El gobierno aprobó el proyecto Arazatí, que privatiza el manejo del agua potable

El gobierno de Luis Lacalle Pou anunció que se ha aprobado el proyecto Arazatí, que entrega a manos privadas la planta potabilizadora de agua de OSE y hará un llamado a licitación.

Durante el anuncio realizado en Torre Ejecutiva, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Ambiente, Adrián Peña; el presidente de OSE, Raúl Montero; y la vicepresidenta del organismo, Susana Montaner. También estuvieron presentes el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado; el prosecretario, Rodrigo Ferrés; el subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, y demás autoridades del Ministerio de Ambiente y OSE.

Para el ministro de Ambiente, se trata de un negocio, cuyo modelo está pensado para que la empresa ganadora de la licitación diseñe, financie, construya y mantenga la infraestructura, pero que queda al servicio de OSE. “Hasta tanto no esté construida la infraestructura y al servicio de la empresa pública nacional, para que ella se encargue de la potabilización, el Estado no pagará nada. La gente no pagará nada. Ese es el modelo que acabamos de aprobar”, aseveró el jerarca.

En 2021, la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) había rechazado la realización del proyecto por entender que hay una “privatización” encubierta.

“Las obras son necesarias, pero deben ser como se venían haciendo hasta ahora: los privados hacen la obra porque OSE y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no tienen la capacidad de hacer obras de esta magnitud y le entregan a OSE la obra para que esta opere, gestione, haga el mantenimiento y la logística, sin aumentar las tarifas. Pero este consorcio se propone construir, gestionar y operar, entonces nos cuestionamos el contrato y el tipo de financiamiento y el eventual canon que pueda requerir la empresa a OSE para asegurar los márgenes de ganancia. ¿Cuál es el beneficio, si es que los privados hacen dinero?”, había dicho en ese año el secretario general de la gremial, Nicolás Ferreira.

¿Mercancía o derecho humano?

Es precisamente ese el punto de la discordia: que el gobierno entrega el manejo del agua a una empresa privada, convirtiendo este bien esencial y escaso en un producto comercial y pasa de largo ignorando la idea del líquido vital como derecho humano.

Y es que en 2010, la Resolución 64/292 de la Organización de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.

Sofia Mansilla, edila de San José por el Frente Amplio, también había comentado que el proyecto Neptuno, que se planteaba en la zona de Arazatí-Cufre, afectaría una zona de gran belleza natural y riqueza ambiental, que debería considerarse área protegida. Y remarcó: “Hay que dejar claro que aquí también se está lesionando la Constitución, ya que el artículo 47 establece que la gestión del recurso agua está a cargo de los usuarios y la sociedad civil, en forma de participación efectiva y real (Plebiscito 2004). En este caso no solo se intenta que el proyecto se gestione por manos privadas, sino que se está violando por partida doble al artículo 47, dada la confidencialidad y el secretismo con que se ha manejado todo”.

“Decimos que el usuario va a pagar estos costos ya que el agua del Río de la Plata es de difícil potabilización, dadas sus características de salinidad, contenido de nutrientes y materia orgánica. Debemos recordar que es frecuente en la zona la aparición de cyanobacterias, lo que dificulta todavía más su potabilización, había agregado la edila. “Los costos operativos de un proyecto de estas características, reiteramos, sin dudas van a ser muy altos. No creemos que estos costos sean asumidos por el ente público y mucho menos por la empresa privada”.