Pazos representa a Antonio Vidal y Florindo González a través de distintas sociedades anónimas

"Mafia gallega" de la pesca ilegal de merluza negra compone grupo económico en Uruguay

Los dos grupos económicos españoles denunciados a nivel internacional como un «mafia gallega» para la pesca ilegal de la merluza negra, se encuentran asentados en Uruguay a través de distintas sociedades anónimas, empresas pesqueras y barcos autorizados a operar por el gobierno nacional.

En octubre de 2003 la organización Colto (Asociación de Pescadores Legales de Merluza Negra) difundió un comunicado titulado «El nuevo rostro de la pesca de merluza negra IUU» (Illegal, unregulated and unreportered) en el que señala a Uruguay como una de las sedes operativas de ambos grupos.

La denuncia señala a Antonio Vidal y su hijo Toño, de Ribeira, la Coruña, como control de un grupo de compañías españolas y uruguayas (Navalmar SA, Illiad SRL, Lingont SA, Plestin SA, Kessel SA y Fadilur SA) y a Florindo González Corral y Florindo González Otero, de Orense, operadores de Pesca Cisne SA y Arcosmar SA, registradas en España y Chile.

Una investigación de LA REPUBLICA permite confirmar la presencia de ambas organizaciones gallegas las cuales operan en Uruguay a través de distintas empresas que podrían componer verdaderos grupos económicos y serían sospechosas de distintas modalidades de evasión tributaria.

La indagación deja entrever la eventual existencia de triangulaciones empresariales y la compra de sociedades anónimas «fantasmas» a estudios jurídicos que ya han sido denunciados en Argentina por el «Informe Carrió» como posibles implicados en operaciones de lavado de dinero.

 

Armadores Vidal SA, Luis Pazos y el «Viarsa I»

En agosto de 2003, cuando la patrullera australiana Southern Supporter se lanzó en una persecución de 21 días detrás del pesquero «Viarsa I», la realidad del sector pesquero uruguayo comenzó a asomar, para evidenciar la existencia de una conexión uruguayo-gallega en la pesca de merluza negra.

El «Viarsa I» era un pesquero de la empresa Navalmar SA, una firma que ya había tenido un incidente internacional con otros dos barcos, el «Dorita» y el «Arvisa I», denunciados por haber fingido ser otras naves (Nova Tuna Nº 1 y Kambott) para eludir una detención en zona no autorizada.

Navalmar SA, representado en Uruguay por el ingeniero Luis Pazos, operaba para la empresa española «Armadores Vidal Sociedad Anónima» (Arvisa) que en un juego de palabras también determinaba el nombre del «Viarsa I», el barco que finalmente fue detenido por navíos de Sudáfrica, Gran Bretaña y Australia.

El ingeniero Luis Pazos, egresado de la Escuela Naval, ya había estado asociado a los Vidal en la firma Cupesca SA, que habría dejado un importante endeudamiento en el Banco República. Posteriormente se vinculó a Imperagro y a Clain SA, hasta llegar a Naifen SA protagonista del Caso Cangrejo Rojo.

La empresa Navalmar SA se instaló en Uruguay bajo la presidencia del propio Manuel Antonio Vidal Prego, quien fijó como domicilio local la dirección de la calle Paraguay 1674, oficina 108. Vidal Prego, nacido el 5 de febrero de 1973, es el hijo de Antonio Vidal, capo de la organización pesquera en España.

Antonio Vidal, también es dueño de «Vidal Armadores SA» y Viarsa Shipping, con empresa que se diversifican en Viarsa Catera SA y Viarsa Fishing Co.,con sede en Mauricio, que integra un grupo de empresas de origen panameño: Pac Fish y Ocean King, con sede en Seattle, Estados Unidos, que realizan las importaciones y Thalasa SA, Mauricio.

 

Los socios de Navalmar y las empresas fantasma

Curiosamente en un Documento Unico Aduanero (DUA) adjunto a la denuncia contra Navalmar SA por desfraudación a la Aduana (ver edición del viernes 4 de abril) existen dos hojas membretadas diferentes: en una, Navalmar aparece en su conocida dirección comercial de Plaza Cagancha 1335, oficina 217, pero en la otra, figura la calle Misiones 1589, apartamento 003.

La oficina 03 del edificio de Misiones 1589 también es la dirección de Deep Blue Marines Agents, que preside el empresario Guillermo Bartesaghi y, en el mismo lugar funciona también la firma Triomar SA, cuyo directorio integran el propio Bartesaghi junto a las señoras Marta Otero y Judith Viera.

Triomar SA es una reciente agencia marítima que según los registros de la Administración Nacional de Puertos (ANP) presta servicios a 23 barcos de bandera extranjera (1 chino, 3 japoneses, 13 coreanos, 1 noruego, 4 rusos, 1 taiwanes) y de cinco uruguayos (entre ellos el «Atlantic 52″ y el propio «Dorita»)

Marta Otero Bergonzoni de Dovat y Judith Viera son dos conocidas firmas en los directorios de empresas fantasmas creadas por el Estudio Contable y Jurídico Vignoli, Laffitte y Lublinerman, según reconocieron durante el juicio que en Buenos Aires se realizó por la quiebra de Sevel Argentina SA, donde ellas aparecían vinculadas a la empresa Lawton International Corporation.

Otero y Viera también eran miembros del directorio de la firma Camerin SA implicada en el manejo de residuos hospitalarios por el que el diputado Raúl Fernando Sendico interperló el 25 de julio de 2001 al entonces Ministro de Vivienda, Ordenamiento, Territorial y Medio Ambiente, Carlos Cat.

Ambas también figuraron en la investigación por lavado de narcodólares realizada por una comisión del Senado norteamericano que confirmó los ilícitos del banquero Carlos Moneta y sus conexiones con Nicolas Di Tullio en Uruguay. Otero y Viera eran directivas en Tamilur SA, Sasur SA, Idafal SA, y la Financiera Estarey, todas firmas comprometidas en el lavado.

 

Los Florindo González, Alcimar SA y el «Maya V»

Aunque las denuncias internacionales de la organización Colto colocan a Manuel Antonio Vidal Prego y a los Florindo González como miembros de dos grupos gallegos distintos, en Uruguay ambas organizaciones habrían llegado a coincidir en un mismo representante: Luis Pazos.

Florindo González Corral aparece como contacto en España de la empresa Bacamar SA y Florindo González Otero como representante de Pesqueras Piñeiro. Las dos empresas tienen el mismo domicilio de San Francisco 47, primer piso en la ciudad de Vigo, España, y comparten el fax 986 438397.

González Corral era propietario de la empresa panameña Kampopesca SA, que al igual de las firmas Pesca Cisne SA y Arcosmar SA, fueron denunciadas por pesca ilegal de merluza negra con los barcos Lince (luego llamado Cisne Rojo) y Cisne Azul (también llamado Viking)

La empresa Alcimar SA, que las autoridades uruguayas han señalado como propietaria del pesquero uruguayo «Maya V» (también capturado por Australia), tiene como presidente a Florindo González -nacido el 4 de marzo de 1961- y como vice a José Manuel Salgueiro López -nacido el 31 de octubre de 1948.

Florindo González también sería el titular de la firma Lavitec SA propietaria del pesquero «Piscis», del cual aparece como apoderado el pescador Francisco Quico González. El «Piscis» también apareció en la lista de barcos «piratas» de bandera uruguaya, pero aparecía asociado a la empresa Navalmar SA.

 

Navalmar SA y Alcimar SA, las firmas de Pazos

Curiosamente la dirección de Alcimar SA en Montevideo es Paraguay 1674, oficina 108: el mismo domicilio que había fijado Manuel Antonio Vidal Pego como titular de Navalmar SA. Una coincidencia que explicaría por qué un falso rol de tripulantes del Maya V que recibiera la Prefectura Nacional Naval, provenía de la casilla de correo de Luis Pazos (lap54@netagate.com.uy).

El «rol de pesca» enviado desde el e-mail de Pazos señalaba que a bordo del Maya V había sólo 27 tripulantes de los cuales 13 eran de nacionalidad uruguaya y de ese modo se cumplía con el artículo 27 de la Ley 13.833. Sin embargo, luego se confirmó que barco tenía 41 marinos y sólo 13 uruguayos.

La confusión también ganó a la cancillería uruguaya que en un primero comunicado de prensa sostuvo que el Maya V era propiedad de la empresa Navalmar SA y sólo veinticuatro horas después se desdijo y desvinculó a la firma representada por Pazos, para decir que el representante era Alcimar Sa.

Cuando se produjo la detención del «Maya V», el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no pudo ubicar a los dueños de Alcimar SA y en su lugar apareció el representante de Nobleplan SA, el empresario José Marcicano Yannaco, quien desde 1990 ha sido el contador del propio Luis Pazos.

José Marcicano Yannaco es otro operador que según la página web de la ANP, tiene 17 barcos pesqueros: cinco de ellos de bandera uruguaya y once extranjeros, entre los cuales se destacan los buques «Eclipse XI» y «Mar de Escocia» suspendidos por Uruguay los cuales hoy figuran con bandera de Togo. Los datos recabados en la indagación de LA REPUBLICA permiten señalar que los grupos económicos Vidal y González, tienen como contacto en Uruguay al ingeniero Luis Pazos, y que Navalmar SA, Deep Blue y Triomar SA, como Alcimar SA y Nobleplan SA, además de los barcos Piscis (Lavitec SA), Carran y Ave Phoenix (ambos de Fadilur SA), son un mismo grupo económico. *

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