Ancap, Ambiente y Cancillería cruzan responsabilidades por buque noruego que exploró petróleo sin permiso en Uruguay

La llegada al puerto de Montevideo del buque SW Empress, de bandera noruega, provocó discrepancias internas entre las entidades estatales con competencia en actividades de exploración marina. La nave realizó tareas de prospección sísmica en aguas uruguayas sin contar con la autorización correspondiente.

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, solicitó información formal a tres instituciones: el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ancap y la Prefectura de la Armada. El objetivo es determinar si los trabajos se efectuaron dentro o fuera de la zona de jurisdicción nacional. Ortuño declaró a El Observador que inicialmente se les informó que las operaciones tendrían lugar fuera de la jurisdicción, pero que ahora pidieron nueva evidencia, ya que si “fue dentro y operó sin autorización” lo “sancionarán”.

Las actividades de prospección sísmica en Uruguay están reguladas. Solo se permiten en bloques adjudicados por Ancap, y las empresas deben tramitar autorizaciones ante la cartera de Ambiente, detallando planes de gestión y contingencias. El SW Empress fue contratado por la empresa Searcher y adquirió cuatro líneas regionales de sísmica 2D.

Desacuerdos en el directorio de Ancap

La difusión de la situación generó roces en la interna de Ancap. Según fuentes de la empresa estatal, durante la reunión del directorio del jueves hubo una discusión entre los directores y la gerencia general. Los directores solicitaron aclarar el rol de la petrolera estatal en el caso, al no haber recibido información previa. Por su parte, la gerencia defendió la postura de que Uruguay no tiene jurisdicción –aún– por fuera de las 200 millas, por lo que no es necesario que las empresas pidan autorización.

Esa tesis, coincidente con la argumentación de Searcher, aparece en un libro publicado por Ancap en 2024 titulado Territorio marítimo uruguayo: soberanía, naturaleza y recursos. Un capítulo denominado Nuestra última frontera: la determinación del límite exterior de la plataforma continental uruguaya señala que “aún restan pequeñas acciones técnicas y legales” para extender el límite de la plataforma continental uruguaya.

Los autores, mayoritariamente funcionarios de Ancap junto a un geólogo, el diplomático Carlos Mata y un integrante del Sohma de la Armada, indican que se requiere la “aprobación de una ley” que ratifique la decisión de Naciones Unidas de 2016 de extender el territorio uruguayo desde las 200 hasta las 350 millas. “Una vez aprobada la ley por el Parlamento y promulgada por el Poder Ejecutivo, esta debe ser depositada en las Naciones Unidas”.

La gerencia general, a cargo de Nicolás Spinelli, utilizó estos argumentos. Sin embargo, desde el directorio se transmitió su discrepancia. Según la información recabada, las diferencias fueron tales que uno de los directores abandonó la sesión. Un factor que incrementó las tensiones fue que Ancap publicó el 6 de abril una nota en su sitio web donde expresaba que el SW Empress iba a hacer sísmica en “aguas internacionales”. Los directores no estaban enterados, y poco después la publicación fue borrada, aunque se pudo acceder a una captura del texto que estuvo disponible en internet.

Posturas encontradas con Cancillería

El tema también se trató en la Torre Ejecutiva el jueves, donde se transmitió el malestar por lo ocurrido. Pese al breve tiempo que estuvo activa, la publicación de Ancap sorprendió al Ministerio de Relaciones Exteriores, que pidió explicaciones debido a que la interpretación legal de la petrolera difiere de la que maneja el Palacio Santos. En los últimos días hubo varias reuniones que expusieron diferencias entre ambos organismos.

La vicecanciller Valeria Csukasi señaló a El Observador que “al igual que Ambiente”, la Cancillería “tomó conocimiento de esta situación hace pocos días y estamos trabajando con todos los involucrados para aclararla”. Desde 2016, Relaciones Exteriores entiende que la decisión de Naciones Unidas otorga la “certeza sobre la extensión geográfica de los derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo de la plataforma continental nacional hasta las 350 millas marinas”.

Para sostener su postura, los diplomáticos del Palacio Santos citan el artículo 18 de la ley 17.033 de 1998 –sobre los recursos naturales como bienes del Estado– que encomendó al Sohma de la Armada realizar la “traza del límite exterior de la plataforma continental, sujeto a la aprobación del Ministerio de Relaciones Exteriores”. Esta condición se habría cumplido en setiembre de 2024 cuando Omar Paganini presentó la nueva lámina de Uruguay marítimo, elaborada por el Sohma, que llega hasta las 350 millas náuticas. Para evitar nuevos “malentendidos”, la semana próxima habrá una reunión convocada por Relaciones Exteriores con todas las partes involucradas.