Montevideo, cuando se aprobó la Ley de Educación General o Ley Sanguinetti

5 de enero de 1973

El Poder Legislativo acaba de aprobar hoy la Ley Nº 14.101, llamada de Educación General, merced a los votos del oficialismo colorado y de los «blancos baratos», según la expresión de Wilson Ferreira Aldunate. El proyecto de ley había sido remitido a consideración de las Cámaras bajo el rótulo de «ley de urgente consideración».

Por esta ley se suprime de un plumazo la autonomía de los consejos de educación primaria, secundaria y técnica, que quedarán sujetos a la tutela de un Consejo Nacional de Educación (Conae) cuyos miembros han de ser designados por el Poder Ejecutivo. Al mismo tiempo, se establece la obligatoriedad del voto secreto para la elección de las autoridades universitarias. Por el artículo 31 de la norma aprobada, se crea un nuevo delito –castigado con tres meses de prisión a cuatro años de penitenciaría– en el que pueden incurrir los padres «omisos en el cumplimiento de sus deberes de asistencia inherentes a la patria potestad poniendo en peligro la salud intelectual o moral del hijo menor»; en los artículos siguientes, queda establecido que si los padres no hacen desistir a sus hijos de las actividades que el Conae considera ilícitas, se les podrá suspender el cobro de la asignación familiar y otros beneficios sociales. Ha dicho el jurista Carlos Martínez Moreno: «todo esto es bárbaro, atentatorio y salvaje».

Desde que el ministro de Educación, doctor Julio María Sanguinetti, envió su proyecto al Parlamento y se conoció su contenido, arreciaron las críticas más acerbas contra lo que muchos consideran un engendro antidemocrático que tiende a liquidar la autonomía de la enseñanza pública, una vieja aspiración de las clases conservadoras. Como pocas veces, un proyecto de ley concitó tan unánime rechazo: desde el pasado mes de octubre todas las ramas de la educación –con el apoyo expreso de la CNT– se movilizaron combativamente con huelgas y manifestaciones para tratar de evitar lo que finalmente ocurrió hoy.

El presidente del Senado –y vicepresidente de la República– Jorge Sapelli tuvo que ordenar, en varias oportunidades, el desalojo de las barras del Palacio de las Leyes; maestros, profesores y estudiantes en huelga se concentraron casi a diario en los alrededores del Palacio como forma de expresar su disconformidad con el proyecto a estudio, y fueron duramente reprimidos.

El profesor Mario Cayota, de la Gremial de Profesores de Montevideo, comentó a nuestro corresponsal: «Es claro que se trata de establecer un régimen de terror. Directores e inspectores ejercerán sus cargos en una situación de permanente precariedad dado que pueden ser removidos sin expresión de causa».

El diputado del Frente Amplio Hugo Batalla fue terminante: «Esta ley ataca directamente a la enseñanza, no despolitiza ni pacifica nada sino que introduce un nuevo brote de violencia; es una concepción reaccionaria de la educación».

Luego del acuerdo para aprobar la ley, resta que los partidos se pongan de acuerdo para ocupar los cargos de confianza en los nuevos organismos. *