Doce cajas con actas secretas de la dictadura aparecieron en el Parlamento uruguayo

El miércoles 25 de febrero de 2026, las autoridades de las dos cámaras del Parlamento uruguayo convocaron a una conferencia de prensa en el edificio Anexo del Palacio Legislativo de Montevideo para comunicar un hallazgo de alcance histórico: doce cajas con documentación reservada del Consejo de Estado, organismo que ejerció funciones legislativas durante la última dictadura cívico-militar (1973–1985). Los materiales incluyen actas de sesiones secretas, registros de destituciones y designaciones de civiles y militares, y un número indeterminado de sobres lacrados que permanecen sin abrir desde su confección, hace más de cuatro décadas.

La presidenta del Senado y vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, y el presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Valdomir, fueron los encargados de comunicar el descubrimiento. Valdomir indicó que los documentos fueron localizados la semana anterior —el 19 de febrero— dentro del propio recinto legislativo y que de inmediato se dispuso su custodia, preservación y posterior digitalización. Las cajas contienen registros producidos por el mismo aparato del Estado entre 1974 y 1984, período central del terrorismo de Estado en el país.

«Valoramos este hallazgo como un hecho de relevancia, esperando que signifique un aporte sustantivo a la búsqueda de la verdad y la justicia respecto de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el período del terrorismo de Estado en Uruguay», afirmó Valdomir ante la prensa.

Sobres lacrados: contenido desconocido desde hace más de 40 años

El elemento que distingue este hallazgo de otros similares es la existencia de sobres con sello de lacre intacto, nunca manipulados desde su origen. Lo que contienen se desconoce por completo. Pueden incluir listas de personas, comunicaciones con organismos del exterior, órdenes internas o cualquier tipo de información que la cúpula del régimen decidió clasificar en su momento. El Parlamento no precisó cuántos sobres de ese tipo forman parte del conjunto ni a qué años o sesiones corresponden.

El material digitalizado y analizable hasta ahora incluye, según confirmaron las autoridades, documentación vinculada a los detenidos desaparecidos durante el régimen y registros relacionados con el asesinato de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, ocurrido en Buenos Aires en mayo de 1976. Ambos habían sido forzados al exilio tras el golpe del 27 de junio de 1973 y fueron víctimas de la coordinación represiva regional conocida como Plan Cóndor.

Cosse remarcó que el hallazgo representa «un primer aporte en el camino hacia la verdad y la justicia, en los 50 años de la gran pérdida de los compañeros, asesinados, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruíz». La funcionaria no entró en detalles sobre el proceso de apertura de los sobres lacrados ni estableció plazos para ese procedimiento específico.

El Consejo de Estado: el Parlamento paralelo de la dictadura

El Consejo de Estado fue creado por el decreto N° 464/973 del 27 de junio de 1973, firmado por el entonces presidente Juan María Bordaberry en el mismo día del golpe de Estado. Su función fue sustituir al Parlamento democráticamente electo, disuelto por las Fuerzas Armadas. El primer Consejo de Estado no se constituyó sino hasta el 19 de diciembre de ese mismo año, casi seis meses después de su creación formal. A lo largo de su existencia, un total de 113 personas pasaron por ese organismo, en su mayoría civiles.

El cuerpo operó durante toda la dictadura y fue disuelto de facto el 15 de febrero de 1985, cuando los legisladores elegidos en los comicios de noviembre de 1984 asumieron sus funciones como resultado del Pacto del Club Naval. En 1981, bajo la presidencia de facto del general Gregorio Álvarez, el organismo fue ampliado de 25 a 35 miembros. Las actas de sus sesiones —incluidas las que ahora aparecen clasificadas— constituyen el registro formal de las decisiones de ese aparato sustituto del poder legislativo.

La documentación hallada en las 12 cajas es, entonces, producción propia del régimen. No se trata de registros capturados ni de archivos de inteligencia redactados en clave: son actas institucionales del organismo que tomaba decisiones en nombre del Estado durante el período de la represión.

El caso Michelini-Gutiérrez Ruiz: antecedentes judiciales activos

Los nombres de Zelmar Michelini —senador del Frente Amplio— y Héctor Gutiérrez Ruiz —diputado del Partido Nacional— aparecen en la documentación hallada. Ambos fueron secuestrados y asesinados en Buenos Aires. Sus cuerpos, junto con los de William Whitelaw y Rosario Barredo, fueron encontrados el 21 de mayo de 1976 en el interior de un automóvil en la esquina de las avenidas Richieri y Perito Moreno.

El 25 de noviembre de 1975, la Embajada uruguaya en Buenos Aires había comunicado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina la cancelación de los pasaportes de Michelini y Gutiérrez Ruiz, entre otros. Esa decisión fue identificada posteriormente por la Justicia como parte de los mecanismos de coordinación transnacional del Plan Cóndor para impedir la salida del país de opositores exiliados.

En noviembre de 2006, el ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco y el ex presidente Juan María Bordaberry fueron procesados como coautores de los homicidios. En 2011, ambos fueron condenados a 30 años de penitenciaría. No obstante, la causa continúa activa: en septiembre de 2025, el militar retirado Ricardo Arab —último imputado con vida por ese cuádruple homicidio— falleció, y la Justicia resolvió continuar de todas formas con la investigación.

Qué sigue: digitalización y acceso público

Tanto Valdomir como Cosse confirmaron que la totalidad del material será digitalizado en los próximos meses y luego puesto a disposición de la ciudadanía. Las autoridades indicaron que ya se tomaron medidas de preservación sobre los documentos para evitar su deterioro. No se precisó si la apertura de los sobres lacrados requerirá intervención judicial o si se realizará de manera administrativa.

Uruguay cuenta desde hace años con legislación específica que regula el acceso a documentación del pasado reciente. Una ley aprobada por el Parlamento creó en el Archivo General de la Nación una sección dedicada a reunir todos los registros estatales relacionados con las violaciones de derechos humanos del período 1973–1985. Esa normativa establece el acceso libre a los documentos, con reserva únicamente sobre datos vinculados a la vida privada de particulares o información de carácter sensible.

El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, se había referido tiempo atrás a los casos Michelini y Gutiérrez Ruiz calificándolos como «el mayor magnicidio de la historia de nuestro país» y señalando que «nos encontramos ante crímenes de lesa humanidad» que obligan al Estado a continuar investigando. La aparición de documentación interna del Consejo de Estado vinculada a esos casos puede representar un insumo directo para esas investigaciones en curso.