Uruguay tiene la mayor cantidad de encarcelamientos per cápita en la región, y en condiciones inhumanas

Las condiciones de reclusión a las que se ven sometidos los presos en Uruguay durante el último año son, en términos simples, inhumanas, de acuerdo a Amnistía Internacional (AI). La situación se ha visto agravada por el severo hacinamiento que padece el sistema penitenciario del país, donde el número de internos ha superado el 120% de la capacidad prevista.

Las estadísticas del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario son alarmantes: la población carcelaria no ha dejado de crecer, llegando a alcanzar las 14.497 personas al cierre del último año. La cifra de fallecidos bajo custodia asciende a 42 personas, lo que evidencia el gravísimo problema que afronta el sistema penitenciario uruguayo.

Uruguay cuenta con la mayor tasa de encarcelamiento per cápita de América del Sur, con una tasa de 411 presos por cada 100.000 habitantes. En este contexto, las condiciones de insalubridad y el hacinamiento han resultado en la muerte de 13 presos por causas no violentas durante el último año. Asimismo, el número de mujeres privadas de libertad ha seguido creciendo, llegando a las 1.034 reclusas.

Retroceso a la libertad de expresión en Uruguay

El respeto a la libertad de expresión en Uruguay ha experimentado un alarmante descenso, según el más reciente informe de Reporteros sin Fronteras. En el ranking de 2022, el país sudamericano pasó del puesto 18 al 44 en la lista mundial que evalúa la situación de la prensa y la libertad de información.

El informe señala que, durante 2021, se registraron 51 casos de amenazas a periodistas, mientras que al menos dos medios de comunicación y sus trabajadores enfrentaron acciones judiciales por el contenido de sus investigaciones. Asimismo, se reportó que personas que ocupan cargos públicos, ministros y senadores, continuaron utilizando un lenguaje estigmatizante hacia los periodistas y los medios de comunicación.

En julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por el incremento de los procesamientos penales, las amenazas y las restricciones a la libertad de expresión en Uruguay. Mientras tanto, en septiembre, el Sindicato Único de Policías de Uruguay pidió una investigación urgente del Ministerio del Interior, debido a la intervención de los teléfonos móviles de muchos agentes policiales.

Coartando la libertad de la prensa uruguaya

En diciembre, los periodistas del diario El Observador tuvieron que recurrir a canales ajenos a su institución para difundir información de gran interés público relacionada con el posible uso irresponsable y peligroso del sistema de seguridad del Estado para fines de vigilancia ilegal y espionaje. Esta situación afectó su derecho a la libertad de prensa.

Además, la Administración Nacional de Educación Pública prohibió la manifestación estudiantil en los centros de enseñanza secundaria de Montevideo, lo que generó la amenaza de desalojo por parte de la policía.

Por otro lado, varias organizaciones no gubernamentales denunciaron que, a pesar de las solicitudes realizadas, varias peticiones de información pública no obtuvieron respuesta o la información recibida fue insatisfactoria. Asimismo, el Parlamento uruguayo examinó durante todo el año un proyecto de ley para modificar la Ley 18.381 sobre el acceso a la información pública, que de aprobarse, dificultaría aún más la transparencia.

En septiembre, Alejandro Astesiano, el jefe de seguridad del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue acusado de falsificar documentos. Durante su comparecencia en el juzgado, el juez prohibió la entrada de la prensa y declaró la vista a puerta cerrada, lo que violó las disposiciones del Código del Proceso Penal sobre audiencias públicas.