías, no parecen valer cuando se trata de sectores privilegiados y de los propios gobernantes”, denunció el FA.

Se faltó a la verdad

Por otro lado, la coalición opositora manifiesta que del desarrollo de la interpelación surgió con claridad que la ministra Arbeleche “no respondió la mayoría de las preguntas que le realizó Civila (miembro interpelante) no haciéndose cargo de su responsabilidad política al no usar la facultad que surge de su competencia, de no otorgar beneficios fiscales a un alto jerarca del Gobierno en razón de las implicancias que surgen de esa decisión”.

“Se faltó a la verdad cuando se dijo que Alfie había solicitado el beneficio previo a conocer que ocuparía un alto cargo en este Gobierno. La solicitud del beneficio fiscal se realizó el 13 de diciembre de 2019, Alfie se reunió diez días antes con Luis Lacalle Pou, en aquel momento presidente electo, y declaró que se le había ofrecido integrar el equipo de Gobierno”, remarcó el FA.

Asimismo, la izquierda cuestionó que “no se aclaró en ningún momento, durante el transcurso del debate, si el presidente de la República estaba o no en conocimiento de la gestión de Alfie, o de la decisión de la ministra Arbeleche y por qué razón, recién una vez que la noticia se hizo pública, entendió ‘inconveniente’ el otorgamiento del beneficio”.

Por tal motivo, la Mesa Política del FA expresó que “resulta preocupante que las actuaciones se hayan mantenido y se mantengan en secreto”.

Tal preocupación se agrava cuando en el curso del debate, un parlamentario del Partido Nacional, (Álvaro Viviano) “manejó información reservada y contenida en expedientes que no podrían ser de su acceso”.

El FA manifiesta que de la defensa que ha realizado el Gobierno de todas estas actuaciones “se desprende una priorización de lo privado respecto de lo público y, por ende, una concepción laxa de la ética pública que resulta peligrosa para el país”.

Por todo ello, la Mesa Política Nacional del Frente Amplio expresa su reconocimiento a la decisión y actuación de su bancada parlamentaria, que ha exigido “transparencia sobre una inaceptable resolución del Gobierno, y que ha defendido la ética de servicio en el ejercicio de la función pública”.

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