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Amnistía Internacional alerta por retrocesos en la libertad de prensa en Uruguay

La solicitud de Amnistía Internacional al Gobierno uruguayo incluye la garantía de la libertad de prensa sin restricciones, el respeto al ejercicio periodístico y la implementación de procedimientos eficientes para el acceso a la información pública, abogando por la proactividad en la divulgación de información de interés público.

Foto con fines ilustrativos: Pixabay
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En la antesala del informe anual de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional subraya la responsabilidad del Gobierno uruguayo en garantizar la libertad de prensa sin restricciones y el respeto al ejercicio periodístico. Durante la sesión previa al Examen Periódico Universal en Ginebra, Suiza, la representación de Amnistía Internacional expresó sus inquietudes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, centrándose especialmente en dos aspectos cruciales: las condiciones carcelarias y las restricciones a la libertad de expresión.

Lucía Pérez Chabaneau, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Uruguay, destacó la aceptación por parte del país de recomendaciones anteriores, pero alertó sobre el agravamiento estructural en el sistema penitenciario. Pérez subrayó que la densidad de hacinamiento en las cárceles uruguayas ha alcanzado un preocupante 120%, deteriorándose desde el último examen.

La reducción del hacinamiento carcelario y la garantía de oportunidades para rehabilitación e integración son aspectos críticos, según las recomendaciones de organizaciones nacionales e internacionales, y se encuentran entre las preocupaciones abordadas por Amnistía Internacional.

Pérez también expresó la preocupación de la organización por las limitaciones al derecho de acceso a la información pública, señalando su impacto en la transparencia estatal. Urge atender esta cuestión, especialmente después de que Uruguay descendiera 26 puestos en el Ranking de Reporteros sin Fronteras, aspecto resaltado en el informe.

La directora ejecutiva recordó la inquietud manifestada por el Comité de la ONU en julio de 2022 respecto al aumento de persecuciones y amenazas a periodistas en Uruguay. El clima de amenazas, especialmente por parte de las autoridades, destaca la necesidad de recomendaciones internacionales para abordar este desafío.

Resulta «preocupante» para Amnistía Internacional que, a 15 años de la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, persistan incumplimientos en los plazos de respuesta y respuestas incompletas o, incluso, silencios por parte de los sujetos obligados. Durante la pandemia, se identificaron obstáculos para acceder a información sobre la gestión y calidad del agua potable, subrayando la importancia de un acceso efectivo y oportuno a la información pública.

La solicitud de Amnistía Internacional al Gobierno uruguayo incluye la garantía de la libertad de prensa sin restricciones, el respeto al ejercicio periodístico y la implementación de procedimientos eficientes para el acceso a la información pública, abogando por la proactividad en la divulgación de información de interés público. En este contexto, el informe oficial de la ONU a partir del 1º de mayo se presenta como una oportunidad clave para abordar estos desafíos y fortalecer los compromisos en materia de derechos humanos y libertad de prensa en Uruguay.

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