Airbnb en Uruguay amenazada por proyecto de ley que busca poner regulaciones hoteleras a pequeños alojamientos

Desde el inicio de este año, el gobierno uruguayo ha estado debatiendo un proyecto de ley destinado a regular el alquiler temporario con fines turísticos en el país. Aunque la iniciativa busca establecer un marco normativo, ha generado controversias significativas, especialmente entre los propietarios que ofrecen sus propiedades a través de plataformas digitales como Airbnb.

El proyecto define el alquiler temporario como la cesión de inmuebles distintos a los hoteles para estancias temporales con fines turísticos, excluyendo las viviendas principales, es decir, aquellas que son la residencia habitual de los propietarios. Además, propone que los propietarios se inscriban en el Registro Nacional de Inmuebles para Alquiler Temporario, bajo la supervisión del Ministerio de Turismo.

Esta ley está respaldad por un gran lobby de las grandes cadenas hoteleras, que ven en Airbnb una supuesta competencia «desleal» y a la cual quieren frenar imponiendo una serie de costosas y complejas regulaciones a los anfitriones de Airbnb.

Algunos de estos anfitriones, por ejemplo, alquilan cuartos dentro de su vivienda, o pequeños alojamientos para estadías cortas, y representan ingresos adicionales a salarios o jubilaciones. 

Esta ley podría impactar negativamente a los anfitriones de Airbnb

Los anfitriones de viviendas reconocen la necesidad de regular el alquiler a través de plataformas digitales, considerándolo beneficioso para el desarrollo del turismo interno y externo. Sin embargo, señalan discrepancias entre la realidad de los propietarios y el contenido del proyecto de ley. Argumentan que, tal como está redactado, presenta un enfoque potencialmente perjudicial para el desarrollo del turismo, percibiéndose más como un intento de recaudar fondos a expensas de quienes emprenden en el sector.

Uno de los puntos críticos es la comparación entre anfitriones y grandes empresas del sector. Los opositores al proyecto argumentan que la mayoría de los anfitriones son trabajadores de clase media, mujeres emprendedoras o jubilados que han invertido sus ahorros de toda la vida en una propiedad adicional. Esta diversidad de perfiles contrasta con la homogeneidad de las grandes corporaciones, y según los críticos, el proyecto no tiene en cuenta estas diferencias.

“Los anfitriones no tienen empleados, no ofrecen servicios como desayunos, almuerzo y cenas, restaurante, organización de eventos; ya que no tienen la infraestructura para hacerlo. Simplemente ponen su casa o habitaciones a alquilar”, explican anfitriones agrupados.

De hecho, remarcan que la actividad de los anfitriones es positiva para el desarrollo del turismo, pero muchas veces se trata de un complemento a sus ingresos y no un negocio altamente lucrativo e industrializado, como sí lo es un hotel. Por lo tanto, “la regulación propuesta no se ajusta a su realidad y podría perjudicar a quienes emprenden en este sector”.

“No tiene sentido poner las mismas cargas burocráticas que puede llegar a tener un operador inmobiliario o un hotel, con la de una persona que alquila su casa o habitación como forma de complementar los ingresos para afrontar los gastos cotidianos o para pagar la contribución inmobiliaria”, indican.

Asimismo, comparan su actividad con la de otros que ofrecen sus viviendas en alquiler por otros canales. “¿Cuál sería la diferencia entre una persona que tiene propiedades y las pone en alquiler para obtener una renta usando el Gallito (libro de clasificados) o un cartel ‘dueño alquila’ y la actividad de los anfitriones que ponen su vivienda a través de las plataformas?”, cuestionan.

Airbnb, Expedia, Despegar y otras empresas contra el proyecto de ley

La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) ha expresado su preocupación y críticas con respecto al proyecto de ley que busca regular las actividades de alojamiento turístico en viviendas particulares en el país. Esta agrupación, que representa a reconocidas plataformas digitales internacionales como Airbnb, Amazon, Mercado Libre, X, Despegar, Expedia, entre otras, considera que algunas disposiciones del proyecto podrían tener consecuencias negativas para el desarrollo de este sector emergente.

En términos generales, el proyecto propone la obligatoriedad de registrarse como inmobiliaria turística para aquellos propietarios que tengan más de dos propiedades en alquiler, además de considerar a los dueños de estas viviendas como prestadores de servicios turísticos. También contempla la creación de un registro nacional de alquiler de viviendas particulares y la imposición de responsabilidades a los propietarios, equiparándolas a las normativas hoteleras.

Si bien existe un consenso general en la necesidad de regular ciertos aspectos de la actividad turística en viviendas particulares, la discrepancia surge en cuanto a la forma de hacerlo sin desincentivar el crecimiento de este modelo de alquiler temporario.

Raúl Echeberría, director ejecutivo de ALAI, ha defendido vehementemente a las plataformas digitales de alquiler de viviendas, destacando que las regulaciones deben ser diseñadas de manera que actúen como catalizadoras para estos negocios, en lugar de imponer restricciones innecesarias.

La asociación ha presentado críticas concretas al proyecto de ley, argumentando que algunas de las regulaciones propuestas son excesivas y podrían limitar el desarrollo del sector. Asimismo, ALAI se opone a la idea de equiparar las responsabilidades de los anfitriones a las de la hotelería, subrayando las diferencias fundamentales en los servicios ofrecidos.

Un punto particular de discordia es la obligación de que los propietarios soliciten el cambio de uso de la vivienda de residencial a turística. ALAI sostiene que este proceso, que implicaría trámites con los gobiernos departamentales, podría desincentivar la actividad y reducir la disponibilidad de alojamientos. Echeberría enfatiza la reticencia de las personas a realizar trámites sin comprender completamente las implicaciones tributarias y otras posibles restricciones.